En el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado y la Huelga General, se realizó en la sede de Adeyom un conversatorio que expuso dos proyectos de ley que plantean la prisión domiciliaria a la población carcelaria mayor de 65 años. El encuentro estuvo a cargo de Ana Casteluccio, integrante de la Secretaría de Derechos Humanos y Trabajo Precario de COFE, el abogado Pablo Ghirardo, asesor sindical y militante de Derechos Humanos y Fernanda Aguirre, de la Secretaría de Derechos Humanos del Pit Cnt y el Observatorio Luz Ibarburu.
Casteluccio señaló que los sucesos ocurridos hace medio siglo, “nos hacen reflexionar sobre el curso de la historia y lo que está sucediendo en estos momentos con los proyectos de prisión domiciliaria a estudio en el Parlamento. Entendemos que es importante que los trabajadores estén informados sobre los argumentos utilizados en su defensa y que, entendemos, son una trampa”.
Prisión domiciliaria
Ghirardo explicó que ambas iniciativas parlamentarias tienen “un contenido similar y un mismo objetivo”. Los proyectos de ley plantean que “las personas mayores de 65 años recluidas en un centro penitenciario cumplan su pena en domicilio. Más allá de las pequeñas variantes entre los proyectos –uno presentado por la senadora Carmen Asiaín del Partido Nacional y otro de Cabildo Abierto– los argumentos centrales que fundamentan este proyectos son similares”.
El abogado detalló que son tres y “pasan por la disminución de la superpoblación carcelaria, que tenga menos efectos la COVID-19 en la población mayor de 65 años y el tercero está vinculado a un carácter humanista de la ley”.
Frente a estos argumentos, “creemos que no solo son insuficientes, sino que en algunos casos son falaces. La población carcelaria es de más de 14.000 personas en Uruguay y los mayores de 65 años que están recluidos son alrededor de 180. Es decir, hablamos de menos del 2%. Entonces, aquel argumento que es para resolver la superpoblación, se cae”.
El segundo elemento “es que la COVID-19 ya no tiene los efectos anteriores, como en 2020. Hoy no genera riesgos y el tercer elemento a rebatir es que las cárceles no tienen las condiciones para alojar a personas mayores de 65 años”, dijo a EL TELEGRAFO.
Ghirardo aclaró que “hay un conjunto importante de más de 25 personas, alojadas en condiciones de privilegio ya sea en Domingo Arena, donde están recluidos los militares que cometieron crímenes durante la dictadura y en la sede de Coraceros, aquellos policías y civiles condenados por delitos de lesa humanidad. Por tanto, podemos decir que esas personas no están afectadas por esas condiciones”.
A nivel internacional
El abogado recordó que a nivel internacional, “se discute la situación de las personas presas mayores de 65 años porque es una realidad que no escapa a Uruguay. Mayoritariamente, en los países más desarrollados incluso las cortes europeas han dicho que ser mayor de 65 años no es impedimento para cumplir las condenas”.
Recordó que “uno de estos proyectos está presentado por un partido fuertemente militar como es Cabildo Abierto y que además, ha dicho claramente que su objetivo es que estas personas puedan cumplir su pena con prisión domiciliaria.
El Instituto de Derecho Penal de la Universidad de la República “también se pronunció en contra de este proyecto de ley por sostener que ambos modifican sustancialmente el sistema de proceso penal vigente en Uruguay desde 2017, alterando las garantías y pesos y contrapesos que tiene el sistema judicial”.
En segundo lugar, “generaría desigualdades importantes entre la población. El tercer elemento refiere que a nivel internacional se sostiene –y así lo dijeron distintas relatorías de la ONU– con un informe que se agregó en el marco de la discusión parlamentaria, que permitir la prisión domiciliaria para las personas condenadas por estos delitos, es un marco de ampliación de la impunidad y es contraria a las obligaciones que tiene nuestro país a nivel internacional”.
Un puñado de presos
Aguirre aseguró que las propuestas parlamentarias “pretenden ser un indulto encubierto a los responsables de los crímenes de lesa humanidad en el marco del terrorismo de Estado. Lamentablemente, nuestra población carcelaria es mayoritariamente joven. Es ese puñadito de presos por crímenes de lesa humanidad, dentro del total de más de 14.000 presos, quienes estuvieron muchas décadas circulando impunemente por nuestro país”.
Aseguró que “hay muchas otras personas que fueron responsables de crímenes aberrantes que hoy siguen sueltas, por eso impulsamos que el sistema judicial haga su trabajo, que el Estado cumpla su responsabilidad y persiga estos crímenes aberrantes, los condene y repare a las víctimas porque se cometieron con la aquiescencia del Estado”.
Puntualizó que los argumentos “son un engaño que se hace a la población disfrazando una ley de indulto, relativiza la gravedad del terrorismo de Estado y una dictadura cívico militar con esta iniciativa parlamentaria, disfrazada de gestos humanitarios. En realidad es falso”.
Aclaró que “muchos de los condenados este momento, siendo añosos y teniendo algunos problemas de salud naturales a su edad, están con prisión domiciliaria. Nuestro sistema judicial tiene mecanismos para cumplir la prisión domiciliaria a quienes tuvieron problemas de salud”.
Definió que “es una innovación que no atiende a una necesidad que no esté atendida, sino que atiende a una señal política para relativizar la gravedad de los crímenes y neutralizar ese mensaje tan importante que tiene la función de dar condena. No solo castigar al responsable, sino castigar para el futuro y demostrar que semejantes crímenes tienen consecuencias y es fundamental que las penas se cumplan”.