El presidente del Frente Amplio reclama la renuncia de los ministros del Interior, Luis Alberto Heber, y de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, por las derivaciones de los casos del excustodio presidencial, Alejandro Astesiano y el narcotraficante Sebastián Marset. Argumenta que “la salud democrática se irá empeorando” y reclama acciones más directas del presidente Luis Lacalle Pou.
Mientras los legisladores de la oposición mayoritaria aseguran riesgos en la institucionalidad, continuamente se presentan “filtraciones” de las investigaciones de ambos casos, con divulgaciones constantes de chats y declaraciones contenidas en los expedientes que impiden ver un panorama claro.
En varios sentidos, la opinión pública recibe en forma permanente un bombardeo de avances que crea una justicia paralela, con la nominación de “culpables” o “inocentes”, bastante antes de lo que resuelva la Fiscalía en su investigación. Y ni que decir, antes de que llegue a manos de un juez.
La información segmentada y dosificada en cuentagotas, asombra incluso a los legisladores. Es el espectro político el que se muestra sorprendido y reconoce que se entera de los hechos a medida que lee los titulares en la prensa.
Así conoce los chats divulgados entre el subsecretario de Interior, Guillermo Maciel y la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, sobre la “peligrosidad” de Marset y la inconveniencia que resulte liberado en Emiratos Árabes a través de la entrega de un pasaporte. Y es en base a la divulgación de esos diálogos personales que el sector político de Ache le pide explicaciones y resuelve.
Las fichas personales de los senadores frenteamplistas Charles Carrera y Mario Bergara por parte de la empresa Vertical Skies, las explicaciones del CEO de dicha empresa, o las renuncias de jerarcas policiales involucrados en pedidos de traslado o acceso a determinada información, han alertado sobre la vulnerabilidad de la publicación de un documento y su necesaria confidencialidad. En principio, para evitar entorpecer cualquier tipo de investigación, algo que –de plano– ya ocurrió en estos casos.
Es, también en medio de este incómodo ida y vuelta, que el presidente Lacalle Pou aclara que no quiere la cabeza de nadie y niega –una vez más– que algún integrante de su gobierno haya mentido en el Parlamento. Porque mientras el oficialismo y la oposición reclaman una mayor claridad, lo hacen presa de la ansiedad y los reclamos de la opinión pública, que está fogoneada por estrategas políticos que utilizan el tema en cuestión para provocar una mayor alarma pública a la ya existente.
Es que, en definitiva, cuesta percibir que funcionan tanto la institucionalidad, así como el Estado de Derecho. Lo que ocurre, una vez más, es la diferencia entre los tiempos políticos, los jurídicos y los electorales. Mientras cada uno cumple un rol diferente, existe una impresión errada sobre la inmediatez de aclarar y salir del paso.
Este arduo y pesado manejo de la información no entra en la discusión de la libertad de prensa ni de expresión en ningún sentido, sino en la estricta garantía de la confidencialidad que merecen las partes afectadas ante cualquier circunstancia. Porque –una vez más– está en curso una investigación.
Hoy en día, la opinión pública discute y toma partido en base a las divulgaciones de partes aisladas de contenidos. Porque se titula con lo más jugoso y sustancioso del tema. La fiscal encargada del caso Astesiano, Gabriela Fossati, pide “repensar” la legislación basada en el Código de Proceso Penal; de lo contrario no es difícil que sigan las filtraciones.
Es que en plena investigación acceden los fiscales, imputados, las víctimas y defensores. Entonces, vale la pregunta que cuestiona: quién se salva de esta debilidad y quién permite que el sistema brinde la transparencia necesaria para que no impacte en la efectividad de las líneas de investigación.
Ese punto en cuestión lo plantean desde la Asociación de Fiscales, pero no es visible en el espectro político que no aprendió a esperar, ni tampoco en quienes ganan el titular, a sabiendas de las variadas afectaciones en los involucrados.
En este sentido, la pesunción de inocencia en el Derecho Penal se extiende hasta que una sentencia firme considere lo contrario y los políticos sorprendidos lo saben, porque en su mayoría son abogados.
En cuanto a la opinión pública, esta se ha acostumbrado a las condenas sociales que empiezan en las redes y terminan en reacciones poco felices, sin entender que forman parte de una suerte de juicio paralelo.
¿Estos hechos denunciados son graves? Sí. ¿Más graves que otras circunstancias políticas por las que atravesó el país en tiempos democráticos? No.
Cuando renunció el ex vicepresidente Raúl Sendic por “motivos personales” nadie hizo uso de la palabra en el recinto parlamentario, a pesar del desasosiego que tenían algunos por usar el micrófono, porque era un acuerdo político que respetaron todos los partidos. Hoy habla todo el mundo y en esa maraña de declaraciones, la única rehén es la verdad.
Mientras el espectro político sigue preso de sus propias ansias, desde afuera ven a Uruguay con otros ojos. El Instituto Mesías-Inteligencia de Marca España, ubica a Uruguay entre los 20 mejores gobiernos del mundo. Describe que el país tuvo “una escalada progresiva y sostenible en buen gobierno a lo largo de los últimos veinte años”. Es, además, el mejor gobierno de América Latina, con “el sistema democrático más avanzado de la región” y detrás de Uruguay están Chile y Costa Rica.
Nada de esto se logra de la noche a la mañana, sino que todo forma parte de un proceso que comenzó cuando la región atravesaba por una imponente crisis institucional y económica en el año 2000. Y aún allí, hubo seguridad y solidez democrática.
No hay lugar para especulaciones ni dobles lecturas. Es comprensible el apuro ante la pronta llegada de 2023, que será un año preelectoral. No obstante, los protagonistas de los tiempos que vienen deben necesariamente estar a la altura de las circunstancias. Con algo de paciencia se darán cuenta que son ellos mismos la base de esa institucionalidad que temen perder.
