Hace algunos días hacíamos referencia a la situación creada por el dirigente frenteamplista Sebastián Hagobián al participar como observador en los referéndums organizados por Rusia en los territorios ocupados de Ucrania y los perjuicios que esa actitud ha causado a la imagen internacional de nuestro país. Hoy estas líneas estarán referidas a otro episodio, mucho más grave, pero que tiene algo en común con el anterior: colocan a Uruguay en una posición muy incómoda y dañan el prestigio que hemos cultivado a nivel mundial durante décadas y que constituye uno de sus tesoros más preciados.
Obviamente nos estamos refiriendo al escándalo generado en torno a las actividades delictivas que desarrolló durante años nada más y nada menos que el custodio personal del presidente Luis Lacalle Pou, quien tenía antecedentes penales y formaba parte de una organización delictiva que falsificaba pasaportes que eran vendidos a ciudadanos extranjeros por varios miles de dólares. Para colmo de males, Astesiano utilizaba su oficina en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva para planificar y ejecutar su actividad como delincuente, proyectando una imagen de relacionamiento directo con el poder político del cual se jactaba y que era funcional a su actividad delictiva. Resulta lamentable que un edificio icónico como la Torre Ejecutiva, símbolo de uno de los poderes del Estado (el Poder Ejecutivo) se terminara convirtiendo gracias a Astesiano en una cueva de Ali Babá desde la cual se ofrecían y comercializaban documentos públicos apócrifos de tanta sensibilidad como pasaportes. Una vergüenza para Uruguay.
Ante la detención de Astesiano, Lacalle Pou brindó en forma casi inmediata una conferencia de prensa en la que expresó su “sorpresa” y negó que su exjefe de custodia tuviera antecedentes penales. De acuerdo con La diaria, Lacalle Pou “también lo calificó como profesionalmente intachable” y describió la cronología de su vínculo: “Lo conozco en 1999, no trabaja conmigo pero [estuvo] en la campaña; en 2004 no trabajó conmigo, en 2009 tampoco. En 2014 dio una mano en la campaña. Ahí lo conocí. En 2019 da una mano en la campaña y genera cierta confianza”. Al asumir Lacalle Pou la presidencia de la República, Astesiano se convirtió en el jefe de la Seguridad Presidencial, cargo de confianza con una amplia cantidad de responsabilidades”. Un día después, en Fray Bentos, Lacalle brindó una versión complementaria y afirmó lo siguiente: “Lo que sí es cierto es que cuando empezó el gobierno, o antes de empezar, obviamente hubo gente interesada en hacer saber algunas cosas. Yo tenía la información correspondiente en la que tenía anotaciones y no había antecedentes penales”. Queda claro que Artesiano no era un desconocido para Lacalle Pou, máxime cuando había recibido diversas advertencias sobre su conducta y se trata de un político que siempre ha destacado la buena memoria que posee y que le permite acordarse de varias personas. Además, seamos sinceros: ¿cuál hubiese sido la reacción de Lacalle Pou si este escándalo se hubiese dado durante la presidencia de Tabaré Vázquez?
Sin embargo, y acuerdo con La Diaria, “las indagatorias que tenía Astesiano por múltiples delitos fueron comunicadas en la prensa en varias oportunidades. En 2020, fueron tapa de Caras y Caretas y en las imágenes publicadas se puede ver la ficha del SGSP de Astesiano, en la que figura un antecedente penal del 18 de abril de 2002, cuando fue procesado sin prisión por estafa. El Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP) es el ámbito en el cual se registran todos los eventos de seguridad pública que tiene una persona y se categoriza cuál es su rol en esos eventos. Además de la estafa, y fuera de la reiteración real, en esa oportunidad fue procesado por delitos asociados a la ley de cheques: librar un cheque contra una cuenta de la que no era titular; librar un cheque que al momento de ser presentado no podría ser cobrado por suspensión o cierre de la cuenta a la que se asocia; y por librar cheques sin fondos.
Este antecedente no se volvió a ver en las fichas que se publicaron. En el marco de las actuaciones realizadas surge que el exministro del Interior, el sanducero Jorge Larrañaga, le había advertido a Lacalle Pou sobre los antecedentes de Astesiano. Lamentablemente, Larrañaga tampoco fue escuchado por el presidente. Ante esta situación, es imposible que Lacalle Pou y Heber salgan bien parados de este escándalo: o sabían sobre los antecedentes de Artesiano e “hicieron la vista gorda” o sus propios subordinados les ocultaron información. En los dos casos, hay responsabilidades que deberán ser dilucidadas en los ámbitos correspondientes.
Las autoridades actuales del Ministerio del Interior han tenido una pobrísima actuación en todo lo relacionado con el caso Astesiano, ya que como ha reseñado el portal de noticias La Red 21, “Supuestamente, Lacalle habría recibido en marzo de 2020 y setiembre de 2021 un legajo con todo el historial del imputado, en el cual no aparecían los antecedentes penales de procesamiento por estafa en 2002 y condena en 2014 por el mismo delito. Por redes sociales, el ministerio hizo circular un comunicado en el que sostiene que “el presidente de la República fue informado oportunamente” por la secretaría de Estado de “que la ficha personal del Sr. Alejandro Astesiano carecía de antecedentes penales”.
“Sorpresivamente, en la ficha actual consta un antecedente por una causa penal del año 2013”, prosigue el comunicado en el que también se informa de la investigación de urgencia que la Dirección Nacional de Policía Científica coordinará, con el fin de “establecer quién o quiénes alteraron la información”. ¿Cómo es posible que nada más y nada menos que el Ministerio del Interior haya brindado información adulterada al presidente Lacalle sobre una persona que tenía a su cargo no sólo su custodia personal sino también la seguridad de los mandatarios extranjeros que nos visitan? Se trata de un proceder inexcusable.
Lo cierto es que el escándalo creado por el caso Astesiano constituye un duro golpe en el corazón de la credibilidad y la institucionalidad de Uruguay a nivel regional e internacional que lo colocan a la altura de una “republiqueta bananera” en la cual cualquiera puede acceder a los máximos círculos de poder gubernamental con sólo pagar algunos miles de dólares. Se trata de un episodio gravísimo sobre el cual tanto el presidente Lacalle Pou como el ministro Heber pueden y tienen la obligación de dar explicaciones claras y contundentes porque no se trata sólo de la seguridad presidencial así como tampoco caben los comentarios autorreferenciales del mandatario (“Empezaré a andar solo”). Se trata nada más y nada menos que de la imagen internacional de Uruguay y eso no es propiedad ni de Lacalle Pou ni de Heber, es un valioso patrimonio que ya sea por acción o por omisión se está poniendo en juego. Las investigaciones en curso y otras nuevas que puedan iniciarse deben ir hasta el fondo del asunto. Le duela a quien le duela y caiga quien caiga.
