El Banco República (BROU) será objeto de un reclamo colectivo por vía judicial, iniciado por más de un centenar de clientes que dicen haber sido “estafados” mediante diversas maniobras, por un monto del entorno de los 500 mil dólares y exigen que la institución responda por esas pérdidas, por considerar que tiene responsabilidad por esos hechos. Las maniobras tomaron estado público a nivel nacional tras la publicación en EL TELEGRAFO, instancia en la cual una de las perjudicadas aprovechó para convocar a quienes como ella se consideran víctimas de la falta de seguridad en el sistema bancario.
Recientemente el diario El País publicó la noticia con una entrevista al abogado del grupo de demandantes y citas recabadas de la comparecencia del presidente de la institución, Salvador Ferrer, en el Parlamento, que permite tomar cuenta de las impresiones a ambos lados del mostrador, desde las instituciones bancarias y desde los usuarios del sistema frente a un problema que, por supuesto, no es exclusivo del BROU ni del sistema bancario uruguayo, ni de sus clientes, por supuesto.
El artículo periodístico agrega, para dimensionar la evolución del problema que se enfrenta, que el año pasado se cuadruplicaron las denuncias por delitos de esta modalidad y los montos por los que sufrieron perjuicios los clientes involucrados, se duplicaron.
Más allá de lo que ocurra en este caso, que sentará un precedente en situaciones de este tipo, la reiteración de ellas y los montos, obligan a pensar que se debe dejar de considerar como descuidos de los usuarios o clientes, y que se debe pensar en adoptar otra actitud frente al problema.
En su comparecencia Ferrer habló de “diferentes modalidades de estafa que las personas han sufrido ‘en sus operaciones’ con el banco que, precisó, nada tienen que ver con los sistemas de la institución”, expresa la publicación. En 2022 hubo “un pico” de un fraude cada 50 mil transacciones, pero este año la tendencia se ajusta a los niveles previos, de una transacción fraudulenta por cada 100 mil. El 63% del dinero, afirmó, logró ser recuperado. En tanto, lo que se pudo recuperar implica unos U$S 2,8 millones desde 2020 hasta hoy. Un promedio de unos U$S 4.500 por cliente afectado, declaró Ferrer, que las consideró “cifras marginales” frente al volumen total de transacciones digitales que procesa el banco. Para quien tiene ahorrados 4.500 dólares y se le desaparecen el número no tiene nada de marginal. De cualquier forma el presidente del BROU se afirma en expresa que en todos los casos se trató de vulneraciones al cliente y no al sistema de la institución, como si ello sirviera alguna forma de consuelo para quien sufrió la pérdida, o de bálsamo para quien tiene los ahorros de toda su vida allí depositados.
En esa reunión el senador Mario Bergara sugirió como posible medida legislativa la posibilidad de implementar algún tipo seguro que cubra a los usuarios ante este tipo de maniobras fraudulentas. De buenas a primeras no parece mala idea, pero hilando un poco más fino surgen preguntas como quién y cómo se debe hacer cargo del costo de ese seguro, por ejemplo, y de si no se presta para abrir otra ventana para que se cometan delitos de fraude. Y queda todavía más por hilar, como la compatibilidad entre la contratación de un seguro y la preservación del secreto bancario, por ejemplo.
De cualquier forma, no se puede decir que no se esté haciendo nada. El tema está sobre la mesa, recientemente el Banco Central dio a conocer una serie de medidas propuestas por un grupo de trabajo que se conformó por iniciativa de la entidad reguladora, en busca de fortalecer la seguridad del sistema. Este grupo estuvo conformado por representantes de diferentes entidades financieras, tanto bancos como emisores de dinero electrónico y el mismo Banco Central. El grupo fue creado, justamente, a raíz de las repetidas denuncias de usuarios por las operaciones realizadas sobre sus cuentas sin su autorización y la verificación de “un incremento significativo de fraudes sobre cuentas, bajo distintas modalidades”. Este grupo presentó una serie de propuestas que se presentaron en cuatro áreas de acción: Fortalecimiento de la Educación Financiera, Mejora continua en materia de detección y monitoreo de fraudes, Canales de comunicación, cooperación e intercambio de información y el Desarrollo de un marco legal y/o fortalecimiento de la normativa actual. Justamente esta última es tal vez la más complicada, por la rápida innovación que tienen los propios instrumentos que emplea el sistema financiero. También quienes cometen estas acciones fraudulentas han mostrado capacidad de adaptarse rápidamente y superan los mecanismos y las alertas existentes.
Otra de las áreas en las que se sugirió la aplicación de medidas es en la educación, con la idea de involucrar al usuario o al cliente como parte del proceso de prevención de fraude. La propuesta pretende “generar o incluir un plan de capacitación/educación financiera para el uso de instrumentos” y la creación un Plan de Comunicación anual con recomendaciones al público.
Esto es sumamente atendible y desde esta misma página lo hemos solicitado anteriormente, atendiendo a una realidad: cuando la Ley de Inclusión Financiera, en el año 2014, obligó a que los trabajadores cobren sus salarios a través de una institución financiera, muchas personas se vieron inmersas en un sistema que prácticamente desconocían, manejando herramientas e instrumentos que les eran ajenos, como una cuenta bancaria, una tarjeta de débito, una aplicación digital, transferencias, tarjetas de crédito, entre otros. Es de un optimismo formidable pensar que todas estas personas, en estos nueve años que han transcurrido, han aprendido cómo se usa cada uno de ellos. Educar con campañas y acciones efectivas no solamente ayudará a que las personas puedan cubrirse frente al riesgo de sufrir una estafa, también será importante para que los usuarios sepan sacarles el mejor provecho.
