Hace algunos días el juez Alejandro Recarey dictó una sentencia de primera instancia suspendiendo la vacunación anticovid para menores de 13 años. De acuerdo con lo informado por el diario “El País”, “Recarey es el titular del juzgado letrado Civil de 9º Turno pero en este caso, debido a la licencia de Carlos Aguirre, ofició como juez de lo Contencioso Administrativo de 4º Turno” y en esa calidad dictó el fallo que ha despertado una intensa polémica en diversos ámbitos del quehacer nacional. La suspensión estará vigente hasta que “se publique o publiquen íntegros (…) todos los contratos de compra de estas vacunas” y los documentos que “detallen la composición de las sustancias a inocular”, así como los contratos entre el Estado Uruguayo y la empresa farmacéutica Pfizer. Esta decisión fue adoptada por Recarey en el marco de un recurso de amparo para suspender la inoculación de dicha vacuna a niños, la cual está prevista en nuestro país a partir de los 5 años de edad, aunque de forma voluntaria.
La decisión del juez Recarey ha despertado comentarios en contra de los diversos referentes científicos de nuestro país. A modo de ejemplo, el catedrático de Infectología Julio Medina expresó en su cuenta de Twitter que “la resolución de no permitir la vacunación voluntaria en los menores de 13 años, no es una determinación libre de riesgos. Más bien es una decisión que debilita el escudo de protección de la salud, exponiendo a potenciales riesgos a las personas en esta franja etaria. La comunidad científica ha trabajado de manera extraordinaria para dar este aval a las decisiones de políticas públicas así también llevar certeza y tranquilidad a la población. Defendamos el programa de vacunación” exhortó el renombrado académico.
Diversos actores políticos expresaron asimismo su opinión contraria a la sentencia. El secretario de Presidencia Alvaro Delgado, por ejemplo, sostuvo que la sentencia es un “disparate desde el punto de vista jurídico” que pone en peligro la salud de los menores. Fernando Pereira (presidente del Frente Amplio) también expresó su descontento a través de las redes, indicado que “(El) fallo judicial debe respetarse y acatarse, pero consideramos al igual que nuestro gobierno un profundo error, sobre todo considerando que la vacunación no es obligatoria”, anunciando además que llamó al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, para comunicarle su decisión. Por su parte, el senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) Alejandro Sánchez expresó que “Uruguay es un país que ha tenido una larga trayectoria y mucha confianza en la salud pública. Porque el tema de la vacunación –en este caso sobre el COVID o cualquier otra enfermedad– es materia de salud pública y desde mi punto de vista la salud pública está protegida por la Constitución de la República. Naturalmente, los ciudadanos se pueden oponer a vacunarse, pero no se puede impedir que una política de salud pública se pueda llevar adelante por parte del Estado”. El senador frenteamplista Sebastián Sabini también criticó la resolución de Recarey y lo hizo en los siguientes términos: “Insólita, injustificada y sin un solo fundamento serio la decisión de un juez que imposibilita continuar con la vacunación para niños, niñas y adolescentes. Esperemos que se revierta pronto para evitar males mayores. En otro contexto sería criminal”. Un dato no menor es que, de acuerdo con lo expresado por varios medios de prensa, Recarey ha apoyado los movimientos antivacunas por lo cual su participación como juez en este caso estaría viciada por falta de objetividad ya que debe expedirse sobre algo sobre lo cual ya tiene una posición tomada. En este sentido Recarey se encuentra en compañía de figuras tan folclóricas (pero por no ello menos siniestras) como el abogado Salles Lorier o el diputado Vega y sus “imantados”, dos abanderados de la teoría de la conspiración global y de un discurso paranoico y ridículo que ha causado mucho daño en Uruguay y en el mundo.
Como suele suceder en estos casos, hay quienes sostienen que no se puede opinar sobre las sentencias de los jueces y que los políticos o la prensa son los menos indicados para hacerlo. El fallo de Recarey no ha sido la excepción y de acuerdo con el diario “El País” una jueza, de extensa trayectoria, “señaló que la opinión generalizada de los jueces es que los políticos (del Legislativo y del Ejecutivo) y la prensa tergiversaron el fallo y violaron la independencia del Poder Judicial con los mensajes que transmiten a la opinión pública sobre el caso”. Resulta curioso que los jueces (a quienes nadie votó para ejercer dichos cargos) ataquen a legisladores y gobernantes que han sido electos en elecciones libres, democráticas y por sobre todo transparentes, una condición de la cual ha carecido en muchas ocasiones el Poder Judicial y al respecto existen ejemplos en nuestro propio departamento. Lo que intentan esos comentarios es evitar que los representantes del Poder Legislativo puedan expresar su opinión y ejercer su derecho de contralor sobre los restantes poderes del Estado (Poder Ejecutivo y Poder Judicial), una facultad que forma parte indivisible de la separación de poderes y de la propia democracia. Desde tiempos inmemoriales los jueces se han sentido por encima de todos los mortales y como consecuencia de ello no admiten ningún tipo de crítica a sus sentencias o a su actuación en general, lo cual resulta paradójico porque como funcionarios públicos que son, sus sueldos y beneficios son solventados con los impuestos que pagan los ciudadanos de a pie. Lo que parece molestarle a los jueces es nada más y nada menos que uno de los pilares de la democracia: que todos somos iguales ante la ley, aún ellos; por eso mismo tendrían que prestar más atención a la imagen de la Justicia, esa mujer con ojos vendados que imparte justicia sin fijarse en quienes son los que se presentan ante ella. Lo cierto es que el fallo de Recarey (que será apelado por el Ministerio de Salud Pública) suspenderá por al menos un mes la vacunación de los menores de 13 años, pero si el Tribunal de Apelaciones que resuelva el caso comparte el criterio que determinó la presentación del recurso de amparo, esos menores quedarán sin posibilidad de ser vacunados. Resulta paradójico que el Poder Judicial le impida a los ciudadanos vacunarse y con ello no les permita cumplir con el artículo 44 de la Constitución según el cual todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad.
Así las cosas, estamos en manos de un juez que cree tener los conocimientos científicos necesarios para suspender vacunaciones. Para Recarey los abogados se transformaron en virólogos, conformándose de esa manera un verdadero “cambalache” al cual nada tiene que envidiarle el genial Antonio Carlos Discépolo. Tal como mencionaba Leandro Grille en el semanario “Caras y Caretas” en relación con la sentencia de Recarey: ¿Es que acaso ahora un juez puede suspender por amparo las quimioterapias porque no sabe lo que es el fluorouracilo o suspender el uso de amoxidal porque no entiende qué es ni cómo funciona un antibiótico betalactámico; o sacar de circulación el ibuprofeno porque no sabe qué carajo es la enzima ciclooxigenasa y qué tiene que ver la inhibición de las síntesis de prostaglandinas en el tratamiento de la inflamación o el dolor?”
Este antecedente debería ser una mancha en la carrera del juez negacionista, que de imparcial no tiene nada y por lo tanto debería tener serias consecuencias. Puso la salud de los uruguayos está en juego por un capricho esquizofrénico, es más que suficiente motivo para que nunca más ejerza como juez. Cuando menos Recarey debería darse un baño de humildad y recordar que, de acuerdo con la mitología griega, los dioses viven en el Olimpo, no en los juzgados.
