Escribe: Ernesto Kreimerman.
Este 17 de agosto se han cumplido cinco años de los atentados yihadistas ocurridos en la Rambla de Barcelona y en el paseo marítimo de Cambrils, Tarragona. La ferocidad de aquellos momentos queda en evidencia al recordar las 16 víctimas mortales del ataque terrorista y otras 355 víctimas, algunas con lesiones físicas y la mayoría con efectos postraumáticos.
Eran días en que la intensidad política en toda Cataluña era muy fuerte, centrada en los debates y movilizaciones independentistas, que derivarían a extremos como el encarcelamiento y huida de parte del gobierno de la Generalitat.
El capítulo judicial se cerró el año pasado, con una sentencia contra los tres acusados, con penas de prisión que van de 8 a 53 años. Si bien hubo reconocimiento a la actuación judicial en este proceso, no así en el cuidado y consideración respecto a las víctimas. La Audiencia Nacional de España ha advertido que las víctimas fueron descuidadas, “las grandes olvidadas”, del proceso judicial. Han pasado apenas cinco años. Unas pocas notas de prensa recuerdan los hechos, con sentido autocrítico de lo poco y mal que se han conducido las instituciones españolas, especialmente, para con las víctimas y el reconocimiento a algunos miembros de las fuerzas de seguridad, por su actuación. El terrorismo atenta, sí, contra la democracia. Pero ésta se fortalece de acuerdo a la capacidad de su respuesta inmediata frente a la emergencia y también la de su poder judicial. Sin embargo, para el terrorismo el objetivo es otro, más siniestro. En nuestro ordenamiento legal está muy claramente definido: son actos “de naturaleza terrorista los delitos que se ejecutaren con la finalidad de intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional, a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo mediante la utilización de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos, informáticos o tecnológicos de cualquier naturaleza, o cualquier otro medio idóneo para aterrorizar a la población, poniendo en peligro la vida, la integridad física, la libertad o la seguridad de un número indeterminado de personas. Se incluye también en esta definición cualquier acto destinado a provocar un estado de terror o miedo generalizado en parte de la población o a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil u otra persona que no participe directamente en las hostilidades del conflicto armado”. Pero falta énfasis en las víctimas. Naciones Unidas ha notado esta debilidad y por ello exhorta a “establecer sistemas de asistencia para atender a las necesidades de las víctimas del terrorismo y sus familias, y promover la solidaridad internacional en apoyo de las víctimas”. El terrorismo es mucho más que un problema de seguridad, y en casi todos estos enfoques ha faltado poner el énfasis en las víctimas, en la dimensión humana de los efectos devastadores del terrorismo.