El Congreso de Intendentes realizó su 34ª Sesión Plenaria en su sede en la Intendencia de Montevideo. Se anunciaron avances en la matrícula digital, se consideró el bienestar animal y se presentó un libro sobre el financiamiento de infraestructuras viales en Uruguay.
Al considerar el bienestar animal, con la presencia del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) Fernando Mattos, el secretario general de la Intendencia de Paysandú, Fermín Farinha, hizo hincapié en que en Paysandú no se da cumplimiento efectivo al decreto que faculta al ministerio a retener, decomisar, vender o donar a instituciones de bien público a animales encontrados en la vía pública. Ante sus expresiones, fue invitado por el MGAP a una reunión a realizarse el 1º de agosto en Montevideo para considerar cómo dar solución a la situación.
EN PAYSANDÚ EL MINISTERIO NO ACTÚA
“Expresé nuestra disconformidad desde que no se aplica el decreto que obliga al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a liderar la intervención ante animales sueltos, especialmente equinos, para lo cual puede trabajar en conjunto con el Ministerio del Interior y la Intendencia, que sigue dispuesta a dar todo su apoyo. Pero es el ministerio el obligado por decreto a actuar con eficacia y en el caso de Paysandú no vemos que eso se haga”, dijo Farinha.
“Es un tema de seguridad vial, sanitario, de tenencia responsable y de bienestar animal. Queremos que la operativa sea acorde a la cantidad de animales sueltos que vemos en nuestras calles, pero no es lo que está pasando. Eso lo expresamos con claridad en el Congreso y es por eso que recibimos una convocatoria para reunirnos y aportar a una solución, siempre con la actuación primordial del ministerio, que es quien tiene el mandato de ley”, explicó.
Aseguró luego que “somos los primeros interesados en terminar con el problema de los animales sueltos, pero no tenemos la necesaria competencia. Sí tenemos la mayor buena voluntad en apoyar, aportando un vehículo, un tráiler, un funcionario que oficia de arriero, para ayudar a incautar los animales y llevarlos a un predio destinado por el Ministerio del Interior”.
“Pero el proceso administrativo de incautación, de remate o lo que proceda según el caso, debe ser dispuesto por el Ministerio de Ganadería, pues está en su órbita. Lo que pedimos, y aprovechamos la sesión del Congreso para eso, es que se cumpla el decreto en Paysandú, donde el problema es grave y donde no hay una actuación acorde”.
Por otra parte, Farinha aseguró que se deberá suscribir un nuevo convenio con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, para continuar con el programa de castraciones, que actualmente se lleva adelante con el Centro Veterinario de Paysandú “desde que la oenegé (Amigos de los Animales), con la que teníamos convenio, se bajó del proyecto. Se ha llegado a un número importante de animales chipeados, en el marco del convenio más de 4.000 y en el régimen total una cifra superior a 5.800. Estamos a la espera de firmar el nuevo convenio”.
“El cierre del proceso ha sido virtuoso, en tanto y cuanto sumamos a la oenegé como también al Centro Médico Veterinario. Hay que apostar a seguir sumando y no detener las castraciones, teniendo en cuenta que es obligatorio el chipeo”.
“Actuar en territorio”
El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Fernando Mattos, fue acompañado en la sesión del Congreso de Intendentes por el subsecretario, Juan Ignacio Buffa, la directora general, Fernanda Maldonado, la presidenta del Instituto Nacional de Bienestar Animal, Marcia del Campo, y la directora ejecutiva, Marcela Delgado. Presentaron ante los jefes departamentales diversas estrategias y políticas que buscan mejorar el cuidado y el bienestar animal.
“Apostamos al real compromiso de los gobiernos departamentales para dar respuesta a la sobrepoblación canina, la tenencia irresponsable y sus consecuencias negativas sobre la convivencia social”, expresó Marcia del Campo, al tiempo que explicó que el INBA fue creado para articular con diversos actores de la sociedad las políticas vinculadas tanto el sector público como privado, apostando a la descentralización.
Destacó la necesidad del apoyo de los gobiernos departamentales en relación a los albergues o refugios para animales. En ese sentido resaltó la importancia de convenios realizados con la Comisión de Zoonosis, lo que ha permitido que actualmente haya más de 120.000 animales chipeados.
Hizo hincapié en “la renovación de esos convenios, ya que hay muchos departamentos que están en condiciones de renovar. Esto es lo que tiene que ver con castración y chipeo, pero además vinimos a pedir el compromiso y colaboración de las intendencias en el retiro de animales de la vía pública, fiscalización y sanción”, señaló del Campo.
Aseguró que las “herramientas aisladas no tienen el impacto que nosotros esperamos que tengan, sino que hay que hacer todo en conjunto: esterilizar, chipear, retirar animales de la vía pública, empezar a educar y fiscalizar, ya que fiscalizar también es educar. Para eso necesitamos el compromiso de los gobiernos departamentales, y también, por supuesto, del Ministerio del Interior, que ya lo tenemos”.
Expresó, asimismo, la necesidad de que cada intendencia tenga un departamento de tenencia responsable y bienestar animal con el objetivo de “actuar en territorio y coordinar con el INBA”. Adelantó la creación de los Institutos de Bienestar Animal departamentales que sustituyen a la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal (Cotryba) los cuales comenzarán a trabajar el próximo año.
El ministro Fernando Mattos subrayó el rol que tienen las intendencias y remarcó que “se hizo mucho y queda mucho por hacer. Por eso esta instancia, para avanzar en la coordinación”.
MATRÍCULA DIGITAL
El director de Asuntos Vehiculares del Congreso de Intendentes, César García, presentó informe de lo actuado por la comisión, destacando los avances y mejoramiento del sistema informático. García destacó que se encuentra en proceso de implementación la matrícula digital que permitirá identificar el vehículo de forma más rápida, dando mayor seguridad, ya que al ser digital será más difícil realizar acciones fraudulentas como el robo de chapas de matrículas. Por otra parte, agiliza el trámite de empadronamiento en línea.
La matrícula digital es una etiqueta digitalizada que se coloca en la parte interna de los parabrisas delanteros de los vehículos y actúa como tercera matrícula. Cuenta con todos los datos que corresponden a un auto y a su titular, junto con la información que tienen las intendencias sobre ese vehículo (pago de patente, infracciones y otros detalles).
La etiqueta digitalizada se colocará al momento de empadronar el vehículo y supone un control extra y de mayor seguridad que las chapas, que pasarán a ser accesorias. Hay casos comprobados de manipulación de chapas para que no queden registradas en cámaras, radares y controles oculares; mientras que la etiqueta digitalizada es inviolable.
Un convenio firmado a fines del año pasado por el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero y el entonces presidente del Congreso de Intendentes, Guillermo López –intendente de Florida– estableció la incorporación de otras 600.000 etiquetas digitalizadas, para sumarse a las 600.000 existentes, utilizadas para el cruce por los telepeajes.
INFRAESTRUCTURA VIAL
Ramón Díaz presentó ante los intendentes de todo el país su libro “Financiamiento de infraestructuras en Uruguay. Herramientas, problemas y propuestas (2020-2025)”. Tiene por objetivo contribuir al análisis de soluciones para el financiamiento de estructuras en Uruguay, con foco en las compras del Estado y de sus empresas periféricas.
A partir de su experiencia de muchos años en proyectos locales y regionales, Díaz, actual director de la Corporación Vial del Uruguay (CVU), se ocupa de estrategias para contratar con privados y mitigar el riesgo financiero de los proyectos, con miras a reducir los costos de las obras, así como para viabilizar proyectos con sistemas innovadores. Analiza los principales problemas de las actuales formas de contratación, incluyendo los inconvenientes que acarrean la participación público privada (PPP) y los actuales contratos Cremaf (Contrato de diseño, construcción, rehabilitación, mantenimiento y financiamiento de la infraestructura vial dentro de la faja de dominio público).