Un grupo de ediles del Frente Amplio, representados legalmente por el abogado Federico Álvarez Petraglia presentaron ante la Fiscalía Letrada Departamental de Paysandú, presentó una denuncia penal ante “un hecho de apariencia delictiva, a efectos que se adopten las medidas de instrucción necesarias para su esclarecimiento”, en referencia a las circunstancias de la contratación de la Fundación A Ganar, entendiendo que la Comisión Investigadora de la Junta Departamental no pudo cumplir ese objetivo.
Los ediles Andrés Imperial, Verónica Villarreal, Washington Daniel Gallardo, Julio Retamoza, Mabel De Agostini, Dany Gerardo Collazo, Paola Karina Ifrán, Emerson Arbelo y Nelly De Agostini, presentaron la denuncia penal estableciendo que en la Investigadora resultó imposible conocer “el accionar del gobierno departamental” por sus autoridades, ni las de la fundación ni de Adeyom “pudo aclarar el entramado que se generó para la contratación de esta fundación, la que fue duramente cuestionada por el Tribunal de Cuentas de la República en un informe lapidario, que ha pretendido ser invisibilizado por el gobierno departamental”.
“Desde el punto de vista de los ediles de la minoría que integramos la Junta Departamental, estamos ante una maniobra que merita ser investigada en profundidad” y que “constituye un cúmulo increíble de irregularidades cometidas por los funcionarios actuantes, los que no respetaron las normas establecidas en el ordenamiento vigente para contratar, habiendo desplegado conductas reñidas con la objetividad, imparcialidad y transparencia, habiendo realizado un llamado a licitación absolutamente irregular, en perjuicio del Estado y de los ciudadanos”.
Desde el punto de vista de los denunciantes eso puede incurrir en el delito previsto en el artículo 161 del Código Penal, Conjunción del Interés Personal y del Público que prevé un castigo de seis meses de prisión a tres años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a cuatro años y multa de 10 UR (unidades reajustables) a 10.000 UR. Caso contrario, podrían ser castigados por Abuso de Funciones en Casos no Previstos Especialmente por la Ley, establecido por el artículo 162, con prisión de tres a veinticuatro meses, e inhabilitación especial de dos a seis años.
La parte denunciante pide se reciba la declaración del intendente Nicolás Olivera, el secretario general Fermín Farinha, los directores del INAU Natalia Argenzio y Aldo Velázquez, quien fuera secretario general de Adeyom durante el proceso licitatorio Nicolás Yapur, Alejandro Rey de la Fundación A Ganar y la edil departamental Sabrina Buono, porque publicó en su cuenta de Facebook “previo a que se abriera la propuesta y se adjudicara la licitación que esta se iba adjudicar a una fundación”.
Se sostiene que la Intendencia “manejó sin mayores escrúpulos sus intenciones de ahorrar a como diera lugar catorce millones de pesos de aportes patronales provenientes de los trabajadores municipales que prestaban tareas en los CAIF”, pero además con esa acción, destacan los ediles del Frente Amplio, “el Ejecutivo departamental ha introducido un mecanismo de precarización del trabajador municipal, el que ya no es contratado en función pública ni como eventual sino como trabajador de una fundación que se lo suministra a la Intendencia, ‘ahorrándose’ un conjunto de aportes a la seguridad social de trascendencia. Lo que es peor, sometiendo a estos trabajadores a un régimen de absoluta precarización, de contratos basura, de inestabilidad laboral permanente, todo lo cual ha significado para estos sanduceros un profundo cambio regresivo en sus condiciones de vida y de estabilidad laboral e incluso emocional”.
“A todo este cúmulo de arbitrariedades, se debe sumar las cantidades millonarias que la Intendencia le abona a la fundación por concepto de honorarios por hacer una tarea que la ha realizado y la sigue realizando la propia Intendencia, tratándose esta fundación –tal como se ha dicho– de un hombre de paja puesto para defraudar al Estado y para justificar el pago de ingentes cantidades de dinero a amigos políticos de la actual administración”, agrega la denuncia.
Asimismo, tras constatar que los llamados de las Intendencias de Paysandú y Durazno fueron “calcados, donde quien copió ni siquiera cuidó no repetir las faltas de ortografía, las preguntas son muchas; ¿cómo surgió en dos intendencias blancas la misma necesidad? ¿Cómo lo canalizaron en forma idéntica, con las mismas palabras? ¿Por qué realizar estos llamados a fines de 2020, con escasa publicidad, con un corto período de apertura?, máxime si se descuenta los días inhábiles de las fiestas tradicionales, y con la rareza de que exista un único oferente en ambos llamados: la multi citada Fundación A Ganar”.
“Creemos no equivocarnos al pensar que, si existiera un entrecruzamiento de llamadas entre los jerarcas involucrados y los directivos de A Ganar, seguramente podríamos llegar a desentrañar un tráfico frenético en esos días, que puede dar pie a una investigación con base en una posible violación a la igualdad de oferentes, la publicidad de la contratación del Estado, encuadrando la situación en alguna norma penal”, destacan más adelante los ediles del Frente Amplio en la denuncia que ingresó en la víspera a Fiscalía.
