El presidente de Argentina, Alberto Fernández, dijo durante la presentación de un gasoducto en Vaca Muerta que “en Montevideo abren las canillas y el agua no sale”, al referirse a la problemática de la sequía y su vinculación con el cambio climático. El mandatario lo sabe muy bien, porque en su país, sólo el 65% de la población tiene acceso al agua y al saneamiento “mejorados”. El Norte argentino lucha y vive por obtener agua en condiciones aptas para el consumo y la higiene. Las comunidades de los pueblos originarios, las escuelas, maestros y otros actores sociales, se esfuerzan a diario por capacitar a la población sobre el acceso y manejo del agua segura porque por ejemplo en el chaco salteño, principalmente, es muy alta la prevalencia de enfermedades pediátricas.
Son los pobladores quienes gestionan equipos de monitoreo que han instalado en los locales de los centros educativos para un correcto y diario análisis del agua.
Venezuela es otra nación que solidariamente ofreció su ayuda. No obstante, en el rico suelo del país caribeño que gobierna Nicolás Maduro, sólo el 27% de los hogares tiene un servicio continuo de agua potable, según el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos y el 6,2% de la población no recibe agua ningún día.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que Uruguay y el sur del continente entraron “en emergencia” y mostró su preocupación por la supuesta no potabilidad de agua por la emergencia hídrica. Sin embargo, en suelo colombiano hay 3,2 millones de personas que no acceden al agua potable, 12 millones no tiene un servicio adecuado, 1,5 millones hace sus necesidades fisiológicas al aire libre –según reportes del ministerio de Vivienda y Ambiente– y sólo se trata el 52% de las aguas residuales.
Científicos de varios países se reunieron para estudiar el impacto de este fenómeno en la región y elaboraron el análisis de la “Atribución Meteorológica Mundial”, donde concluyen que el cambio climático no es la causa principal de la falta de precipitaciones. En realidad, contribuye al problema de la sequía por el incremento de la temperatura y la reducción de las reservas de agua, pero el factor humano tuvo una gran incidencia.
Sin embargo, Argentina padece una caída de la exportación de trigo por la sequía expandida en su territorio. Pasó de ser uno de los principales abastecedores mundiales a tener la peor sanidad de los últimos 40 años.
En tanto Chile tiene hoy la sequía más larga de la región y luego de 13 años de falta de lluvias, la situación se agrava de tal manera que hay una tendencia a desecación.
En ese contexto se encuentra Uruguay. El país sostiene una secuencia de declaraciones de emergencias agropecuarias, con un 60% del territorio afectado por la sequía y problemas de salinidad en el agua.
Incluso América del Sur experimenta los efectos del tercer año consecutivo de La Niña y, mientras se instala muy tímidamente El Niño, las precipitaciones no llegarán antes a la zona metropolitana sino al Norte del río Negro.
El continente latinoamericano tiene más del 30% de agua dulce del planeta. Por lo tanto no existen problemas con el recurso propiamente dicho, sino sobre su acceso. Hay más de 160 millones de habitantes que no tienen agua de manera segura y más de 400 millones no cuenta con un saneamiento básico, de una población que sobrepasa los 660 millones según estimaciones de la Cepal en 2022.
Sin contar la contaminación de los cauces de ríos y arroyos, hacia donde va a parar el 60% de las aguas residuales. El mapa muestra zonas de abundancia de agua y otras grandes áreas áridas, con el 80% de la población concentrada en las ciudades.
Hay, sobre todo, un gran problema de gestión sobre el recurso que ha quedado en evidencia por la sequía y porque ha tocado a los grandes centros urbanos. Porque el problema del agua ya era un tema conocido en las zonas rurales, pero sabido es que lo que no pasa –o afecta– en Montevideo, en Uruguay no existe. Entonces, esto que se plantea con sorpresa es una condición diaria en la vida de miles de personas.
Y como el problema existe desde hace tiempo, con el paso de las décadas se han creado en Latinoamérica más de 145.000 organizaciones de la sociedad civil para el acceso al agua. Las acciones comunitarias se llevan a cabo a través de distintas figuras, algunas de las cuales son reconocidas en la Constitución de los países.
Las movilizaciones constantes permitieron que hoy, más de 70 millones de habitantes de zonas rurales tengan agua y sus bases de datos conocen la realidad de cada territorio en detalle.
Por lo tanto, los conflictos por el agua potable son una realidad tangible. Aquella mirada al futuro sobre el poder de los recursos naturales se adelantó en el tiempo y han demostrado que son estratégicos por el hecho que implican desarrollo humano y económico.
En forma paralela, América Latina atraviesa tiempos políticos que interpelan el uso de los recursos naturales y ningún país queda fuera de la polémica. Las declaraciones más o menos correctas van por cuenta de quienes se exponen. Ya son varios los meteorólogos y distintos técnicos en las cuestiones del clima que manifiestan su sorpresa por el comportamiento de este fenómeno que recién comienza a irse de la región. No existen antecedentes de algo similar a lo ocurrido por estas latitudes. El cruce de opiniones es sano en tiempos de democracia, pero los hechos son porfiados. El agua trasciende fronteras, partidos políticos y gestiones de gobierno. Y, en ocasiones, se torna difícil de convencer sobre esto a la dirigencia política.
