(La Diaria-El País)
Este miércoles a las 14.00 la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados empezará a votar, artículo por artículo, el proyecto de ley de Rendición de Cuentas. Hasta el martes de noche, los diputados de la coalición que la integran estaban reunidos ultimando detalles sobre los temas en los que aún no hay acuerdo. El que generó más diferencias dentro del oficialismo, que es la derogación total de la Ley de Medios (19.307), no logró llegar a buen puerto y ya no hay posibilidades de llegar al consenso, al menos en la cámara baja.
Otro tema que se estudia es el de la creación de la Agencia de Información y Gestión del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). El diputado colorado Jorge Alvear (Ciudadanos) dijo a El País que su sector apoya la mayoría de los artículos del Ministerio de Salud Pública (MSP) y en el único que tienen “dudas” es en “la creación de la agencia, pero no de su fin”. En ese sentido, añadió: “Habría que buscar si hay alguna forma de hacerla ingresar dentro del Junta Nacional de Salud”.
No obstante, si no se vota en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, “no se desecharía”, sino que “pasaría a Comisión de Salud Pública” de Diputados, comentó.
Sobre la ley de medios, el diputado nacionalista Sebastián Andújar señaló el martes en rueda de prensa que, al no haber acuerdo, el artículo no prosperará, por lo tanto, cuando la Rendición de Cuentas pase a la cámara alta, “los senadores verán si retoman la iniciativa y la llevan adelante”. El Partido Nacional (PN) y el Partido Independiente se inclinaban por votar la derogación total, como plantea el Poder Ejecutivo en el proyecto, pero Cabildo Abierto (CA) y el sector Ciudadanos del Partido Colorado (PC) sólo querían derogar el famoso artículo 56 de la norma, que prohíbe a las empresas de servicios de comunicación audiovisual “prestar servicios de telecomunicaciones de telefonía o de transmisión de datos”. Ese fue uno de los artículos de la ley de medios que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional y que dio lugar a que el Poder Ejecutivo, a mediados de junio, dictara cinco resoluciones que habilitaron a empresas de cable a dar servicio de Internet (tres de Montevideo, ligadas a los canales 4, 10 y 12, y dos del Interior). A su vez, el sector colorado Batllistas estaba a medio camino entre el PN, CA y Ciudadanos, ya que no proponía derogar la norma por completo sino todos los artículos de la ley de medios que fueron declarados inconstitucionales: 39, 60, 98, 117 y 149.
Al no votarse en la comisión de Diputados, el artículo que plantea la derogación se “cae” de la Rendición de Cuentas, pero luego el Senado puede redactar uno aditivo e incluirlo. En caso de que eso suceda, el proyecto volvería a Diputados, pero en esa instancia sólo está permitido votar por sí o por no a ese cambio, sin opción a modificaciones.
Y, según se supo por fuentes oficialistas de la comisión, la coalición resolvió que los recursos para la UdelaR se sacarán de una parte de las utilidades que el Banco República destina al Fondo de Desarrollo (Fondes). Lo reasignado será un total de 143 millones de pesos para 2023.
Esa cifra equivale a 25% de lo que recauda anualmente UdelaR por concepto del adicional del Fondo de Solidaridad, ya que el artículo 431 de la Rendición de Cuentas establece su reducción en 25% para 2023, y así sucesivamente, hasta llegar a su eliminación total en 2026. Por lo tanto, en la rendición de 2023 la coalición deberá encontrar de dónde sacará otros 143 millones de pesos para equilibrar la quita de 25% que empezará a regir en 2024, y así sucesivamente.
DESVÍO DE FONDOS EN EL CASO DE CARRERA FUE DE U$S 260.000
(TELEMUNDO)
El senador frenteamplista y exdirector general del Ministerio del Interior durante parte de la gestión del exministro Eduardo Bonomi, Charles Carrera, fue denunciado penalmente por ese Ministerio luego de que el programa Santo y Seña difundiera el pasado domingo un audio que aporta nueva información sobre un caso ocurrido en 2012. El hecho se remonta al 2012 en La Paloma, Rocha, cuando Víctor Hernández, de 27 años, recibió el impacto de una bala perdida, que se le alojó en la médula y lo dejó paralítico.
Este miércoles la bancada de senadores del Partido Nacional se reunió con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Tras ese encuentro el senador nacionalista Jorge Gandini dijo que el ministro entregó información “completa” de todo lo que dispone. “Por un lado está el tema penal y luego la causa que está abierta en Fiscalía por la denuncia de asuntos internos del ministerio que tiene origen en octubre del año pasado”, expresó. Gandini comentó que eso tiene que ver con las decisiones tomadas en su momento por Carrera de mantener tres años y medio internado en el Hospital Policial a esta persona y su hermano, en habitación privada y sin pagar tiques.
“Además, la disposición de pagar tickets de alimentación durante un período muy largo de $20.000 por mes que en su momento equivalían al salario de un agente policial. Hubo un desvío de fondos para pagar esos tickets de alimentación por un valor total entre las dos cosas de U$S 260.000, afirmó el senador. Gandini explicó que esos miles de dólares es el cálculo total de lo que hubiera salido esa internación durante todo ese tiempo, los tiques que debe haber pagado por salud y de los $20.000 actualizados durante todo el tiempo que se le dieron a esta persona.
“Hay elementos suficientes como para preocuparnos del desvío de fondos públicos sin respaldo legal”, señaló.
NUEVA LEGISLACIÓN DE TRABAJO SEXUAL
(CANAL 5 NOTICIAS)
El Parlamento aborda una nueva legislación sobre el trabajo sexual, se trata de una actualización de la ley aprobada en 2002. Existen en el país en el entorno de 13.000 trabajadoras y trabajadores sexuales, 94% son mujeres y un 6% hombres. Unos 4.000 habitan en el departamento de Montevideo y el resto en el interior del país, indicó a Canal 5 Noticias, el diputado frenteamplista Daniel Gerhard. Según datos del Banco de Previsión Social de finales de 2018, hay menos de 100 trabajadoras sexuales inscriptas en el organismo.
El proyecto establece que la remuneración por el trabajo sexual sólo puede ser monetaria. Según la exposición de motivos del proyecto, las trabajadoras expresan que muchas veces les quieren pagar en especie y eso no les resulta beneficioso ni adecuado.
Se establece que el Carné de Salud de Trabajo Sexual debe ser expedido por cualquier centro de salud, con validez de un año y que es de uso personal, quedando prohibida su sustracción o retención.