El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad, pone en marcha un nuevo sistema en el Programa de Asistentes Personales que por un lado mantiene un elevado número de solicitudes sin resolución pues los casos aún no han sido estudiados, y por otro tiene deficiencias jurídicas en la relación entre los beneficiarios y los trabajadores.
“Hubo voces diciendo que las cosas no estaban funcionando bien, pero en realidad por un lado tuvimos que hasta abril de 2021 no se podía hacer las valoraciones en domicilio para ingresar al sistema y por otro lado desde mayo de 2021 se trabaja en establecer un cambio en el programa de asistentes personales que signifique una mejora cuantitativa y cualitativa del servicio que se prestaba”, dijo Nicolás Scarela Cordone, secretario nacional de Cuidados y Discapacidad.
Junto al sistema nuevo que impulsa el Mides, se mantiene el actual sistema, coordinado desde el BPS que tiene una lista de cuidadores personales registrados. Pero tiene “una inestabilidad jurídica en la relación que se genera entre el cuidador y la persona o familia que genera el cuidado. Hay falta de control estatal porque el BPS otorga la prestación social que se transforma en el salario del cuidador, pero no ocurre lo mismo –mayormente– cuando se trata de despidos. Muchas veces no se daba el servicio correspondiente o las relaciones terminaban mal, pero por el carácter privado de la relación, las personas beneficiarias eran las que debían afrontar el despido y no podían hacerlo, en primer lugar por su situación socioeconómica muy vulnerable”.
Cuando eso ocurría “el cuidador, como trabajador, no cobraba. Personalmente no he conocido ningún trabajador que haya cobrado por ese sistema”.
Desde el comienzo del actual período de gobierno se viene trabajando en establecer otra manera de trabajo, que beneficie en mayor medida tanto al trabajador como al beneficiario. Recientemente “se ha establecido un plan piloto con un nuevo modelo de gestión, que implica generar una persona jurídica. En Paysandú, a través de cooperativas sociales, que reciben apoyo a través de Inacoop”, destacó Scarela.
Esto permitirá solucionar la situación que se venía repitiendo “en la que el beneficiario no puede pagar un juicio laboral, y el trabajador queda sin empleo y sin despido. Hay que considerar que a estas personas empleadoras la justicia laboral no discrimina, sea una cadena multinacional o un individuo que no es una empresa ni sabe manejar personal ni conoce de leyes sociales”.
El cambio de modelo de gestión permitirá que sea la cooperativa la que recibirá el contrato y lo administrará. “Esto no quiere decir –aclaró Scarela– que el beneficiario reciba una persona diferente cada día, pero si la interacción interpersonal no funciona, en vez de despedirla, solicitará que se envíe a otro socio cooperativista y la persona no pierde su fuente laboral, sino que vuelve al mercado. Estamos convencidos que esta modalidad será sumamente exitosa, aun cuando actualmente está en una etapa muy incipiente”, explicó Nicolás Scarela.
Las cuidadoras están sindicalizadas en el Sindicato Único de Asistentes Personales, vinculado a Fuecys (Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios), pero no tenían una patronal con la cual establecer relación. “Las trabajadoras sentían una soledad absoluta de no saber a quién presentarle sus problemas. Es que no hay una figura de empleador, era prácticamente inexistente. Buscando fortalecer el sistema para que las trabajadoras también tengan un resguardo, conozcan sus derechos. Por ejemplo, las tareas de cuidado son para atender las actividades de la vida diaria del cuidado personal, eso no significa tareas domésticas. Pero muchas veces se daban situaciones de ese tipo, y es ahí cuando amparamos a que el cuidado no se extienda más allá de lo establecido”.
“Hay que cuidar al que cuida, porque eso va en beneficio del servicio del cuidado que queremos potenciar. Poner a la persona en el centro incluye dar formación a las cuidadoras. Cuando asumimos, había 1.800 sin conocimiento esencial”, subrayó el director nacional de Cuidados y Discapacidad.
“La realidad es que cuando asumimos en 2020, había una demora en la valoración de postulantes para el Programa de Asistentes Personales. A los 13 días de asumir vino la pandemia y se interrumpieron por más de un año las valoraciones de todo. En 2022 pudo retomarse la actividad y ese año hubo récord de valoraciones –2.200–, pero al mismo tiempo se registraron otras 3.000 solicitudes. Entonces tenemos un servicio que tiene muchísima demanda, cada vez más a nivel país, pero que más allá de todo lo que se hace mantiene una demora importante”.
