Está en marcha la obra de construcción de un tendido eléctrico de alta tensión –500 kv– que conectará Tacuarembó con Salto Grande y permitirá cerrar un anillo en el norte del país, al complementar el ya realizado entre Melo y Tacuarembó. En total son unos 365 kilómetros en dos tramos que se unen en la localidad de Chamberlain.
El tendido de este segundo tramo atraviesa el campo en el que se ubica el casco de la Estancia el Buen Retiro, popularmente conocido como Castillo Morató, en el departamento de Paysandú. Como es sabido el predio fue declarado Monumento Histórico Nacional y en él se lleva adelante un proyecto turístico familiar, largamente difundido tanto por el gobierno departamental como por el Ministerio de Turismo, que complementa la explotación ganadera a la que se ha dedicado desde épocas de la ocupación jesuita, cuando fue parte del extremo sur de la gran estancia Yapeyú, de acuerdo a lo que han investigado sus propietarios.
En los primeros meses de este año la familia Morató ya llevó adelante una acción de amparo en el juzgado de nuestra ciudad, tratando de impedir el inicio de las obras de UTE, una acción que fue desestimada en ese momento pero que motivó que se realizaran consultas ante la Comisión Nacional del Patrimonio para conocer el alcance de la declaración y que evidenció diferentes visiones en la interna de ese cuerpo.
SALVAGUARDAS
Si bien las obras en el predio ya comenzaron –y avanzan a buen ritmo– los propietarios siguen buscando detener los trabajos. Lo hacen por dos vías: la primera es ante el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, que financia este proyecto. La otra es interna, en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El Dr. Daniel Ochs, asesor jurídico de los propietarios, dijo a EL TELEGRAFO que la entidad financiera tiene una serie de salvaguardas para los proyectos que financia. “Las salvaguardas son reglas de juego que van a regir la obra. Una de esas salvaguardas decía, en 2019, que el tendido no podía pasar por zonas declaradas patrimonio histórico o cultural de la República, lo cual va en línea con una política del BID que establece que tiene prohibido financiar total o parcialmente obras que afecten el medioambiente o el patrimonio”, indicó. Cuando se produjo la declaración los propietarios llevaron adelante la acción de amparo. “Sobreviene la declaración de patrimonio en febrero del 2022 del padrón 610. Eso determinó que nosotros solicitásemos un reestudio, una reevaluación, porque había un hecho nuevo de enorme importancia, que era ni más ni menos que ahora el Estado uruguayo a través de un acto jurídico formal, había reconocido ese estatus”, indicó el profesional.
PATRIMONIO
Durante el proceso por el cual se desestimó esta acción se efectuó una consulta desde UTE a la Comisión del Patrimonio acerca del alcance de la declaración, la que fue contestada por el director general, William Rey, por carta dirigida a la presidenta de UTE el mismo día 31 de marzo de este año, en la que expresa que la Comisión al momento de proceder a la declaración estaba en conocimiento del proyecto de UTE. También afirma Rey en esa misiva que “se entendió que ese proyecto del tendido de alta tensión, no afecta la imagen del casco”, fundamental en la declaratoria, “así como tampoco afecta los cercos de piedra que se ubican dentro del campo”. Según Ochs es claro que se trata de una manifestación de Rey a título personal y no en nombre de la Comisión.
Luego el cuerpo, el 20 de abril, sometió a votación una ratificación de esta opinión. En esa instancia uno de los miembros, Manuel Flores Silva, no solo votó negativamente sino que en la justificación de su voto expuso por escrito otros elementos. Por ejemplo señala que fue informado por los solicitantes que UTE alteró el tendido original, agregando unos 10 kilómetros adicionales para evitar afectar “las propiedades de poderosos propietarios de tierras. Entre ellos UPM. Esta modificación de trazado ha sido reconocida por la UTE en el juicio que mantiene la familia Morató con dicho ente estatal”.
EN TERRENO
El 13 de diciembre pasado el BID aceptó llevar adelante una investigación a raíz de la queja introducida por los propietarios del predio patrimonial “en atención a que tiene verosimilitud la denuncia”, explicó Ochs. El organismo oportunamente había enviado para estudiar el tema a una arqueóloga brasilera, Tatiana Costa, que “aconsejó entre otras medidas que las torres no pasasen a menos de 500 metros de todo lo que son las construcciones jesuíticas. Y acá hay torres que están a menos de 200 metros”, afirmó. El abogado también lamentó que anteriormente nadie haya evaluado el lugar, “no lo había hecho ni la Comisión del Patrimonio, ni la UTE, obviamente. Nadie, nadie fue al lugar. Me parece terrible como uruguayo. Se interesaron los jesuitas y se interesó el BID enviando a esta arqueóloga. Al territorio no fue nadie a ver si efectivamente esta obra era compatible, era conciliable, con el resguardo al bien como patrimonio histórico de la nación”.
ADMINISTRATIVO
En cuanto a la acción ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, “se le pide a la Comisión de Patrimonio que explique qué medidas ha tomado en cumplimiento de la Ley 14.040 y su decreto reglamentario, porque en definitiva hay una obra que está afectando un predio declarado patrimonio histórico y hay un decreto que regula muy minuciosamente qué cosas debe hacer el operador que estaba trabajando ahí adentro”. Dado que en algunos tramos de suelos rocosos está previsto que se utilicen explosivos, el proyecto requirió –y obtuvo– la autorización de las intendencias así como del Ministerio de Ambiente”.
HISTORIA
Las que se están colocando son de las torres más altas que se vean en el país, de 50 metros de altura y 20 de ancho. Alfredo Morató, uno de los propietarios del predio, lo comparó con la altura de un edificio de veinte pisos. “En nuestro terreno van a ser alrededor de 22 o 23 torres que van a cruzar el campo prácticamente al medio y deja a un costado las casas del río Queguay grande” y cuya historia –afirma– se remonta a la época de la presencia jesuita. “Es un sitio histórico, patrimonial, de uso de la ganadería de 200 años o más, desde la época colonial, de la época que los jesuitas se hicieron cargo como puesto posta de San Juan y luego como estancia San Juan, a partir de 1702, de acuerdo a los documentos que nosotros tenemos”. Por el lugar transitaron nombres importantes de la historia del país, como Fructuoso Rivera, que figura como uno de sus propietarios, o Aparicio Saravia, que en sus partes dejó constancia de lo impresionante de la obra que se estaba levantando. El castillo se inauguró en 1904 por impulso de Francisco León Barreto, bisabuelo de los actuales propietarios, quienes en 2018 “ante la cantidad de gente que se paraba en la portera decidimos hacerlo turístico, fuimos estudiando el tema, hicimos una marca registrada con una conocida firma de plaza para turismo, alojamiento, etcétera”.
COMO ISIS
A modo de ejemplo de cómo esta obra afecta al bien, Morató señaló que para colocar porteras la empresa cortó el alambrado original, mandado traer por León Barreto desde Alemania. “El alambre de 1890 no se puede reproducir actualmente”, lamentó. “Está siendo destruido por una presión económica de UTE de hacer esas inmensas torres, cuando en realidad estamos en el medio del campo, en el Este, en el oeste, en el sur y en el norte del campo, es también campo, son otras estancias, ¿por qué cruzar un lugar que ya tenía condiciones para ser tenida en cuenta como un lugar a conservar históricamente?”, argumentó. Para Morató, además del paisaje, se afecta “cualquier posibilidad de encontrar algo indígena también, porque son máquinas de alto porte que entraron, pisaron todo el terreno y empezaron a hacer los pozos. Yo me acordaba de cuando Isis hizo su califato y lo primero que hizo fue destruir la parte histórica anterior, como diciendo acá empezamos nosotros”.
