El buen posicionamiento de nuestro país en materia de gobierno electrónico y la posibilidad de que los ciudadanos accedan a dispositivos e Internet es algo que nos destaca en el escenario regional y global, siendo también uno de los pocos países del tercer mundo en abatir la brecha digital y en presidir el Grupo Digital 9 (D9), un espacio de trabajo de los países con gobiernos más digitalizados del mundo.
Según el nuevo reporte del Índice Global de Gobierno Digital de las Naciones Unidas (ONU) correspondiente al año en curso, Uruguay mantiene –por octavo año consecutivo– el liderazgo en el grupo de países de alto desarrollo digital en América Latina y el Caribe, seguido de Chile, Argentina, Brasil y Costa Rica.
El índice, construido por Naciones Unidas, permite medir el nivel de desarrollo de gobierno digital de los 193 países miembros, con el fin de promover y fomentar que la entrega de servicios públicos sea sostenible e inclusiva. En este sentido, apoya los esfuerzos de los países para brindar servicios digitales efectivos, responsables e inclusivos para todas las personas, cerrar la brecha digital y no dejar a nadie atrás”.
La actualización (duodécima edición del informe sobre Gobierno Digital), presentada el pasado 28 de setiembre en Nueva York, indica que en el índice global, Uruguay ocupa el puesto 35 y se posiciona tercero en las Américas, sólo por debajo de Estados Unidos y Canadá.
En el índice se destaca la consolidación de los países más desarrollados en los diez primeros puestos: Dinamarca, Finlandia, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Islandia, Suecia, Australia, Estonia, Países Bajos y Estados Unidos. También se constata el ascenso notorio de países como Israel, Malta, Emiratos Árabes, Luxemburgo y Grecia, que mejoran mucho su puntuación y pasan a superar a Uruguay en el ranking final, haciendo que nuestro país descienda 9 posiciones respecto del 2020, cuando ocupaba el lugar 26°.
A nivel de América Latina y el Caribe, nuestro país mantiene el liderazgo en el grupo de países más desarrollados digitalmente, seguido de Chile, Argentina, Brasil y Costa Rica.
La buena reputación de Uruguay en esta materia fue cimentada desde hace varios años en anteriores administraciones de gobierno y continuada por el actual, pudiéndose destacar como una política de Estado que es saludable que exista no solo para figurar en los rankings sino porque se materializa en ventajas concretas en la vida cotidiana de los ciudadanos y en las posibilidades múltiples aspectos de la educación, la actividad laboral y la economía del país.
A diferencia de la mayoría de las economías de América Latina y el Caribe, que no lograron sumarse a tiempo a la revolución de las TIC y de Internet, perdiendo una oportunidad única de realizar grandes avances en materia de innovación y presentan distintos grados de retraso respecto a indicadores referidos a aspectos básicos como el acceso a banda ancha y la cantidad de computadoras entre la población, Uruguay se ubica a la cabeza y muy bien posicionado.
Trabajando fuertemente los conceptos de gobierno abierto y digital, nuestro país ha desarrollado una sólida infraestructura de banda ancha fija, en especial la fibra óptica, pero también ha mejorado la conectividad internacional y ha desarrollado una fuerte concepción administrativa relacionada con la Sociedad de la Información y la trasformación digital del Estado, el desarrollo de software de seguridad y el abatimiento de la brecha digital a nivel ciudadano.
Cuando en 2021 el gigante tecnológico estadounidense Google eligió a Uruguay para mejorar desde allí sus operaciones hacia Sudamérica –inversión que actualmente va más lento de lo esperado por el gobierno– fundamentó su elección entre otros aspectos, en el carácter de Uruguay como “velocista digital” destacado en América Latina, considerándolo “una economía emergente con potencial para avanzar y acelerar su desarrollo económico de la mano de la digitalización”.
En este sentido, el nuestro es el único país de América Latina que tiene una estrategia de Inteligencia Artificial para la administración pública y también cuenta con un destacado desarrollo de la política de datos para la transformación digital y la incorporación de estrategias y principios de Inteligencia Artificial a la rendición de cuentas.
La Inteligencia Artificial (IA) es un término que se usa para describir “un campo de estudio y un conjunto de tecnologías que estudian y desarrollan sistemas capaces de realizar tareas que normalmente se atribuyen a la inteligencia humana”. Algunos ejemplos pueden ser traducir un documento o reconocer a una persona por su rostro, o los sistemas que aprenden a comportarse de manera autónoma, como vehículos sin conductor, asistentes virtuales en nuestros celulares, algoritmos en las redes sociales que nos muestran de una u otra forma la información, programas que aprenden de nuestras acciones para recomendarnos música, películas o artículos de consumo en tiendas online, traductores en tiempo real, sistemas que detectan de forma temprana enfermedades o riesgos sanitarios, entre otros.
Este tipo de soluciones también ha llegado a la esfera pública, en especial como una herramienta para el desarrollo y prestación de servicios a los ciudadanos.
Como líder en gobierno digital, nuestro país identificó tempranamente esa tendencia y ha estado trabajando para incorporar la Inteligencia Artificial al denominado Gobierno Digital, aspecto que se halla claramente establecido en la actual Agenda Digital nacional.
En estos primeros pasos, estudios especializados destacan la importancia de contar con una estrategia nacional en materia de Inteligencia Artificial para el sector público y de que, en el marco de ella, nuestro país esté capacitando funcionarios en contextos multidisciplinarios para que adquieran competencias que les permitan comprender las dificultades, desafíos e impactos que se presentan al momento de utilizar la Inteligencia Artificial en los servicios y procesos de la administración pública.
Evidentemente, se trata de un asunto que en los próximos años estará muy presente, que nos involucra como ciudadanos y sobre el cual aún estamos muy poco informados.
La Inteligencia Artificial tiene el enorme potencial de dotar a los gobiernos de nuevas formas de uso y análisis de la información, anticipándose a las necesidades de las personas y creando servicios más eficientes e innovadores que podrían fortalecer las políticas públicas y avanzar hacia un relacionamiento más fluido entre los ciudadanos y el Estado. No obstante, el denominado “Estado Inteligente” tiene también enormes desafíos y riesgos –al igual que todas las soluciones existentes basadas en el uso de este tipo de tecnologías– e involucra aspectos éticos, normativos, técnicos, sociales y culturales en el marco de un accionar público que debe ser transparente en cuanto a la información gestionada, las estrategias aplicadas así como sus fines y contenidos. Queda un largo camino por recorrer todavía.