El contexto es conocido: el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) advirtió en su último informe que todavía hay margen para limitar el aumento de las temperaturas a 1,5 °C sobre los niveles preindustriales a fines de este siglo, pero que cada vez queda menos tiempo para lograrlo.
En medio de esta situación, uno de los países más afectados por el Cambio Climático, el estado insular de Vanuatu, en el Pacífico Sur —que fue golpeado este mes por dos ciclones de categoría 4 en tres días y cuyo territorio está bajo amenaza por el aumento del nivel del mar y la erosión costera— planteó en la Asamblea General de la ONU una iniciativa para introducir el concepto de Justicia Ambiental con la intención de que se constituya en una herramienta más para hacer frente a esta compleja situación.
El estudio del IPCC, recordemos, argumentó que el cambio climático causado por el hombre ya está provocando muchos fenómenos meteorológicos y climáticos extremos en todas las regiones del mundo y en base a esto el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que la ventana para evitar los peores impactos de la crisis climática se está cerrando rápidamente y que quienes están pagando hoy por esta crisis son los países más expuestos, en general quienes menos contribuyeron a generarla.
Fue así que el pasado miércoles se aprobó por consenso la iniciativa de Vanuatu, coauspiciada por más de un centenar de países, y se resolvió elevar una consulta a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre las obligaciones de los Estados con respecto al cambio climático. El texto pretende que se establezcan bases legales para la justicia climática.
En concreto, la Corte Internacional de Justicia deberá emitir una opinión acerca de las consecuencias jurídicas que los Estados deben afrontar por sus “actos y omisiones que hayan causado daños significativos al sistema climático y a otros elementos del medio ambiente”, en perjuicio de los “pequeños Estados insulares en desarrollo” que, “debido a sus circunstancias geográficas y a su nivel de desarrollo, son especialmente afectados por los efectos adversos del cambio climático o son más vulnerables a ellos”, expresa la resolución.
El documento también consulta a la CIJ acerca de “las obligaciones que tienen los Estados en virtud del derecho internacional de garantizar la protección del sistema climático y otros elementos del medio ambiente frente a las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero en favor de los Estados y de las generaciones presentes y futuras”.
Guterres planteó la situación actual como una “injusticia climática”, que pone el riesgo la posibilidad de lograr los acuerdos necesarios entre las naciones y entre generaciones, para lograr revertir el escenario global actual. En este sentido afirmó que las opiniones de la CIJ —el principal órgano judicial de la ONU— tienen una importancia enorme y pueden impactar el orden jurídico internacional y de esta forma ayudar a emprender una acción climática más audaz y fuerte que el mundo necesita “desesperadamente”. “La justicia climática es un imperativo moral y un requisito para la acción climática”, manifestó.
Es apenas el inicio de un proceso, largo, por cierto –porque los plazos en estos ámbitos internacionales lo son– pero necesario, al que seguirá luego una etapa de creación de los instrumentos que permitan que se aplique efectivamente el concepto de justicia climática, que va a ser todo otro universo por explorar. Ahora bien, si el resultado es que los estados responsables —o con responsabilidad compartida con sus empresas contaminantes— pueden “remediar” sus errores haciendo frente a multas apenas testimoniales, poco habrá de cambiar para los habitantes de Vanuatu, que seguirán con el agua al cuello. Los instrumentos deberán tender a que haya una cooperación real con la causa generar de buscar revertir esta dura realidad. Y es que hay casos en los que se puede hablar de una adaptación, como ocurre en las costas del río Uruguay, donde se están empleando recursos para fortalecer la resiliencia de las ciudades y también de los ecosistemas costeros. Pero cuando hablamos de países que son islas que apenas se elevan algunos metros sobre el nivel del mar, el riesgo es la práctica desaparición de estos estados y de sus fuentes de ingresos, en general relacionadas con la explotación de sus recursos marinos a través del turismo y la pesca.
Y si bien desde acá pueden parecernos lejanos estos asuntos y podemos pensar que estamos lejos de ver cómo el mar se engulle parte de nuestro territorio, en realidad debemos recordar que hasta hace pocos días estábamos sufriendo una de las más intensas sequías, que fue además el tercer verano consecutivo con déficit hídrico. Difícil de recordar un antecedente similar. Y qué podemos decir del agravamiento de la intensidad de los fenómenos meteorológicos, si por estos días se cumplen 9 meses del episodio del 11 de julio de 2022, que sufrimos en carne propia.
