En el marco de la presente discusión parlamentaria del proyecto de Ley de Rendición de Cuentas, como es habitual, estamos presenciando algunos intercambios de opiniones, incluso entre los socios de la coalición de gobierno, respecto a la mejor forma de distribuir los recursos que el Estado tiene a disposición, con la consigna de no caer –como ha ocurrido anteriormente– en la trampa de tener que recurrir a endeudar al país para atender todo lo que hay que atender. Y parte de esta discusión ha tenido como protagonista al Ministerio de Ambiente, una cartera que se creó en este gobierno y que –como era esperable viendo cómo se está moviendo el mundo– ha tenido un rol preponderante en el lapso que lleva en funcionamiento.
Días atrás se conoció una declaración de un movimiento ambientalista que ponía en tela de juicio la capacidad del ministerio en cuestión de atender todas sus responsabilidades con los recursos que se le asignaron, citando que además existían algunos compromisos con organismos crediticios extranjeros y temas propios de la organización de la cartera que podrían poner en riesgo la capacidad de hacer frente a aquello que el Ministerio tiene que hacer en su rol de policía ambiental y otros compromisos asumidos, como la creación de algunas áreas protegidas que fueron anunciadas por el ministro Adrián Peña. Una de ellas, como es sabido, en Paysandú: Desembocadura e Islas del Queguay.
Esta semana Peña aludió al tema, no en entrevista con EL TELEGRAFO, pese a que se solicitó con insistencia, sino en un programa radial de Montevideo, Doble Click, de la emisora Del Sol FM. Allí el secretario de Estado señaló que se han contemplado en el proyecto de Rendición de Cuentas algunas de las aspiraciones que se plantearon con antelación, pero que otras estaban pendientes de lo que se pudiese conversar (negociar) en el Parlamento.
Entre lo que se contempló, dijo Peña, está justamente el traslado a un nuevo edificio, en el que puedan funcionar todas las direcciones que hoy dependen de la cartera que están “desparramadas en cinco oficinas”. También se contempló, dijo, la renovación de la flota vehicular del ministerio, “una flota muy vieja con vehículos donde el más nuevo es del 2014 y hay vehículos con más de trescientos mil kilómetros, tenemos un fuerte gasto en mantenimiento”. Además se accedió también a la inversión necesaria para actualizar el equipamiento de los laboratorios de la cartera, que lógicamente es muy necesario que estén actualizados y se hizo lugar a una partida de 17.000.000 de dólares “para trabajar y aportar a las intendencias departamentales en la línea del cierre de vertederos, que es una de las líneas más importantes de nuestro plan nacional de gestión de residuos”.
Pero pese a que se contempló todo esto, hubo algunos temas que quedaron por fuera de las primeras versiones del proyecto y entre estos temas que quedaron fuera está un pedido de “refuerzo para recursos humanos básicamente atendiendo que en el próximo año 2023 vamos a recibir la operativa de UPM 2”, señaló Peña. Es decir, un pedido muy específico que iba con nombre y apellido: UPM 2.
Lógicamente, no es que se trate de recursos que se fueran a dedicar específicamente a la contratación del personal que iba a desempeñarse en los controles de la nueva planta, no, claramente lo que se expresa es que a raíz de la puesta en marcha de la nueva fábrica de celulosa es necesario contar con más personal para el funcionamiento general. Pero planteado así, puede dar lugar a interpretaciones como la que han hecho algunos nostálgicos de los puentes cortados, que han afirmado que “se está debatiendo si se puede controlar a UPM 2”. No, no cabe duda que se va a poder y se va a controlar a UPM 2 y a las demás fábricas de celulosa que funcionan en el país; en todo caso la duda es si, a la vez, se podrán atender todos los otros frentes que el Ministerio de Ambiente tiene en el país.
“Hay mucha cosa ya desplegada, hay mucha inversión ya hecha, vamos a recibir miles de datos por hora. Bueno, todo eso hay que procesarlo, hay que transformarlo en información para el control. Eso se necesita, inversión en equipamiento, pero también inversión en personas que puedan llevar adelante esa tarea. El Ministerio de Ambiente tiene un personal muy calificado, más del 80% del personal técnico es gente muy calificada que es la que sostiene todos los días la función del ministerio. Nosotros venimos claramente con un estrés, digamos, en la demanda”, dijo Peña.
Agregó que “desde la existencia del Ministerio las denuncias ambientales han aumentado más de un 30% por ciento. Obviamente no tenemos un 30% más de personal. Entonces, estamos cumpliendo con la tarea, con la función, pero lo estamos haciendo claramente en una situación de estrés, diría yo”, reconoció.
Sumado a la operativa de la nueva planta de UPM, Ambiente debe también resolver sobre la obra del Ferrocarril Central y sobre la proyectada nueva planta potabilizadora que tomará agua del Río de la Plata, y todos ellos son temas claves.
El planteo que se ha realizado es, según el ministro, por un monto de 25 millones pesos de asignación presupuestal, una cifra que en el contexto del presupuesto no parece demasiado significativa, que se puede obtener “quitando” recursos de alguna otra parte. Pero claro, seguramente en varias otras partes del Estado han de hacer falta esos 25 millones, solo que, con los antecedentes que este tema tiene y en un momento de particular tensión, aunque no parece que de momento haya riesgo de un bloqueo como el de mediados de los 2000, no es necesario exponerse de esta forma.