A través de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, el país ofrece un nuevo instrumento dirigido a financiar acciones de investigación e innovación relacionadas con el cambio climático. Con este fondo se pretende fomentar la búsqueda de soluciones para la adaptación o mitigación de los efectos del cambio climático, mediante la incorporación de tecnología.
El sanducero Walter Verri, en ejercicio como ministro de Industria, Energía y Minería fue quien encabezó el lanzamiento de esta herramienta que prioriza la incorporación de “tecnologías 4.0”, como cloud computing, inteligencia artificial, Internet de las cosas, data analytics, robótica y big data, entre otras.
La iniciativa, el Fondo de Investigación e Innovación en Cambio Climático de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), está abierta a empresas, puede concretarse gracias a la colaboración de BID Lab, que otorga casi un millón de dólares para este fondo. Los proyectos seleccionados recibirán hasta $ 3.200.000 no reembolsables. En caso de que las empresas cooperen con la academia o con instituciones de desarrollo nacional, la cifra llega a un máximo de $ 3.800.000.
Las soluciones que se presenten deberán estar orientadas hacia mitigación de los efectos del cambio climático, es decir que contribuirán a reducir los gases de efecto invernadero (GEI) colaborando en el propósito de la descarbonización de la economía, o la adaptación el cambio climático, y aportar en la estrategia de resiliencia climática. El gobierno espera que se presenten medidas en diferentes áreas, como la gestión del agua y saneamiento; la reducción de la vulnerabilidad; el mejor uso del suelo o la gestión de residuos, aunque es muy amplio el abanico de opciones.
Pero en definitiva esta convocatoria busca animar al sector productivo junto a la academia, a encontrar soluciones para un problema que les atañe, porque nos atañe a todos en definitiva.
No es posible pensar en que se encuentren soluciones a corto, mediano o largo plazo sin que haya participación del sector privado. La academia puede desarrollar los mejores avances pero si no llegan a aplicarse no van a tener efecto alguno. Por ello es clave que se involucren las empresas. Algunas ya han incorporado estos temas a la vida empresarial, incluso en sectores de actividad en los que de buenas a primeras podría pensarse que era difícil que se llevaran adelante acciones sostenibles desde el punto de vista ambiental. Sin embargo, hay otras empresas que no las encuentran y para las que habría que encontrar otros estímulos para que procesen los cambios que se necesitan. Este es un tema que está en discusión en Europa, continente que se ha planteado la meta de alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050 (la misma que Uruguay) y que tiene el desafío de encontrar fuentes alternativas de energía –más allá de la crisis coyuntural actual devenida de la guerra– para producir el hidrógeno verde.
Allí hay un factor que está condicionando que quienes tienen que dar el paso efectivamente lo den, el de la competitividad, y esto Uruguay lo sufrió en carne propia, porque para llegar a posicionarse como uno de los países con mayor cobertura de electricidad generada por fuentes renovables se asumieron compromisos de adquisición de esa electricidad en condiciones muy convenientes para quienes realizaron las inversiones.
Para eso hubo que hacer un esfuerzo porque, aunque el viento es gratuito, un parque eólico que permita aprovecharlo para la generación de electricidad tiene no pocos costos asociados. Y, de hecho, la estrategia hacia el hidrógeno verde en el país está asociada a la generación de electricidad a partir de energía eólica con aerogeneradores que se instalarán en el mar territorial.
Habrá que hacer otro esfuerzo, porque si algo requiere sobremanera el proceso para la obtención del hidrógeno es electricidad, mucha electricidad, y para que sea “verde” tiene que ser de fuentes renovables. No son inversiones que un estado pueda realizar, se requiere de apoyo de entidades crediticias –algunos países han recurrido a inversión directa de potencias extranjeras para el desarrollo de infraestructura, pero este no ha sido el caso uruguayo– y del sector privado, que responde cuando encuentra condiciones llamativas y puede ser una solución incluso para grandes proyectos. De nuevo, ahí están los parques eólicos para muestra.
Pero lo que no se puede hacer bajo ningún concepto es dar las señales equivocadas a partir de preconceptos o de posiciones previamente establecidas en función de una decisión que se antoja más política que técnica, dicho esto en alusión a los reproches desde Argentina por la participación de la empresa UPM como auspiciante en un evento sobre áreas protegidas que tuvo lugar esta semana en Fray Bentos. No solamente participó como auspiciante, porque de hecho UPM gestiona la única área protegida privada que existe en el país: Esteros y algarrobales, en el departamento de Río Negro. Solo con ello alcanza para justificar su presencia.
En Uruguay hay leyes y reglamentos que cuando se incumplen dan lugar a intervenciones y eventualmente a sanciones y reparaciones. Lo acontecido este año en el vivero Santana, en las cercanías de Guichón no es más que un ejemplo de que en Uruguay las cosas así funcionan.