(El País)
Luego que algunas familias regularizaran su situación, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) suspendió finalmente 10.791 asignaciones familiares. Más de la mitad de ellas, el 52,7%, corresponden a niños y jóvenes que viven en Montevideo. Los cortes afectan a menores que tienen desde cinco años de edad.
La suspensión se da porque estos no están asistiendo a la escuela, liceo, ni UTU. Al principio Mides había informado que se trataba de 11.500, pero esto se fue “depurando”, según dijo el propio ministro Martín Lema.
La ley marca que deben estar cursando en un centro educativo para recibir la prestación y también hay un decreto del expresidente Tabaré Vázquez, del año 2015, que advierte que esto debe ser así.
Es la segunda vez durante el gobierno de Lacalle Pou que se corta la prestación, pues la medida no fue aplicada durante los meses más duros de la pandemia.
El ministro Lema dijo que había tomado la decisión política de realizar la suspensión de asignaciones, como lo marca la norma. La vicepresidenta Beatriz Argimón ha planteado preocupación por esta medida e incluso se reunió con el presidente del Banco de Previsión Social (BPS), Alfredo Cabrera, y el de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, para interiorizarse en el tema. El BPS es quien lleva adelante el corte, luego de que esto es pedido por el Mides; y la ANEP es la que proporciona la lista de jóvenes que no están yendo a estudiar.
En Montevideo las asignaciones familiares del Plan de Equidad suspendidas fueron 5.689, y la gran mayoría corresponden a jóvenes de 15 (928), 16 (1.318) y 17 (1.310) años.
Esta misma lógica –en cuanto a que los más grandes son los que menos asisten– se da a nivel nacional. De hecho, el 15,7% de las asignaciones suspendidas son de adolescentes de 15 años (1.692), el 23% de jóvenes de 16 (2.502) y el 24,1% tienen 17 (2.599).
Sin embargo, el corte también afecta a los más chicos. De hecho 2.299 están en edad escolar. De estos, los que más se ven perjudicados por el corte de asignaciones son aquellos que tienen 5 años (desde esa edad es que es obligatoria la edad formal) y estos son 562 (el 5,2% del total). Luego le siguen los más grandes dentro de esa franja, es decir los que tienen 12, con un total de 530 (el 5,9).
A partir de ahí el número va subiendo año a año. Después de Montevideo, los departamentos en que se suspendieron más asignaciones fueron Canelones (con 1,242 cortes), Salto (533), Maldonado (459), Paysandú (360), Rivera (293) y San José (235). Flores fue donde hubo menos cortes, siendo estos 38 y significando menos del 0,4% del total a nivel nacional.
LACALLE POU LLAMÓ A VOTAR LEY DE MEDIOS
(CANAL 5)
El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, llamó a conocer qué legisladores están a favor de la Ley de Medios y quiénes no. Dijo que hay una “calesita legislativa”, que es la que genera incertidumbre y opinó que la población “tiene que saber quién está de acuerdo y quién no”.
Cabe consignar que la Ley de Medios fue considerada en la Rendición de Cuentas. La cámara de Diputados no votó el articulado en comisión y fue pasado al Senado. “Mi posición personal y hablada con miembros del gobierno es que en Diputados se voten los artículos”, expresó Lacalle Pou.
Estas declaraciones fueron realizadas en el marco del aniversario de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados. “Quería estar particularmente por el momento que se está viviendo”, dijo el presidente.
“Se presentó una ley que modifica la ley de medios, no se votó, llegamos hasta la orilla y no cruzamos. Después se buscó negociar, se mandó por el Poder Ejecutivo algunos artículos. Al mismo tiempo, se cumplió con la sentencia para los medios presentados”. “Para mí deberíamos establecer claramente en diputados quién vota a favor y quién vota en contra”, sentenció. Lacalle dijo, además, que es importante “sostener un canal local” en el interior del país.
CUATRO REPRESORES IMPUTADOS POR CRÍMENES DURANTE DICTADURA
(SUBRAYADO)
Tras una audiencia que duró diez horas, fueron imputados cuatro exrepresores de la dictadura, informó el fiscal Ricardo Perciballe, especializado en delitos de lesa humanidad. “El juez recogió íntegramente” la solicitud de Perciballe, confirmaron desde Fiscalía General de la Nación. Para estos casos rige el código nuevo de Proceso Penal, porque las denuncias fueron realizadas entre 2020 y 2021.
Los delitos imputados para José Arab, fueron dos homicidios y dos desapariciones forzadas, de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.
Ernesto Ramas y Jorge Silveira fueron imputados por dos homicidios, reiterados delitos de privación de libertad y supresión del Estado Civil, en los casos de Macarena Gelman y Mariana Zaffaroni.
En el caso del expolicía Ricardo Medina, la investigación se formalizó por abuso de autoridad contra los detenidos y supresión del Estado Civil.
No hay medidas cautelares, debido a que los cuatro ya cumplen condena por otros delitos.
