(El País)
Por más que haya gente que informalmente dé los nombres de los supuestos agresores, que muchas veces son conocidos en los barrios donde ocurren los asesinatos, la causa penal no puede avanzar sin testigos y los fiscales muchas veces no cuentan con otras pruebas.
De los 383 homicidios que ocurrieron en 2022, el 51% se resolvieron y culminaron con la condena de los responsables, mientras que en 2021, cuando hubo un total de 306 homicidios, el porcentaje de esclarecimiento fue del 50%.
En 2020 se resolvió el 57% de los asesinatos y en 2019, 53%. Tanto el fiscal Carlos Negro como las otras dos fiscales de Homicidios de Montevideo, Mirta Morales y Adriana Edelman, indican que uno de los factores que influye en el fracaso de gran parte de las investigaciones es la falta de testigos. Cuando se trata de aportar información que pueda comprometer a delincuentes que dominan algunos barrios periféricos de la capital, son pocos los vecinos que se animan a declarar ante la Justicia. Y así se repite un círculo vicioso: ocurre un homicidio, nadie denuncia ni oficia como testigo por miedo a represalias, los criminales continúan operando y las bandas vuelven a ejercer violencia.
El aumento de homicidios en Uruguay es una tendencia clara desde hace 18 años, según los informes que publica anualmente el Ministerio del Interior. Aunque el diálogo entre la Fiscalía y los vecinos de los barrios más afectados no es frecuente, donde sí se corre la voz es en el boca a boca. Ahí se ventila la angustia ante la inseguridad y se comentan nombres, apellidos y vínculos entre los integrantes de las bandas.
En un barrio en el que todos se conocen, un paso en falso puede acarrear consecuencias graves, por lo que el mecanismo de seguridad que ofrece más garantías parece ser el silencio.
Una mujer de 70 años que vive en el Cerro dice odiar a los delincuentes “de verdad”. Su rabia se dirige principalmente a un clan familiar que por varios años fue el más buscado por la Policía y que estuvo en la portada de diarios y en los titulares de los informativos. Se trata de Los Suárez, una banda encabezada por el narcotraficante Luis Alberto “Betito” Suárez Correa. Residían en Cerro Norte y a través de su poder fueron ganando más y más territorio. En muchos casos, a costa de la paz de los vecinos.
El grupo delictivo comenzó a reducirse cuando el “Betito” fue condenado a dos años y medio de prisión en 2021. Pero algunos miembros del clan de menor jerarquía continúan rondando el barrio y, según esta vecina, usurpan casas y continúan intimidando a deudores de sus bocas de droga, lo que incrementó la violencia en la zona.
Cuando Sandra Lorena Suárez –hermana de “Betito”– fue detenida, la señora incluso se ofreció para declarar y aportar toda la información que tenía sobre la familia. En febrero de 2022, durante la madrugada, integrantes de la banda criminal le apedrearon la casa con cascotes. Ahora está amenazada de muerte por Alejandro Cáseres, alias el Rengo del Brujo, y por su hermano William Cáseres, alias el Monito, por haber dado información al Ministerio del Interior.
DESALOJAN A MANIFESTANTES DE SUTCRA
(SUBRAYADO)
El Sindicato del Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra) cortó este viernes de mañana el acceso norte al puerto de Montevideo en rechazo a la reforma jubilatoria aún en debate en el Parlamento. La medida sindical comenzó temprano en la mañana y alteró el tránsito en la rambla portuaria, provocando enlentecimiento y atascos. Pasadas la hora 11 los dirigentes sindicales del Sutcra tenían ya la orden de desalojo y en el lugar esperaban policías de la Guardia Republicana.
A las 12 los sindicalistas que cortaban en acceso al puerto votaron por levantar la medida y minutos después los efectivos policiales despejaron el paso para que los camiones que esperaban en una larga fila comenzaran a entrar.
El director de Convivencia y Seguridad del Ministerio del Interior, Santiago González, fue quien habló con los sindicalistas en el lugar del corte y dirigió el operativo de desalojo. Consultado por Subrayado recordó que “es ilegal” impedir que otras personas trabajen.
INDDHH Y UNICEF CUESTIONAN PROYECTO DE TENENCIA COMPARTIDA
(LA DIARIA)
Está previsto que el 11 de abril comience a tratarse en el pleno de la Cámara de Representantes el proyecto de ley de Corresponsabilidad en la Crianza, también llamado “de tenencia compartida”, con las previsiones de que se apruebe con los votos de la coalición de gobierno, luego de un tratamiento parlamentario que no estuvo exento de discusiones en la interna del oficialismo.
Con esto en el horizonte, tanto la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) y Unicef publicaron sendos comunicados en los que advierten sobre las consecuencias que podría tener el proyecto en caso de ser aprobado y llaman a los representantes a legislar colocando a la infancias como prioridad.
En su texto, la Inddhh resalta la necesidad de que los legisladores revean la redacción del articulado hacia esa posición, en especial el artículo 4, que “puede implicar vinculación entre el niño o la niña y su posible agresor o agresora”.
Asimismo, llama a que el sistema político busque mecanismos para “resolver la acuciante falta de recursos que padece la Justicia para atender este tipo de asuntos”, en el entendido de que sin ellos “los tiempos que median entre la imposición de medidas cautelares y su cese pueden ser muy largos”.
