En el mundo actual los proyectos ambientalmente sostenibles y las metas nacionales en esta materia pueden tener importancia económica para los países. En este contexto, Uruguay comenzó a trabajar en 2021 para la emisión de bonos verdes amparado en los avances nacionales en materia de descarbonización energética y tecnologías digitales.
A fines de la semana pasada el gobierno oficializó la emisión al mercado global de un nuevo bono indexado a indicadores de cambio climático (BIICC), en dólares, y con vencimiento final en 2034, hecho que fue destacado por la ministra de Economía, Azucena Arbeleche.
A pesar del contexto de alta incertidumbre global, Uruguay logró conseguir financiamiento de gran escala, a plazos intermedios, mediante un instrumento innovador, destacó la ministra.
La emisión alcanzó unos 1.500 millones de dólares, de los cuales 1.000 millones de dólares fueron a cambio de efectivo y la demanda superó ampliamente el monto emitido, mediante 188 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia, Uruguay y otros países de Latinoamérica. Unas 40 cuentas participaron por primera vez en una operación de Uruguay y muchas de ellas con un foco específico en emisiones de bonos sostenibles.
Entre los objetivos de la operación están completar las necesidades de fondos del gobierno en el mercado internacional, y vincular la estrategia de financiamiento soberana con los objetivos ambientales de Uruguay, con la implementación de un nuevo mecanismo simétrico de ajuste en la tasa de interés que indexa el costo de capital al logro de las metas climáticas y de conservación del capital natural del país.
En el diseño del bono participaron los ministerios de Economía y Finanzas; Ambiente; Ganadería, Agricultura y Pesca; Industria, Energía y Minería, y Relaciones Exteriores. El proceso obtuvo la asistencia técnica y financiera del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Un bono verde es un título de deuda, de renta fija, que permite acceder a recursos de inversores que están dispuestos a financiar proyectos que generen beneficios ambientales. Involucra un compromiso del emisor para usar lo recaudado del bono para financiar o refinanciar proyectos destinados a la protección del ambiente.
Este tipo de bonos ofrecen excelentes oportunidades para apalancar inversiones y recursos aunque es una vía que, a diferencia de lo que ocurre en otras partes del mundo era poco usada en Latinoamérica. No obstante, eso parece estar comenzando a cambiar y el movimiento del gobierno uruguayo se inscribe en el marco del incremento a nivel regional de uso de este tipo de herramientas por parte de los gobiernos y empresas.
Según lo informado a principios de este mes por BID invest, una entidad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) las inversiones sostenibles se han disparado en los últimos años, y se espera que las inversiones globales con factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) aumenten a U$S 50.000 millones para 2025. “En América Latina y el Caribe, los bonos verdes, sociales y sostenibles se duplicaron con creces en dos años, con un tamaño de mercado de U$S 48.600 millones. El impulso ha sido dirigido por los objetivos generales de descarbonización a largo plazo del Acuerdo de París”, afirmó el BID en un comunicado. BID invest afirma haber asignado 1.600 millones de dólares en 2021 a través de estos instrumentos.
De acuerdo al Informe de Asignación e Impacto de Bonos Sostenibles, BID invest incluyó U$S 1.000 millones en bonos de sostenibilidad, U$S 424 millones en bonos sociales y U$S 186 millones en bonos verdes para financiar proyectos verdes e inclusivos del sector privado en América Latina y el Caribe. Entre éstos se encuentran el primer bono de género de México, emitido por un emisor supranacional, y el primer bono azul emitido en la región (destinado a proyectos relacionados con la conservación de los ecosistemas marinos).
Los recursos fueron destinados a 54 proyectos, sobre todo de avance socioeconómico y empoderamiento (799 millones), energía renovable (387 millones) y generación de empleo (257 millones).
En relación a la emisión reciente de Uruguay, la ministra Arbeleche señaló que “es un bono pionero” porque es el primero en su tipo en el país, siendo también la primera vez que el ambiente y las finanzas se entrelazan fuertemente y la primera vez que en Uruguay se define un costo de financiamiento ligado al comportamiento ambiental.
Esto implica que el bono viene con objetivos ambientales asociados que en este caso son dos: la reducción de los gases de efecto invernadero y la conservación de los bosques nativos, los cuales a su vez adoptan los compromisos de los indicadores del Acuerdo de París y se medirán en 2025.
“El instrumento permitirá al país disponer de una mayor información climática, con medición en una base anual, en el caso de los gases de efecto invernadero, y cada 4 años en lo que refiere a la forestación”, explicó Arbeleche.
Se trata de un paso importante, con metas claras, auditables, que ponen en primera plana el tema ambiental en dos áreas específica y relevantes que atraviesan distintos sectores y actividades de la economía nacional y que hacen al cuidado de los recursos y la conservación de los recursos naturales en un marco en que el cumplimiento de las metas comprometidas en la emisión de este bono verde tendrán consecuencias concretas tanto si se cumplen o no.
La calidad ambiental incide en la calidad de vida de las personas. Hace algunas décadas –y no tan lejos, se podría decir algunos años– aún había figuras de relevancia internacional, incluso presidentes, que arrojaban dudas sobre la existencia del cambio climático y el agujero de la capa de ozono. Hoy las consecuencias de estos problemas mundiales son tan tangibles y afectan a tantas personas que es mucho más difícil aceptar la negación o la duda. Por el contrario, la inclusión de estos temas en las agendas públicas y las agendas de los gobierno es cada vez más frecuente y necesaria.
Uruguay ha desarrollado en los últimos treinta años un creciente involucramiento en el compromiso, la gestión y la adopción de legislación y medidas concretas en relación a los temas ambientales. Perderemos muchas oportunidades si no nos ocupamos de ellos. Y, evidentemente, queda mucho por hacer todavía pero para un país pequeño como el nuestro el agregado de valor es fundamental y la calidad de vida un objetivo a mantener en alto. Ello involucra considerar la política ambiental como política de Estado.
