Pegar a un niño hasta el punto de dejarle alguna marca es considerado a partir de ahora un delito en Inglaterra y Gales, según una controvertida ley que autoriza, no obstante, las cachetadas moderadas. Así, los padres no podrán hacer uso de la fuerza para castigar a sus hijos si esta es tan violenta que deja señales en el cuerpo, pero podrán asestar alguna que otra bofetada, siempre y cuando no cause “moretones, enrojecimiento o daño mental”.
A pesar de nacer con el objetivo de proteger a los niños de los malos tratos en el hogar, la ley ha suscitado fuertes críticas entre la sociedad británica al entender que, de esta forma, “se confunde” a los padres y se expone a los hijos a “un mayor riesgo de abusos”, en palabras de la organización de protección para la infancia NSPCC. Unos 50 niños mueren cada año en el Reino Unido a manos de sus progenitores, lo que supone una víctima a la semana.
La normativa, aprobada por el Parlamento el pasado noviembre, prevé castigar con penas de hasta cinco años de prisión a los padres que den una paliza a sus hijos, pero a la vez les da autonomía para decidir sobre la conveniencia de un “leve” bofetón. Para los detractores de la ley, que entró en vigor en Inglaterra y Gales mientras que en Escocia ya existe una normativa parecida, se debería haber prohibido todos los niveles de violencia contra los más pequeños. “Definir las formas aceptables para pegar a un niño es algo que debería pertenecer al pasado”, ha asegurado la responsable de la NSPCC, Mary Marsh.
Las críticas de los médicos
El hecho de que sólo sean delito las agresiones físicas que dejen señales conlleva el “riesgo de que los padres peguen a sus hijos allí donde las lesiones son menos visibles, como la cabeza, algo que puede crear daños mayores”, añade esta experta. Durante su votación en la cámara de los Comunes, varios diputados laboristas se rebelaron contra la ley, propuesta por el Gobierno, al exigir que esta estableciera una prohibición total de la violencia. La enmienda presentada por esos parlamentarios en nombre de los “derechos fundamentales de los niños” fue rechazada, y en su lugar se aceptó otra del Partido Liberal Demócrata, en la oposición, por la que se autorizan las bofetadas con la condición de que no dejen secuelas físicas ni psíquicas.
Por su parte, el primer ministro, Tony Blair, defendió en ese momento la normativa, al considerarla fruto del “sentido común”, porque representa un equilibrio entre la protección de la infancia y la autonomía de los padres. Los médicos también han manifestado su oposición al rehusar convertirse en los responsables de decidir si un progenitor debe ir a la cárcel por pegar a su hijo. “La ley es demasiado ambigua”, afirma la profesora Sarah Stewart-Brown, quien considera que “los médicos no pueden determinar qué constituye un bofetón demasiado fuerte”. La entrada en vigor de la normativa coincide con la condena esta semana a un matrimonio que envenenó con sal al niño de tres años que planeaba adoptar, en un caso que ha causado estupor en el país.
Y por casa ¿cómo andamos?
En Uruguay la ley es más clara. El artículo 12 del código de la niñez prohíbe expresamente a padres, responsables y toda persona encargada del cuidado, tratamiento, educación o vigilancia de niños y adolescentes, utilizar el castigo físico o cualquier tipo de trato humillante como forma de corrección o disciplina de niños, niñas y adolescentes.
Para que quede más claro, el mismo artículo también dice que compete al Instituto del Niño y Adolescente, en coordinación con las demás instituciones del Estado y la sociedad civil el ejecutar programas de sensibilización y educación dirigidos a padres, responsables, así como a toda persona encargada del cuidado, tratamiento, educación o vigilancia de las personas menores de edad y promover también formas de disciplina positivas, participativas y no violentas, que sean alternativas al castigo físico y otras formas de trato humillantes.
No hay lugar para interpretaciones “grises”, ni golpes “que no dejen señales”.
