La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) no cuenta con los recursos humanos ni financieros para hacer el trabajo encomendado que es, entre otros, el contralor de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos y dar respuesta a los informes que le pide el Ministerio Público.
La transparencia, al menos en Uruguay, está atada a las decisiones de otros poderes a los que, precisamente, tiene que controlar. Hasta ahora solo tiene una abogada que está en pase en comisión, en tanto la otra asesora legal que contaba en el equipo, retornó a su lugar de origen en el Ministerio del Interior.
Hoy tiene varios casos a estudio y la presión política de resolverlos, aunque en las últimas administraciones atravesó por una realidad semejante.
El Compromiso por el País, que cita a menudo el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y los partidos que integran la coalición de gobierno se comprometieron a “fortalecer” la Jutep con “los recursos necesarios para el cumplimiento de su tarea”.
Ante la falta de esos recursos, la presidenta de la Jutep, Susana Signorino, envió al Parlamento su mensaje presupuestal para que se discuta en la Rendición de Cuentas. Las propuestas de pases en comisión ya analizadas en el directorio no fueron aprobadas e incluso existen dificultades para conseguir nuevos pases, porque el organismo no cuenta con una carrera funcional que resulte atractiva.
Cabildo Abierto reclamará soluciones, en tanto reconocen las dificultades existentes para que su presidenta –quien también pertenece a ese partido– pueda ejercer el trabajo que reclama la clase política.
Tampoco es bueno el relacionamiento personal entre algunos de sus integrantes y la titular de la Junta había optado por tomarse una licencia larga y posteriormente renunciar a su cargo.
Actualmente, tiene entre manos el asesoramiento jurídico que pidió la Fiscalía en la denuncia por la situación del acuerdo en el puerto de Montevideo o el desempeño ético del exministro de Turismo, Germán Cardoso.
El Frente Amplio impulsa la aprobación de una ley sobre el financiamiento de los partidos políticos y otorgar mayores poderes a la conocida como Junta Anticorrupción.
En el medio de estas cuestiones, surge la polémica sobre las declaraciones juradas del senador del Partido Nacional, Juan Sartori, las que pertenecen a la subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carolina Ache y el senador del Frente Amplio, Oscar Andrade.
En este último caso, la directora en representación del FA Ana Ferraris, aseguró que el legislador “no tuvo intención de ocultar la información” y que “nada debería desviar el foco” de una situación compleja como la de Sartori. El asunto de Andrade es que no declaró la construcción de una casa en el balneario San Luis y deberá asistir a la Jutep unos días después de Sartori. Al nacionalista le reclaman por la declaración jurada de su esposa, Yekaterina Rybolóvleva y a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, por los ingresos de su esposo, quien aceptó “colaborar” siempre y cuando esa información no se hiciera pública en la página del organismo. En los dos últimos, se reitera la argumentación de la separación de bienes.
Ante los cuestionamientos públicos sobre esos casos y otros ocurridos en administraciones anteriores, es posible pensar si en algún momento la Jutep logrará tener profesionales con independencia técnica y política.
Porque mientras persista la duda sobre la pertinencia de un organismo como la Jutep, si sus actuaciones no cuentan ni pesan en la carrera política de un investigado, se desviará el foco de su objetivo.
La ley de ética pública (Ley Nº 19.823) y la representación del país ante los organismos internacionales anticorrupción, se quedarían sin un órgano ejecutor. Esas son sus competencias. Lo que no tiene hoy, son los medios en recursos humanos y financieros para llevar adelante ese cometido.
La Jutep siempre ha estado en medio del chisporroteo político. Por ejemplo, hace unos meses cuando emitió su dictamen por el apartamiento de las normas éticas en el proceso de construcción del Antel Arena bajo el gobierno frenteamplista y el entonces representante de esa colectividad política, Jorge Castro, tuvo la osadía de firmar dicho informe.
Debió renunciar a su cargo e irse por la puerta chica ante la desautorización de su Partido Comunista que lo cuestionó por el “grave error” cometido.
Asimismo, hubo cuestionamientos en los fallos de la anterior Jutep –bajo la presidencia del contador Ricardo Gil Iribarne– sobre el exvicepresidente Raúl Sendic, o el exintendente de Soriano Agustín Bascou, por la compra de nafa de la Intendencia a estaciones de su propiedad. Incluso el caso de Leonardo de León, expresidente de ALUR por el uso de tarjetas corporativas. La Fiscalía reconoció que el informe de la Jutep era correcto, pero consideraba que no había delito porque no era funcionario público, en tanto el exjerarca se desempeñaba en una empresa bajo el derecho privado.
Otros casos analizados fueron los del intendente de Artigas, Pablo Caram, o el de Colonia, Carlos Moreira, o la supuesta irregularidad constatada en una partida remunerativa, aprobada por los ediles de todos los partidos en la Junta Departamental de Maldonado, reiteradamente observada en el Tribunal de Cuentas. Un caso poco utilizado, políticamente hablando, debido a la resolución aprobada por todos los partidos. Desde julio de 2018 permanece colgada en la web y señala que “es violatoria del Artículo 295 de la Constitución de la República”. Dicho artículo expresa: “Los cargos de miembros de Juntas Departamentales y de Juntas Locales serán honorarios”. Es discutible hoy, en un país tan politizado, privilegiar los atributos técnicos de sus integrantes.
No obstante, hay que recordar que el directorio anterior quedó desmantelado con la llegada del nuevo gobierno y sus autoridades no tenían cinco años en los cargos. Terminó con la presentación de la renuncia de su director, Gil Iribarne, en abril de 2020. Pero antes, Daniel Borrelli había resuelto volver a su cargo de fiscal del gobierno y Matilde Rodríguez era postulada para la dirección de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente. La ley establece que las decisiones deben adoptarse con el acuerdo de al menos dos directores y al quedar solo y sin respuestas, la decisión de Gil Iribarne no se hizo esperar.
Sin embargo, ha sido interesante el respaldo que le ha dado la prensa a los informes presentados por al Jutep cuando desnuda las irregularidades de los referentes políticos. Por lo demás, da la impresión que el sistema político, que no tiene nombres propios ni colores partidarios, quiere un organismo testimonial. Es decir, que exista como órgano de control pero que no moleste.
