(Búsqueda-ASSE)
Entre junio de 2021 y octubre de 2022, la empresa ITHG Proveedores Marítimos SAS, dedicada a proveer de insumos en el rubro naval, le facturó a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) 534.779.424 pesos por 39.246 traslados médicos luego de un llamado a precios realizado por el organismo durante la peor parte de la pandemia de COVID-19, a pesar de no tener experiencia en el rubro.
En agosto de 2021, el director de SAME 105 –servicio de emergencias móviles de ASSE–, José Antonio Rodríguez, le envió un correo al gerente general de ASSE, Eduardo Henderson, en el que manifestaba “no encontrar quién satisfaga” la demanda sobresaturada a raíz de la pandemia.
Consultado acerca de esto, Rodríguez señaló que se solicitó “simultáneamente” a “empresas de nuestro medio”, como SEMM, SUAT o IAM, además de a ITHG, para que cotizaran “la disposición de cinco ambulancias especializadas medicalizadas y cinco no medicalizadas a la orden de SAME”; sin embargo, un pedido de acceso a la información hecho por la diputada frenteamplista Lucía Etcheverry reveló que ITHG fue contactada antes que SEMM y SUAT.
De todas formas, Rodríguez diferenció entre “insumos” y “servicios de traslado”, y sostuvo que esta empresa “provee vehículos, recursos materiales y recursos humanos”, pero que es el SAME el encargado de la logística y ejecución, puesto que ITHG no figura en la lista de empresas habilitadas para traslados especializados dentro de Uruguay.
Si bien reconoció que no se siguieron los procesos licitatorios habituales, que requieren meses, se optó por un mecanismo novedoso: en vez de comprar los servicios, se alquilaban ambulancias y de ser necesario recursos humanos (estos últimos naturalmente habilitados para ejercer por el MSP). Apuntó también que tampoco se podía importar en forma rápida ambulancias, debido al contexto global, a lo que se sumaba la demora.
En todo momento, según Rodríguez, el SAME controló y evaluó tanto las ambulancias alquiladas como los servicios prestados en caso que también se recurriera a recursos humanos, ya que como se recordará, el personal de salud tenía un altísimo porcentaje de ausentismo debido a las cuarentena y contagios por COVID-19. De esta manera se optimizaron recursos y agilizaron traslados.
Asimismo, la compañía tampoco cuenta con una habilitación de la Dirección General de Salud ni figura que esté en un trámite dentro del Ministerio de Salud Pública, según otro pedido de acceso cursado por Etcheverry.
“Esto fue como alquilar una ambulancia por un lado, un cardiodesfibrilador por otro, recursos humanos en otro lado y uno, que sí tiene la autorización, brinda el traslado”, explicó Rodríguez, y agregó que en este momento se compran “insumos para diferentes servicios a unas 43 empresas, de las cuales esta es una más”.
Etcheverry entendió que se trata de “una situación absolutamente irregular, fuera de toda norma”, y señaló que existe una “normativa específica del Ministerio de Salud Pública para habilitar empresas de traslado sanitario, sobre todo el especializado”, y que en el caso de ITHG “no se cumple con ninguna norma”.
“Estamos hablando de un gasto de más de 500 millones de pesos destinados a una empresa cuando ASSE se da el lujo de no cumplir ninguna garantía de la calidad asistencial”, agregó. Contó que está analizando cómo proseguir, “sin descartar ningún mecanismo” de acción, como un llamado a sala a las autoridades de ASSE, por entender que es “una responsabilidad total del Directorio”, que “avala que no cumplan los requisitos”.
DIRECTOR DE POLICÍA PROHIBIÓ OPINAR SOBRE RECLUTAMIENTO DE EXRECLUSOS
(LA DIARIA)
Tras el aumento de 25,2% de homicidios en 2022, el Ministerio del Interior anunció a través de un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un plan para reducir los homicidios que se basa en el reclutamiento de personas que estuvieron privadas de libertad para trabajar en la prevención de estos delitos.
Diego Fernández, director de la Policía Nacional, envió un audio, al que accedió en el que prohíbe expresamente a todos los jefes y directores de la Policía opinar sobre el tema: “A los señores jefes y directores, para tener uniformidad en criterios: ante cualquier pregunta, tanto de periodistas como de políticos, o cualquier persona que pregunte sobre la idea que el ministro dio a conocer ayer de, con el préstamo del BID, trabajar con referentes barriales para evitar los homicidios y trabajar con exreclusos, cero comentario, no hagan ningún comentario, ni a favor ni en contra. Nada, cero comentario”.
Patricia Rodríguez, presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo-Uruguay, comentó al respecto de la prohibición de Fernández en Twitter: “La lechuza, la lechuza hace shhhhh, hace shhhh, todos calladitos, todos calladitos, como la lechuza que hace shhhh, que hace shhhhh. Si se filtran esos audios, no pudieron hacer callar mucho, por suerte o por derecho algunas prácticas ya no funcionan, deberían ya saberlo”.
PRECIOS DE COMBUSTIBLES SE MANTENDRÍAN
(SUBRAYADO)
El vicepresidente de Ancap Diego Durand estimó que “si no hay nada extraordinario” en lo que queda de enero, el precio de los combustibles se podría mantener en febrero sin cambios.
“El barril ha tenido algún leve movimiento al alza. Todavía no cerramos los números de Ancap, que se presentan al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene la última palabra. Los números también se presentan por parte de la Ursea”, explicó el jerarca a Subrayado, y agregó: “Podría haber un mantenimiento en los precios al público, hay que ver las tendencias, y si no ocurre nada extraordinario”.
“La tendencia al día de la fecha es lo que estamos revisando y si no hay nada extraordinario esta sería un poco la situación”, concluyó.