En nuestro país existe una larga trayectoria de plebiscitos y referéndums, algunos más importantes o recordados que otros, o con más o menos publicidad, interés o preocupación entre los ciudadanos. Este que se convoca para el domingo 27 de marzo, en el que está en juego la derogación o no de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), forma parte de esas varias convocatorias a las que han sido llamado los uruguayos.
Es más de un siglo en que se apela a estos recursos, desde el anuncio de plebiscito de 1917 para reformar la Constitución, pasando por el plebiscito de Cerro Chato de 1927 que, además de decidir si este pueblo deseaba pertenecer al departamento de Durazno o no, significó la primera vez que la mujer votaba en Uruguay.
Más tarde, se sucedieron plebiscitos constitucionales y reformas, entre ellas la que determinó que el Poder Ejecutivo estuviera conformado por un colegiado (1952) y la que terminó con esa práctica (1966), y que selló que el Ejecutivo volviera a ser liderado por un presidente. La carta magna resultante fue la Constitución de 1967.
Una Constitución que pretendió ser modificada 13 años más tarde, a través de un plebiscito convocado en 1980 durante la dictadura cívico-militar y que buscaba, justamente, legitimar el gobierno de facto. La propuesta fue rechazada por la población por casi un 57% de los votos válidos lo que terminó de desencadenar el proceso de apertura democrática. El objetivo del plebiscito se centraba en generar un régimen tutelado y controlado por los mandos militares. A su vez, se preveía que las fuerzas armadas asumieran la competencia directa en materia de seguridad nacional.
Respecto a la soberanía y los partidos, se eliminaba el doble voto simultáneo y se imponía la presentación de candidatos presidenciales únicos dentro de los lemas, se alternaba la representación proporcional dándole mayoría absoluta al partido ganador y se restringía el funcionamiento de los partidos. Además, se condicionaba el derecho a huelga.
También, el texto de reforma aseguraba que, en caso de aprobarse el plebiscito, este no tendría ningún efecto durante un año y medio, es decir, hasta bien entrado 1982. De cualquier modo, la ciudadanía le dio la espalda al régimen cívico-militar –algo inesperado para sus mandos–, y comenzaba a mostrarle la puerta de salida.
Tras el regreso a la democracia, se registró una serie de consultas populares muy recordadas hasta ahora, por su significancia y por lo que movió a la opinión pública. Como el referéndum para derogar la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (conocida como ley de caducidad) de abril de 1989 (ese mismo año, en noviembre, se aprobó en plebiscito la reforma jubilatoria). La ley de caducidad, cuya ratificación implicó que los militares y policías autores de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985) no pudieran ser juzgados, tuvo por característica –como ocurre en estos momentos con la LUC– que la ciudadanía identificaba una posición u otra por el color de la papeleta.
El “voto verde” fue derrotado por el “voto amarillo” (que se oponía a revocar la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado) por un margen de 57% contra 43%. De cualquier modo, pasados los años –y luego incluso de que asegurara que esa ley no resultaba contraria a la Constitución, y que otro plebiscito (2009) la ratificara–, la Suprema Corte de Justicia la declaró inconstitucional ese mismo año, habilitando el juzgamiento de los implicados.
El referéndum de 1992 para derogar la Ley de Empresas Públicas contó también con una gran movida nacional e intenso debate; esta legislación había sido impulsada por el gobierno de Luis Alberto Lacalle, con la idea de suprimir monopolios y que organismos estatales pudieran asociarse con privados. La consulta –promovida por la oposición– logró derogarla parcialmente, aunque el Ejecutivo logró aprobar algunas medidas de liberalización de la economía.
A fines del siglo pasado y principios de este, hubo de todo: desde un plebiscito constitucional (1996, aprobado), pasando por uno para impedir que directores y entes autónomos realicen actividad política (1999, no aprobado), hasta el de 2003, que buscaba derogar la Ley de Desmonopolización del Monopolio de Importación y Refinería de Petróleo (aprobado).
Más acá en el tiempo, hubo un plebiscito por el agua, por el voto de uruguayos en el exterior, para bajar la edad de imputabilidad, para reformar la seguridad ciudadana; hasta que llega esta instancia en la que se ponen en juego 135 artículos comprendidos en la LUC. A votar, otra vez.
