La Mesa de Diálogo, convocada por productores y vecinos de Paysandú y Río Negro, afectados por los incendios forestales, presentó un proyecto de ley que actualiza la normativa para la prevención de incendios forestales. En dicho espacio, participaron autoridades nacionales, departamentales, empresas forestales, la Universidad de la República y otras instituciones, que constataron incumplimientos de las normas de prevención y de fiscalización previstas. Así como una normativa insuficiente para regular la creciente expansión de la actividad forestal a nivel nacional.
En el proyecto, presentado ante la comisión de Ganadería y que posteriormente se trasladó al plenario de la cámara, sólo se modificó la distancia de los cortafuegos, que en la actualidad es de 12 metros. La propuesta de las organizaciones planteaba 50 metros y la comisión aprobó 25 metros.
La mesa consideró que “si bien es un avance con respecto al presente, la comisión optó por un acuerdo transaccional, mientras que la propuesta original se basó en la experiencia de incendios forestales en países como Chile y Estados Unidos”.
Las organizaciones de la sociedad civil aguardan que ambas cámaras “confirmen a la brevedad el rumbo trazado”, con el fin de “contar con una nueva ley adaptada a las exigencias y riesgos propios de la actividad forestal, que se suministren los recursos y se pongan en práctica a la brevedad las medidas correspondientes para llevar la necesaria tranquilidad a los productores rurales y pobladores vecinos de las plantaciones”.
Largo proceso
Los productores Javier Dalmás y Santiago Schneider, integrantes de la mesa y convocantes a este espacio inmediatamente después de ocurridos los incendios, manifestaron su “satisfacción después de un largo proceso”. Una vez movilizados, “vimos que era necesario constituir una mesa de diálogo integrada por todo el sector forestal, la institucionalidad, los vecinos afectados y la Universidad, que se prestó a conducir esa mesa de diálogo. Funcionó durante todo el año y uno de los productos finales es este proyecto de ley elaborado en base a todo el conocimiento acumulado durante este año, y es un logro colectivo de las organizaciones sociales en el territorio”, dijo Dalmás a EL TELEGRAFO.
“Quienes convivimos con la forestación, y resalto la palabra convivencia porque desde hace décadas establecemos negocios y relaciones de convivencia con la forestación, vimos que faltaba una regulación más estricta y más ambiciosa que nos protegiera de otra manera contra los incendios. En definitiva, sabemos que los incendios son parte del modelo productivo forestal. Siempre estamos expuestos a los incendios en la pradera de los productores agrícolas, que es más fácil de controlar, pero existen”. Explicó que “la forestación es parte del asunto, así que este logro es colectivo porque da una amplitud desde las bases sociales, comunidades y organizaciones que, en definitiva, sacamos adelante este proyecto”.
Igual que antes
Schneider resaltó varios aspectos de la iniciativa, “pero uno de los principales es establecer un área importante, limpia, libre de árboles en la cercanía de los poblados. Hablamos de unos 500 metros y de los establecimientos rurales serían unos 150. Es importante tenerlo en cuenta porque en la situación en que se dio, tuvimos total desamparo”. Explicó que “en el caso de los cortafuegos, llegarían a casi el doble de lo que estaba establecido y eso es fundamental. Nos permite disponer de un área mayor para poder enfrentar un ocasional incendio y mantener las áreas en condiciones”.
Reconoció que en los últimos meses, “hubo mejoras” a raíz del trabajo efectuado por las juntas locales, autoridades y empresas. “Pero estamos muy lejos de estar tranquilos. El proyecto de ley recién está en camino y la limpieza actualmente es lejana a lo ideal. Si tenemos en cuenta a las banquinas, que le corresponde al Estado, están como siempre y no hubo un gran trabajo. En los demás aspectos, no hubo adecuado manejo de la situación. Es un proceso y uno pretende que vaya cambiando, pero nuestra zona es de riesgo. Sobre todo cuando las condiciones del clima son parecidas al año pasado, con un déficit hídrico importante”.
Replantadas
Dalmás evaluó que “como vecinos vemos que las decenas de miles de hectáreas que se quemaron fueron rápidamente replantadas. Se cortaron todos los árboles que se quemaron y se planta de nuevo sobre la misma matriz y de la misma forma sobre la que estaban los cultivos antes del incendio. O sea, evidentemente las empresas no están aplicando algún aprendizaje que pudieron tener”.
El productor consignó que las empresas “se remiten a la ley tal cual está hoy por hoy. Por eso, la necesidad de una nueva que sea más ambiciosa. El proyecto de ley tiene media sanción, y se supone que tiene las mayorías para ser aprobadas en el Senado. Después se disponen 90 días, como lo establece la Constitución, y a partir de allí deberían empezar a plantar de acuerdo a la nueva normativa”.
Abogó por finalizar “cuanto antes el proceso en el Senado” que comenzó “el primer día después de los incendios, cuando generamos un espacio de diálogo social importante para cambiar esto”.
