Se encuentran en estudio parlamentario proyectos, provenientes de distintas tiendas políticas, que apuntan a contemplar o eventualmente generar soluciones para situaciones de endeudamiento que datan de hace muchos años, y que por ende involucra a todos los gobiernos de por lo menos los últimos 15 o 20 años, sin darse las respuestas que esperan quienes sienten que se encuentran entre la espada y la pared debido a que no están en condiciones de hacer frente a sus compromisos.
Debe tenerse presente que cuando hay una deuda, por decir algo de Perogrullo, es porque alguien la tomó aceptando determinadas condiciones, establecidas fehacientemente en la documentación respectiva, en base a reglas de juego que respondían en su momento a las condiciones del mercado en lo relacionado con el monto, plazo de pago e intereses, así como de la moneda o parámetro establecido en cuanto a la forma de hacerlo, ya sea moneda nacional como dólares o eventualmente unidades reajustables tomando en cuenta salarios o IPC, llegado el caso.
Por supuesto, sobre todo en un país como Uruguay –ni que decir si se tratara de la Argentina– el establecer condiciones a largo plazo, como es el caso de los pagos correspondientes a la compra de viviendas, que se extienden por 20, 25, 30 años, es un factor de riesgo adicional ante los cambios de situación que precisamente influyen en el valor de las unidades e incluso del dólar en la relación con los parámetros de la economía, incluyendo naturalmente salarios, prestaciones, relación cambiaria, poder de compra, etcétera.
Bueno, este es precisamente el origen de la encrucijada en que se encuentran desde hace muchos años grupos de deudores del Banco Hipotecario del Uruguay y más recientemente de la Agencia Nacional de Vivienda, tema este del que se ocupa reciente nota EL TELEGRAFO, en la que además se dan a conocer conceptos vertidos al respecto por el senador nacionalista Daniel Camy.
Debe tenerse presente que en los últimos dos años se presentaron tres proyectos en la Cámara de Senadores para abordar una solución a los deudores del Banco Hipotecario (BHU) y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) que, según datos estimativos, involucra a unas 24.000 personas.
Una iniciativa corresponde al senador colorado Germán Coutinho, otra a los senadores de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, Guillermo Domenech y Raúl Lozano y en mayo del año pasado ingresó el último proyecto de ley, a cargo de los nacionalistas Sergio Botana y Carlos Camy. En la Comisión de Vivienda de la cámara alta, los legisladores de la coalición acordaron unificar la iniciativa y apoyar el proyecto en cuestión, si “soluciona” el problema.
La iniciativa presentada por el nacionalismo plantea que las deudas en unidades reajustables (UR) para aquellos que pagaron más de 170 cuotas se podrán congelar en pesos. Dispone que el deudor, continúe pagando con el plan de cuotas que tenía vigente y se cancelará la deuda al momento en que finalice totalmente o cuando se paguen 120 cuotas sin atraso.
El artículo 3 de los cuatro que tiene la ley, limita la cuota al 30% del ingreso familiar. En caso de que cambie el ingreso, el deudor deberá comprobar que la cuota supera el tope y solicitar un cambio de plan de pago. El último artículo define qué se entiende por retraso o no, para que se mantengan los beneficios.
En su exposición de motivos, Camy y Botana enfatizan en el incremento de la UR por encima de la Unidad Indexada (UI). “Si tomamos como base el año 2007, cuando se creó la ANV, la diferencia es del 50%”.
Además, suman el inconveniente de los colgamentos generados entre los años 1984 y 1989. “En la reapertura democrática hubo una suba importante en los sueldos nominales, con lo que las cuotas en UR también aumentaron y se generaron los colgamentos para no agobiar tanto a las familias”. Agregan que “no está demás decir que el 75% de quienes forman el movimiento de deudores es gente mayor y que estos pagaron tres o cuatro veces su vivienda”.
Una situación muy atendible para quien la sufre, por supuesto, desde que por regla general se trata de personas que han tenido por esta vía la única posibilidad de acceder a un techo propio, entre muchas situaciones, y que se han encontrado con que la moneda en la que contrajeron la deuda en su momento –la UR– les servía, porque se hacía en base al promedio salarial de la época, pero les resultó complicada años después en el repago porque los salarios tuvieron un reajuste mayor que la inflación del período, y entre otras cosas, la deuda les creció en la relación con el valor del dólar. En suma, la UR era una herramienta para mantener la relación de pago con los ingresos respecto al monto prestado y los demás parámetros de la economía, solo que al cambiar el escenario, y con la recuperación de los salarios, dejó de ser conveniente el repago de la deuda en esta unidad.
Con este panorama, los legisladores que promueven el proyecto consideran que “no pretendemos que por solucionar este tema las nuevas generaciones se vean impedidas de acceder a la vivienda, ni que se desfinancie el Banco Hipotecario del Uruguay o la Agencia de Vivienda. Por esto es que presentamos una solución que pretende ser justa y responsable con los deudores pasados, presentes y futuros del sistema”. La diferencia con los proyectos ya presentados anteriormente es que no decreta la nulidad de la deuda. La propuesta de los nacionalistas la congela, pero no establece un perdón sino que facilita el pago. La iniciativa de Botana y Camy contaría con una mayor aceptación en el Ministerio de Economía y Finanzas.
Bueno, este es el punto precisamente, porque cuando hay un deudor y un acreedor y se modifican las reglas de juego ante el devenir de los acontecimientos, el “meter la cuchara” implica intervenir en favor de uno u otro –en este caso del deudor– por razones entendibles y a menudo compartibles, pero en un marco que quebranta sin dudas lo pactado en su momento para la operación.
Por cierto, hay que ponerse también en los zapatos de quien acordó en su momento un plan de pagos determinado y luego se encontró con que con el paso del tiempo la evolución de la UR lo llevó a pagar más de lo que era o es el valor de la vivienda, y que ello se da a través del contrato con la parte acreedora, que es un banco del Estado. Por ende, quiérase o no, sujeto a decisiones políticas, porque una cosa muy distinta sería si fuera con un banco privado, donde el incumplimiento va derecho a la ejecución del bien inmueble, llegado el caso.
Asimismo hay que tener en cuenta, como bien señalan los legisladores, que el dinero correspondiente a los pagos de cuotas al organismo acreedor va a sumarse al monto de lo que éste dispone para a su vez reciclar dinero en nuevos préstamos para sectores que también tienen como meta el poder adquirir total o parcialmente su vivienda propia, por lo que la ecuación se amplía en cuanto a las consecuencias de revisar lo acordado para beneficio o por lo menos restar perjuicios a una de las partes.
Lo que indica que la solución política –porque eso es lo que se busca a través del Parlamento– debe tomar en cuenta estos elementos, los sopese debidamente y se genere una respuesta lo más justa posible –siempre quedará una prenda del apero por el camino– pero sin que se termine en un “perdonatutti”, porque esta sería poco menos que una burla, además, para quienes, pese a los inconvenientes sufridos, igualmente han cumplido a rajatabla y no sin gran esfuerzo, a lo largo de los años, con lo que habían pactado.