(El observador)
El juez subrogante de lo Contencioso Administrativo Alejandro Recarey intimó a Presidencia, el Ministerio de Salud Pública, Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y a Pfizer a que presenten toda la información sobre las vacunas anti COVID-19 en un plazo de 48 horas, informó MVD Noticias. La intimación parte de un proceso de amparo iniciado para suspender la aplicación de estas vacunas en niños.
El miércoles se celebrará una audiencia a la hora 9 donde representantes de todos los organismos y la empresa deberán comparecer. En la intimación, el magistrado expone a lo largo de 15 puntos la información que deberán traer. Pide que presenten el contrato de compra de las vacunas, manifiesten si tienen cláusulas de indemnidad civil o impunidad penal de los proveedores ante eventuales efectos adversos, se brinde “amplio detalle” de la composición bioquímica de las vacunas, que expliquen cómo fue la distribución de los lotes y sus criterios, que especifiquen cuáles son de ARN mensajero y qué significado tiene.
También solicita que se informe sobre la posible “presencia de óxido de grafeno” o “elementos nanotecnológicos”. En otro orden, exige que se certifique y fundamente si las vacunas son “experimentales o no”, así como también se presente “lo que científicamente se sabe –y no se sabe– sobre la efectividad de las rotuladas como vacunas”.
Además, se solicita que entreguen las cifras oficiales que “demuestren la incidencia negativa o positiva de la llamada vacunación en la cantidad de contagios y de muertes con diagnóstico de COVID desde el inicio de la campaña hasta la fecha” y que se manifieste si se han hecho estudios “tendientes a explicar el notorio aumento de fallecimientos por COVID-19 a partir de marzo de 2021 en relación al año anterior”.
Por último, pide que se detalle el promedio de edad global de los fallecidos en Uruguay con diagnóstico de COVID-19 y cuántos de esos fallecimientos fueron exclusivamente causados por la enfermedad. El excandidato a la presidencia y exponente antivacunas de COVID-19, Gustavo Salle Lorier, festejó la intimación de Recarey. “Fallo histórico en Uruguay, un verdadero ‘Maracanazo judicial’; juez ordena al gobierno mostrar contrato de las vacunas y múltiples medidas investigativas, como por ejemplo, declaración de autoridades de Pfizer”, twitteó.
FORMALIZACIÓN DE CENDOYA
(EL PAIS)
Cuarenta y ocho horas después de que figuras del Partido Nacional declararan en Fiscalía por una denuncia del Frente Amplio sobre eventuales abusos de funciones en el Puerto, el Tribunal de Apelaciones ratificó siete procesamientos por ese mismo delito en el caso Ursec. El fallo cuestiona la gestión del exdirector del frente en la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec), Nicolás Cendoya (Frente Amplio), y de personal de su entorno.
La sentencia del tribunal ratifica las formalizaciones de las investigaciones por los mismos delitos para el expresidente de la Ursec, Gabriel Lombide, el exsecretario general del organismo, Óscar Mecol, y para la secretaria de Cendoya, María Luján Varela, quien enfrenta acusaciones de la Fiscalía por dos ílicitos de abusos de funciones.
El hecho que da inicio al expediente penal ocurrió el 1° de junio de 2020, cuando un exsecretario de Cendoya, Gustavo Sorrentino, ingresó al organismo pese a que había renunciado un mes antes y se encontraba cumpliendo funciones en el Poder Judicial.
Las cámaras de vigilancia filmaron a Sorrentino saliendo de la Secretaria General de la Ursec con una carpeta verde y luego se dirigió a una máquina trituradora y comenzó a destruir documentos. Semanas más tarde, al ser consultado por el fiscal del caso, Diego Pérez, Sorrentino declaró que solo había destruido documentos personales, sin importancia. Tras tomar conocimiento de ese ingreso irregular a oficinas de la Ursec, la presidente del organismo, Mercedes Aramendía (Partido Nacional), planteó a otros integrantes del Directorio el inicio de una investigación administrativa. Cendoya se opuso a la medida.
La acusación fiscal incluye supuestas irregularidades de Cendoya en las inspecciones a radios comunitarias y en adjudicaciones de contratos de ondas y de negocios de televisión para abonados. El caso de Palmitas es el más emblemático, pues era una radio que no estaba habilitada para funcionar. Sin embargo, el exjerarca entregó los equipos para que pudiera hacerlo, y encima lo hizo en plena veda electoral, siendo que no se pueden hacer adjudicaciones en los años en los que se desarrollan elecciones. Ante estos hechos reseñados por la Fiscalía en el Juzgado Penal el 8 y 9 de marzo de este año, el juez Fernando Islas formalizó la investigación contra Cendoya por tres delitos de abusos de funciones en reiteración real, al igual que con otros involucrados en el caso.
En una sentencia redactada el 30 de junio pasado por el ministro Pedro Salazar, el Tribunal de Apelaciones por unanimidad confirmó las formalizaciones de todos los imputados –entre ellos Cendoya– tras considerar que “no eran de recibo” las quejas de las defensas.
DIPUTADO DENUNCIÓ A EDIL
(FRENTE AMPLIO MALDONADO)
El diputado del Frente Amplio por el departamento de Maldonado, Eduardo Antonini, denunció ante Fiscalía a Matías Silvera Ortiz, edil nacionalista del departamento de Treinta y Tres por haberlo “abordado” y “amenazado”, indicó el Frente Amplio en un comunicado.
El cruce fue en el marco de la Mesa Permanente del Congreso de ediles, donde Silvera presentándose como “hijastro” del exministro de Turismo y diputado por el departamento de Maldonado por el Partido Colorado, Germán Cardoso, le manifestó a Antonini: “Lo que hizo lo va a pagar, no va a ser hoy ni mañana”, según la misiva. Asimismo, agregó: “Quienes le van a cobrar no perdonan”.
Por su parte, Antonini puso en conocimiento el hecho al edil Damián Tort, presidente de la Junta Departamental de Maldonado, al presidente de la Cámara de Representantes Ope Pasquet y al ministro del Interior, Luis Alberto Heber. En tanto, la bancada de diputados del Frente Amplio “repudió el hecho”, así como también “toda manifestación que atente contra la convivencia democrática, contra el libre ejercicio de las funciones de un representante nacional”.
CERTIFICACIONES MÉDICAS
(SUBRAYADO)
El gobierno planteó en el proyecto de Rendición de Cuentas realizar cambios en las certificaciones médicas. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, dijo a Subrayado que lo que se busca es generar una relación de mayor equidad entre los trabajadores privados y los funcionarios públicos. Actualmente, los funcionarios públicos cuando se certifican por razones médicas no tienen ningún descuento y “eso hace una diferencia significativa con el sector privado”, explicó el ministro.
En el caso de los trabajadores del sector privado, los tres primeros días que se encuentran certificados no cobran, luego entran al Seguro por Enfermedad y cobran 70% de su salario. “Se incorpora un régimen que sigue siendo mejor que los privados, el subsidio equivale a 75%”, y se espera que empiece a funcionar en enero del próximo año. Con respecto al número de certificaciones, Mieres dijo que “hay un número importante” en el sector público.
Además aclaró que los funcionarios van a tener cinco días en el año para cubrir los días que se certifiquen. Este número se incrementará año a año. El presidente de la Confederación de Trabajadores del Estado (COFE), Martín Pereira, señaló que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto manifiesta un afán recaudatorio en la decisión de que los funcionarios públicos no cobren los primeros tres días en caso de certificación médica.
La confederación sindical planteó que las faltas en organizaciones públicas está 2% por encima del sector privado.
