En un comunicado a la opinión pública, en respuesta a una inquietud que dieron a conocer los distribuidores de cigarrillos, la Sociedad Uruguaya de Tabacología (SUT) planteó que Uruguay está omiso en algunos compromisos asumidos ante la Organización Mundial de la Salud para el control del comercio del tabaco.
La declaración es una respuesta a comentarios que se realizaron desde la Asociación de Distribuidores de Cigarrillos luego de una reunión que mantuvieran con autoridades de la Intendencia de Montevideo, en la que solicitar un incremento en los controles, ante el aumento en la venta de cigarros falsificados y de contrabando en comercios y ferias de todo del país, en particular en la capital. La agremiación, basándose en una encuesta de la consultora Cifra expresó que la venta ilegal de tabaco alcanza a 49 millones de cajillas de cigarros por año en el país y que si este volumen se vendiese de forma legal, se generaría una recaudación de 6.000 millones de pesos, unos 150 millones de dólares, por concepto de IVA e Imesi. En función de esto reclamaron un mayor compromiso en la fiscalización y aplicación de sanciones. También advirtieron que Uruguay debe alinearse al protocolo de la Organización Mundial de Salud (OMS), un conjunto de medidas con el objetivo de eliminar todas las formas de comercio ilícito de productos de tabaco.
Gustavo Márquez, presidente de la asociación, dijo que durante el año pasado 36 de cada 100 fumadores se abastecen en el mercado ilegal, mientras que esa cifra era de 17 cada cien antes de las regulaciones del año 2008 (Ley 18.256), publicó Montevideo Portal.
MEDIDAS
Por su parte, la Sociedad Uruguaya de Tabacología —sociedad científica que reúne profesionales de varias áreas de la salud— señaló que recientemente el gobierno flexibilizó la normativa de control de tabaco bajo la excusa del control del contrabando, “pero sin aplicar aún las medidas incluidas en el Protocolo para Eliminar el Comercio llícito de productos de tabaco” de la OMS, ratificado por nuestro país en 2014.
En ese protocolo, entre otras medidas incluye el licenciamiento en los puntos de venta y la trazabilidad de los productos de tabaco, mencionan en la declaración. “No se combate el contrabando modificando los empaques de los productos de tabaco. Tomar medidas para reducirlo implica aplicar las recomendaciones realizadas en base a evidencia y una mayor fiscalización por parte de los organismos competentes”, agregaron.
Para la SUT estas medidas, así como las afirmaciones de los distribuidores, “no se sustentan en evidencia científica sobre el tema, ni tampoco en las cifras oficiales disponibles hasta el momento”. Mencionan que una publicación del Banco Mundial planteó que el contrabando de cigarrillos, tanto en 2009 como en 2017 representaba el 12%, lo que a su juicio demuestra que no ha crecido y además “evidencia una distancia con el discurso de la industria, que siempre dijo que representaba el 30%”.
LA FRONTERA
Citando datos del mismo informe de la consultora Cifra, la SUT puntualizó que “La cifra más preocupante de consumo de contrabando es en la frontera”, que “La compra de productos de contrabando se realiza fundamentalmente en quioscos y almacenes, en Montevideo solo el 37% se compra en ferias, mientras que en el Interior el 7%”.
Cierran la declaración con dos preguntas, la primera es “¿Quiénes le distribuyen los productos a supermercados, quioscos y almacenes?” y la restante dice “¿Por qué si el contrabando es una preocupación, aún no se implementó el licenciamiento de los puntos de venta, tal como lo establece el Protocolo para Eliminar el Comercio Ilícito?”