(EFE)
Vestida de sus característicos colores arcoíris y cargada de un espíritu de alegría y festividad, la comunidad LGBTIQ tomó las calles de la capital para reivindicar sus derechos y pedir respuestas a un Estado que, sienten, aún los deja de lado.
Con la frase “Las calles son nuestras, el Estado tiene que dar respuestas” como lema, bañada del brillo de las lentejuelas o las prendas con luces de colores y con la música como infaltable acompañante, se hizo presente en Montevideo una nueva edición de la Marcha por la Diversidad celebrada cada año a fines de setiembre.
Esta vez lo hizo en un recorrido que partió de la céntrica Plaza Eduardo Fabini hacia el Palacio Legislativo llenando a su paso la Avenida del Libertador, que se transformó en un pasaje para esta ola de color en la que no faltaron las drag queens modelando y el agite de baile con música electrónica y pop a cargo de la DJ Paola Dalto.
Como destacó en diálogo con EFE la activista trans Paula Moreno, integrante de la Coordinadora de la Marcha, de lo que se trató fue de “tomar las calles en forma alegre y festiva” pero a la vez exigiendo que se cumplan “los derechos y las políticas públicas por las que se trabajó mucho” desde la comunidad.
“Lo que venimos reclamando y reivindicando es el poco compromiso del Estado en cuanto a las políticas públicas que hemos logrado los movimientos sociales, por ejemplo la Ley integral para personas trans, que se aprobó hace cuatro años pero todavía no nos permite el acceso al trabajo, a la educación, a tener una salud digna”, resaltó.
Para Moreno, la comunidad salió a mostrar su orgullo “en forma alegre y festiva” pero enmarcada en los que considera “momentos difíciles” en particular para los colectivos trans, pues el 6 de setiembre Salomé, una mujer trans de la ciudad esteña de Pando, fue asesinada en un crimen que la Fiscalía catalogó en principio como un transfemicidio. Sobre este mismo punto se expresó la presidenta del Colectivo Trans del Uruguay (CTU), Colette Spinetti, quien detalló que pese a que la fiscal del caso lo designó bajo esa carátula –que existe a nivel judicial en el país desde que se condenó por transfemicidio al asesino de Fanny Aguiar el pasado marzo–, luego la condena fue por homicidio.
En ese sentido, para Spinetti, la configuración de un transfemicidio es “un tema a trabajar con los actores judiciales” para que estos tengan claro cuándo sí es determinante en el crimen que sea hacia una persona trans.
“Más allá de que (el ataque a Salomé) haya sido un problema interno (una trifulca con un desconocido), el cuerpo de la mujer trans y las vidas de las personas trans se ven como desechables, como que la violencia machista puede oprimir y hasta matar estas vidas, entonces siguen siendo transfemicidios”, subrayó.
PROFUNDIZAN INVESTIGACIÓN A CÓMPLICES DE ASTESIANO
(EL OBSERVADOR)
La fiscal Gabriela Fossati avanza con la investigación y el peritaje de los teléfonos y los 39 discos externos incautados en los allanamientos realizados a Alejandro Astesiano, Álvaro Fernández y Alexey Slivaev, los tres integrantes de la banda que se dedicaba a falsificar documentos para que ciudadanos rusos pudieran sacar la cédula y el pasaporte uruguayo.
Uno de los focos apunta a la búsqueda de funcionarios públicos que fueron cómplices de los procesados.
El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) inició una investigación administrativa para determinar si hubo empleados del Registro Civil que firmaron partidas de nacimiento falsas, mientras que el Ministerio del Interior tiene dos en marcha: una en la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) y otra en Policía Científica.
Esta última intentará saber quién desasoció la cédula de Astesiano de sus antecedentes penales, lo que provocó que el procesamiento con prisión que tuvo en 2013 desapareciera de su legajo en 2020 y 2021, las dos veces en que Luis Lacalle Pou pidió su ficha.
La investigación estableció que el último movimiento en la ficha del custodio del presidente fue en 2015, pero no pudo determinar quién fue el funcionario que borró los antecedentes, algo que se buscará determinar en la auditoría más profunda.
MIDES RETIRA APOYO A COORDINADORA
(SUBRAYADO)
El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, informó a través de su cuenta de Twitter que el ministerio retirará el apoyo a la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS), ya que ésta no presentó la información solicitada sobre la distribución de los insumos. La cartera pidió el pasado 29 de agosto actualizar la información sobre ollas y merenderos que reciben apoyo a través de Uruguay Adelante, estableciendo el 30 de setiembre como fecha límite para entregar los datos. Según explica el ministro, todas las iniciativas, a excepción de la CPS, presentaron la información requerida. Destaca también que la coordinadora recibió hasta el momento 1.600 toneladas de alimento.
Hace unos días en declaraciones a Subrayado, Lema dijo que “hubo una negativa de la Coordinadora Popular y Solidaria a brindar los datos, datos que tienen que ver, por ejemplo, con dónde están ubicadas, cuántas veces por semana funciona, cuántas porciones aproximadamente se brindan”. El secretario de Estado agregó: “Para nosotros esos datos son lo que justifican el apoyo porque se negaron a dar los datos por una decisión política. Se pone lo político por encima de la alimentación. Consideramos que ese no es el camino”.