Durante los pocos días que han transcurrido desde el hallazgo de los cuerpos de Giulana Lara y su hijo Mateo Miños, nuestro departamento y todo el país se han visto profunda y sinceramente conmovidos por un sentimiento que combina horror, tristeza, impotencia y desazón. La ferocidad de los asesinatos cometidos no hace más que agravar el estado de shock que nos afecta a todos sin distinciones, pero si ese dolor tiene un carácter tan generalizado, igual característica debería tener nuestra responsabilidad colectiva hacia el futuro.
Resulta lógico que ante este tipo de crímenes los seres humanos tratemos de buscar, más allá del autor material, responsables institucionales que a través de sus acciones u omisiones hayan facilitado tan lamentable desenlace. En estos casos la lista de instituciones o funcionarios a los cuales culpar no es larga, pero en ella se repiten tres protagonistas inmediatos y principales: la Policía, el Poder Judicial y la Fiscalía.
El dolor (cuando no la furia) y la carencia de acciones inmediatas y contundentes en las investigaciones y recolección de pruebas (inmediatez que muchas veces supondría violentar las normas del debido proceso legal y sobre todo el principio constitucional de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario) constituyen una mezcla explosiva que autoconvoca multitudes enardecidas cuyo dolor es legítimo al igual que el ejercicio de su libertad de expresión, pero cuyo proceder no aporta soluciones concretas para tan terribles crímenes. Todo ese esfuerzo y despliegue movilizador debería haber tenido lugar antes y no después de los horrendos hechos que hoy todos lamentamos.
Resulta muy fácil quejarse del proceder de policías, jueces o fiscales y cualquier ciudadano tiene todo el derecho de hacerlo. Desde estas páginas editoriales hemos cuestionado en muchas ocasiones las demoras –cuando no, la falta de sentido común– de algunas acciones del Poder Judicial cuyas resoluciones se dictan tarde, mal o nunca y se aplican con iguales y desesperantes plazos. Lo cierto es que ninguno de los funcionarios mencionados puede comenzar a ejecutar las tareas para las cuales ha sido capacitado y se le paga un sueldo si antes no se denuncian a través de los canales correspondientes las situaciones contrarias a la ley, en este caso episodios de violencia doméstica entre el hermano de la víctima hacia ésta y su pequeño hijo. Esta premisa básica se aplica también a este caso: la propia fiscal, Cecilia Irigoyen, expresó que “no había ninguna denuncia previa de la hermana hacia el hermano”, aunque sí se ha constatado que el mismo tiene un antecedente penal por cohecho y varias indagatorias por molestias hacia una expareja.
Es importante tener en cuenta que, de acuerdo con la legislación uruguaya vigente, se entiende por violencia doméstica las conductas que limitan a una persona para ejercer o gozar libremente de sus derechos humanos, causada por otra persona con quien tenga o haya tenido un noviazgo o una relación afectiva de cohabitación cuyo origen sea el matrimonio, el concubinato o la convivencia por parentesco. En relación con la violencia hacia las mujeres basada en género, Uruguay define la misma como toda conducta cometida por particulares, instituciones privadas o agentes del Estado que, sustentada en una relación desigual de poder en base al género, tiene como fin o resultado disminuir o anular los derechos humanos o las libertades fundamentales de las mujeres. Se trata de una forma de discriminación que afecta la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica y la seguridad personal de las mujeres. Existe en nuestro país una abundante legislación protectora sobre esta materia, la cual se complementa con una red de instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales tanto nacionales como departamentales, cuya finalidad es prevenir este tipo de conductas y brindar apoyo a sus víctimas.
Si nuestro país cuenta con instituciones abocadas a este tipo de situaciones, cuyo accionar está enmarcado en un sistema normativo actualizado y que refleja tendencias a nivel mundial ¿que es lo que necesita para que estos hechos no se sigan repitiendo y qué es lo que está faltando para que tales autoridades puedan actuar de manera rápida y efectiva para evitar tan horrendos desenlaces? La respuesta es simple pero no nos gusta escucharla y mucho menos asumir las obligaciones que ella conlleva: lo que se precisa es que cada uno de los integrantes de nuestra comunidad asuma sus deberes ciudadanos y actúe en beneficio del bienestar, la integridad física y la propia vida de sus semejantes. Lo que se precisa es compromiso.
Se pueden realizar muchas manifestaciones callejeras, todas ellas bienvenidas porque ayudan a visibilizar un fenómeno cultural y sistemáticamente silenciado, pero no resultan suficientes: hay que denunciar a través de los canales correspondientes las situaciones en las cuales se produzcan episodios de violencia familiar o violencia de género. No se puede dar vuelta la cara y mirar para otro lado.
Y en esto hay que ser muy claro: muchas veces las víctimas se encuentran psicológica, emocional, económica o físicamente impedidas de realizar denuncias, ya sea porque no tienen un lugar alternativo adonde ir a vivir o porque dependen económicamente de su agresor. Un círculo doloroso que muchas veces termina con la victima lesionada o muerta porque ningún vecino, amigo, compañero de trabajo o familiar tuvo la valentía de denunciar esos hechos violentos. Las víctimas de estas situaciones viven literalmente en un infierno y lo menos que podemos hacer como ciudadanos, pero también como seres humanos es realizar la denuncia que permita que la Policía, o el Poder Judicial o la Fiscalía tomen conocimiento de los hechos y puedan actuar. Estas instituciones necesitan de nosotros para poder actuar, porque muchas veces no cuentan con los recursos materiales o humanos para actuar de oficio y por ello estas denuncias se transforman en el necesario puntapié de un proceso que puede salvar vidas humanas. Nada más y nada menos.
Sacudámonos de los prejuicios y las supuestas verdades que se han transmitido de generación en generación tales como que “no hay que meterse en casa ajena por ningún motivo” o que “él le pega porque la quiere y es su forma de demostrarlo”, “si se pone celoso es porque la quiere” o la tan mentada “cada casa es un mundo”, esta última con el agravante de constituir una coartada perfecta para lavarnos las manos y subir el volumen del televisor para no escuchar los gritos de la vecina o el vecino víctima de violencia familiar.
Estas líneas no pretenden pintar un mundo de color de rosa a nivel de las actuaciones policiales, judiciales o fiscales en materia de violencia doméstica o de violencia de género, pero sí pretenden que el ciudadano de a pie reflexione y comience a aportar su granito de arena en su entorno más inmediato para ayudar a terminar de una vez por todas con este lamentable fenómeno.
La denuncia es el primer paso para que los organismos competentes puedan comenzar a actuar y esa instancia inicial es un deber de todos, en protección de quienes hoy fueron Giuliana y Mateo, pero que mañana podrían ser nuestros seres más queridos. Dejemos de mirar para otro lado. Es hora de actuar con responsabilidad colectiva. → Leer más
Hoy se concretará una inspección por parte de una empresa especializada a fin de evaluar el estado del cielorraso entre las columnas de la fachada de la Basílica Nuestra Señora del Rosario y San Benito de Palermo, que sufrió un desprendimiento parcial este fin de semana.
