Atendiendo un histórico reclamo de los vecinos, la Intendencia instaló radares con cámaras de fotomulta para controlar la velocidad en ruta 3. La iniciativa es compartible, por cuanto el tránsito no suele respetar los límites de velocidad en algunos lugares densamente poblados de zonas rurales, como es el caso de Constancia, a 16 kilómetros al norte de Paysandú por ruta 3. Pero en este caso en particular se da la contradicción de que el cartel que marca el inicio del tramo frente al poblado, de gran tamaño y con el nombre “Constancia”, establece claramente que la velocidad máxima permitida es de 60 kilómetros por hora, mientras que unos metros más adelante hay otro cartel mucho más pequeño que reduce el límite a 50 kilómetros por hora. Por otra parte, 50 kilómetros por hora en una ruta nacional no parece una velocidad razonable, cuando en cualquier avenida de la ciudad con mucho mayor densidad de tránsito y de peatones está permitido circular a 60 o hasta 75 kilómetros por hora, incluso en proximidad de escuelas –caso de avenida República Argentina y Enrique Chaplin; o avenida Soriano y Varela, donde hay un centro educativo a 100 metros–. Pero mucho más grave aún es lo que ocurre en ruta 3 unos kilómetros al sur de las termas de Guaviyú, donde no hay centro poblado alguno pero se limitó la velocidad a 45 kilómetros por hora porque allí hay una escuela. En casos así lo que corresponde es establecer los controles pertinentes exclusivamente en horario de entrada y salida de los estudiantes, por lo que un radar de fotomulta permanente no es una solución adecuada. Con todo esto no es de extrañar que el 85% de las multas aplicadas por los radares –por valor equivalente a más de 1.800.000 dólares en un mes– correspondan a infracciones de velocidad en la ruta, para beneficio de la Intendencia Departamental así como de la empresa que provee de los equipos, que cobra un porcentaje de las multas.
