Al cierre del pasado mes de marzo se presentó en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (UdelaR) un seminario que se organizó a modo de cierre de un proyecto de extensión titulado “Muertes bajo custodia en el Sistema Carcelario uruguayo en 2021”, una investigación que tuvo el propósito de generar información con el objetivo de desarrollar estrategias de prevención frente a una realidad que golpea.
Comparaciones internacionales dejaban muy mal parado a nuestro sistema carcelario en el contexto internacional, aun con respecto a nuestra región, que no es de las más aventajadas del mundo en esta materia. De acuerdo con una publicación de El Observador, a comienzos de este año había 14.501 personas tras las rejas, 408 cada 100.000 habitantes, dato que triplica el promedio estimado por las Naciones Unidas y, lo que es más grave, las cárceles uruguayas estaban superpobladas con un 30% más de alojados con respecto a su capacidad.
Esto las convierte virtualmente en un polvorín en el que cualquier mínima disputa, por la mínima razón incluso, puede dar origen a incidentes graves. Incidentes que pueden terminar con resultados trágicos, de los que vaya si ha sabido el sistema carcelario, y basta con mencionar el incendio de la cárcel de Rocha, en el que fallecieron 12 privados de libertad en el año 2010, un episodio por el que recientemente fue condenado el Ministerio del Interior a pagar indemnizaciones a las familias.
Y este informe universitario tiene que ver directamente con esta situación de inestabilidad que se vive en las cárceles, porque habla de las muertes que se producen en cautiverio, muertes violentas pero también muertes por causas naturales, que también se pueden vincular con el hacinamiento y con la falta de condiciones sanitarias no digamos que deseables, pongámosle que mínimamente dignas.
El estudio fue realizado por docentes de las facultades de Medicina, Ciencias Sociales e Información y Comunicación, bajo la coordinación de Ana Vigna y Hugo Rodríguez. Los objetivos del proyecto fueron generar información desde una perspectiva social, sanitaria y médico legal de las muertes bajo custodia ocurridas durante el año 2021, visibilizar la temática que frecuentemente queda invisibilizada frente a otras urgencias del sistema penitenciario, así como, finalmente, plantear recomendaciones para mitigar el fenómeno.
La investigación se centró en personas que fallecieron dentro de las cárceles o por una situación de hospitalización derivada de su confinamiento en el sistema carcelario.
Para los autores las tasas de mortalidad dentro del contexto penitenciario son un indicador que brinda mucha información “acerca de la calidad, las condiciones y las dinámicas, de vida, del encierro”. Vigna planteó que accedieron a la información contenida en las carpetas de las personas que fallecieron bajo custodia, pero también realizaron entrevistas en profundidad a compañeros o compañeras de reclusión de estas personas, personal sanitario, personal penitenciario de las unidades penitenciarias, Nº3, Nº4, Nº5, Nº7 y Nº13 y a familiares de las víctimas. La docente indicó que desde el 2006 la tendencia de muertes bajo custodia se ubicó en alrededor de 40 personas fallecidas por año, pero que en el 2021 se registraron 86 muertes, lo que marcó un aumento de un 79% con respecto al año anterior. De acuerdo a los datos preliminares disponibles, en el 2022 la cifra regresaría a la línea de los registros históricos.
Entre los datos que recogieron, se encontraron con que el fenómeno afecta mucho más a los varones: las mujeres fallecidas fueron solo el 6%. También es notoria la tendencia a que las muertes ocurran en las poblaciones jóvenes: el grupo en el que más se registraron es el de entre 26 y 35 años, y el que le sigue en frecuencia de fallecimientos es el se ubica entre los 18 y los 25.
También destacaron que, como era de esperar, la situación no sea igual entre los centros de reclusión estudiados. “Las más grandes y más complejas son también las que concentran la mayor cantidad de muertes”, en alusión a la Unidad Nº 4 (Santiago Vázquez) y la Unidad Nº 3 (Libertad) que en su conjunto albergan al 35% de la población carcelaria pero que entre ambas concentran más de la mitad de las muertes en custodia.
Dos terceras partes de los fallecimientos en custodia que ocurren al año en Uruguay, son muertes violentas. También se verificó que los fallecimientos por suicidio tienen una incidencia mayor en personas jóvenes y primarias (sin antecedentes delictivos) y se concentran en los primeros días, semanas o meses de reclusión, lo que evidencia dificultades de estas personas para adaptarse al sistema carcelario.
Cabe aquí detenerse a analizar cuál es el cometido de las cárceles en el Uruguay. En nuestro país no hay pena de muerte, y no hay tampoco cadena perpetua. Es decir, se espera que al cabo de su tránsito por un período de privación de libertad las personas condenadas a ello se reinserten en la sociedad.
Dicho de otra forma, si bien se trata de un castigo, ya que se pierde uno de los derechos humanos fundamentales, siempre serán medidas transitorias y el sujeto recuperará eventualmente su libertad. Claro que nadie espera que una cárcel sea un sitio acogedor con aroma de rosas y colchones mullidos, pero en su situación actual, si se logra reformar a alguien es prácticamente de milagro.
