El presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), doctor Gonzalo Valdés Requena, se refirió a la decisión de la Intendencia de Paysandú de anunciar la iniciativa de cobrar un “precio” por el uso de la caminería rural. “Nos oponemos categóricamente a ello”, enfatizó.
Manifestó que “recibe entre transferencias del Gobierno Central y el Impuesto del 1%, recaudado directamente de los productores, unos 2 millones de dólares. Exigimos se rindan cuentas de ello”.
Más adelante, indicó que el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca se encuentra en un proceso de digitalización que permitirá la emisión de las guías de propiedad y tránsito electrónicas. “¿No será momento oportuno de dejar de lado la burocracia que implica pagar un impuesto con la compra de guías, para que luego se reintegre al productor vía certificado de crédito?”.
Valdés Requena aclaró que “no podemos depender de que algún intendente, cualquiera sea su filiación política, se aferre a un mecanismo anacrónico y trasnochado para financiarse y hacer política con la burocracia que sufren los productores. Apostamos a un país democrático, estable, que ofrezca seguridad jurídica y por ende sea atractivo para inversores nacionales y extranjeros”. El sistema político en su conjunto “tiene la oportunidad de cambiar y de mejorar su forma de gestionar los recursos de los contribuyentes, tal como deben hacer los buenos gobernantes. El tiempo es ahora”, indicó.
