El diputado del Partido Colorado, Juan Carlos Moreno, reconoció las dificultades existentes para que los emprendimientos productivos dispongan de agua, en tanto persiste la sequía en diversas áreas del territorio nacional particularmente el sur y la zona metropolitana. En forma paralela el 3 de mayo se aprobará en la Cámara de Senadores, el proyecto de ampliación del Fondo Nacional de la Granja y que cubran los aportes patronales y conyugales del BPS, además del Fonasa.
El legislador recordó que durante su actividad “como gremialista en la Asociación Rural Exposición Feria hablábamos sobre la necesidad del recurso de agua, pero el tema no se veía como una preocupación”.
En la actualidad, “vemos que hacer pozos semisurgentes no es la solución al problema. Por ejemplo, en Jumecal (cooperativa agraria de Melilla), los hortifruticultores tienen pozos y no tienen agua. Por eso, vamos por un plan nacional de aguas. Y por experiencias que ya existen en otros lugares como Rio Grande, que cuenta con un plan estratégico de embalse de agua. En la ciudad de General Roca se produce de muy buena calidad en un listón verde, luego de atravesar unos 300 kilómetros donde no hay ni señal de Internet o en Córdoba, donde los embalses son distribuidos a los chacreros. Un vitivinicultor nos consultaba sobre las posibilidades de avanzar en un colectivo de agua para los pequeños productores”, reseñó.
En el sector Ciudadanos, “tenemos una comisión que trabaja junto a técnicos que encara un proyecto con visión a mediano y largo plazo. Porque no hay agua en las represas y todos vimos los informes del Canelón Grande que hoy se encuentra en la misma situación. Las aguas aparecen pero no se regularizan y cierra abril con un déficit de precipitaciones”, dijo a EL TELEGRAFO.
Ampliación del fondo
El 3 de mayo finalizará su tratamiento parlamentario el proyecto de ampliación del Fondo Nacional de la Granja que fuera aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados. “Presenté en el Parlamento una comunicación para que el Ejecutivo resuelva un alivio del bolsillo que hoy precisan los pequeños y medianos productores. Porque no necesitan aplazamientos, sino aliviar el bolsillo que es ganar en salud y tranquilidad”, señaló el diputado.
El proyecto ampara a “los pequeños productores que se quedaron sin recursos porque vendieron algún capital para pagar cuentas. Las postergaciones del BPS eran hasta el 28 de febrero, pero en el campo son otros los tiempos biológicos”. La comisión de ganadería de la Cámara de Diputados presentó la propuesta de modificación del mencionado fondo, “porque hay un recurso financiero que será volcado a uno de los sectores que en la última emergencia agropecuaria fue el más castigado. Hay una pérdida entre el 5% y 10%, sino es mayor. Además del arranquío, que es la pérdida árbol. Comúnmente, cuando es un árbol frutal, el retorno de esa productividad tarda 7 años. Porque, en total, hablamos de más de 2.500 millones de dólares que dejarán de transitar en este país”.
Explicó que “en estos días finaliza la evaluación de los diferentes subsectores productivos y en la granja hablamos entre 50% y 75% de pérdida directa de productividad. En el sector ganadero, luego de las primeras ecografías para evaluar las preñeces, estas no son tan bajas como se pensaba. Igualmente, se estiman unos 500.000 terneros menos en el país”.
Subrayó que “a esos 2.500 millones de dólares del sector productivo, hay que sumarle el efecto derrame para todo el país, que en las ciudades se multiplica por seis y este año eso no estará”.
En su proyecto, “se agrega un nuevo cometido al Fondo Nacional de la Granja. Es el punto 9 y habilita a la Dirección General de la Granja (Digegra) a hacer la cobertura de los pagos del BPS a los productores inscriptos como granjeros. Son más de 2.500 productores hortifruticultores que tendrán la cobertura, sumado a los apicultores que son muchos más de 2.500”.
Reseñó que “en el año 2000, cuando nace el fondo de la granja, hizo cobertura de adeudos hasta el 2002 por la crisis. Se había quedado para atrás el BPS y en el año 2022, se utilizaron recursos de ese fondo para cubrir los adeudados del BPS. Fueron 80 millones de pesos solamente para 100 productores. En esta oportunidad, se usará esa misma cantidad de dinero, pero para más de 5.000 productores. Se destinará a aportes del BPS patronal, conyugal y sobre todo el Fonasa. Tendrá cobertura por todo el 2023 y, no es aplazamiento ni vencimiento, es cobertura del Fondo Nacional en sus cometidos”.
Contribución rural
El otro proyecto que se encuentra en la comisión de ganadería, “es la solicitud al Ministerio de Economía que remita una ley al Parlamento en cuanto a la reducción de la alícuota de la Contribución Inmobiliaria Rural hasta 1.000 hectáreas índice Coneat 100. Y quienes son aportantes de Imeba tengan un 10% adicional. Es decir, pueden obtener una reducción en la alícuota de este impuesto del 28%. Aquellos contribuyentes que ya pagaron, esperamos que la intendencias tengan la responsabilidad de que esa reducción llegue a modo de crédito fiscal para el año que viene”.
Moreno agregó que su solicitud abarca los años 2023-2024, “basados en que en el año 2020 –por concepto de alícuota– se recogieron unos 78 millones de dólares. Al cierre de 2022, van más de 90 millones de dólares. Creo que en el crecimiento por ajuste de recaudación de la Contribución Inmobiliaria Rural, las intendencias pueden tener un poco de sensibilidad y hacer la reducción de la alícuota, a lo que se sumará la postergación y aplazamiento de los pagos de BPS”.
