La ley N.º 18.097 del año 2007 declara que el 17 de julio en Uruguay se conmemora el “Día para la Prevención del Suicidio”. La iniciativa propone que las instituciones públicas y privadas vinculadas a la educación y la salud realicen actividades de prevención y divulgación de información calificada sobre esta problemática y su abordaje.
Al menos en Uruguay, los prestadores están obligados a brindar asistencia, enmarcado en un protocolo de atención ante los intentos de autoeliminación, con el fin de dar respuesta adecuada y un abordaje integral. Los equipos multidisciplinarios deben prestar ayuda a personas que han intentado autoeliminarse, así como a sus entornos.
En el país, la pandemia fue un punto de partida para analizar una serie de guarismos vinculados a la salud mental, adicciones, violencia basada en género y aislamiento de determinadas poblaciones. La Organización Panamericana de la Salud publicó este año su documento denominado “Suicidio en Uruguay. Revisión de políticas públicas e iniciativas para su prevención”, donde previamente analiza la realidad del continente antes de la COVID-19.
En el año 2019 se registraron 3.5 suicidios de hombres por cada suicidio de una mujer y la mayor proporción se dio entre los 40 a 69 años, seguido por los mayores de 70 años. En 2021, Uruguay alcanzó la cifra más alta desde que se tienen registros, con 21.39 cada 100.000 habitantes. El aumento se observó en forma constante en los hombres, que llegó a una tasa de 36.38 y un incremento en las edades de 25 a 29, de 35 a 39 y de 85 a 89 años. En general, son 23 casos cada 100.000 habitantes.
O lo que es lo mismo: una de las más altas de la región.
Si bien los técnicos tienen claro que influyen factores tales como trastornos mentales o consumo problemático de sustancias, es alta la incidencia de factores personales, sociales y sicológicos que contribuyen a tomar la decisión en forma impulsiva de quitarse la vida en momentos de crisis.
En la sociedad es notoria la baja tolerancia a las frustraciones, así como las escasas defensas para confrontar situaciones de alta sensibilidad. La comprensión de cada contexto personal y familiar es importante para visibilizar la conducta suicida, porque no todos pueden enfrentar un estrés crónico y anímico. Es así que, al no encontrar una salida, se pone fin a la vida. Aunque después se explique que la persona no quiso morir, sino que se volvió imposible soportar lo que llevaba dentro o lo que le devolvía su entorno.
El lema mundial creado para los últimos tres años (2021-2023) por la Organización Mundial de la Salud es “Crear esperanza a través de la acción”. Pero la acción comunitaria no puede llevarse a cabo si está plagada de mitos.
Las consigna propone cuatro intervenciones. La primera es velar por la limitación del acceso a los medios de suicidio. La segunda es interactuar y capacitar a los medios de comunicación para informar de forma responsable sobre el tema. El tercer punto propone el desarrollo de aptitudes socioemocionales para la vida en adolescentes. Y, finalmente, el cuarto demanda la actuación a tiempo, evaluar, gestionar y hacer seguimiento de cualquier persona con conductas suicidas. Para todos los puntos antes mencionados se requiere capacitación, porque los entornos cercanos pueden resultar agentes útiles al momento de prestar ayuda ante una conducta o pensamiento suicida.
Pero es evidente que, al menos en Uruguay, queda mucho por hacer. Porque desde hace unos treinta años que el país maneja el término de “cifras récord” de suicido. Es que cada “cifra” que crece es una vida menos. Es alguien cada vez más joven y en muchos casos, el proveedor de la familia en plena vida productiva. En la última Rendición de Cuentas de este gobierno que ingresó al Parlamento para su consideración, se pretenden reforzar recursos para la salud mental. Sin embargo, hay una grieta profunda que ya dejó su marca y fue la estadística del año anterior.
En 2022, 818 personas se quitaron la vida y de esta forma, se ratifica la tendencia al alza, según datos del Ministerio de Salud Pública. A fines del año pasado, la cartera instrumentó un método digital para monitorear en tiempo real los intentos de autoeliminación. Y el dato fue clave. Entre noviembre del año pasado y enero de 2023 se registraron 1.020 intentos de suicidio. En Uruguay no hay información sistematizada que analice de forma global la salud mental de la población. Este aspecto quedó de relevancia con la pandemia mediante y puso a prueba los sistemas capacitados y aceitados para trabajar sobre virus y bacterias que pueden observarse a través de los análisis. Pero uno de los “virus sociales” más importante que tiene el país ha sido infravalorado a lo largo de las generaciones.
La COVID-19 presionó a mantener distancia, a “quedarse en casa”, a limitar la socialización y, en definitiva, a ejercer conductas que no eran habituales. Cuando la pandemia empezó su retirada, no fue difícil suponer lo que se encontraría al descorrer el velo.
Y mientras la preocupación permanece focalizada en las enfermedades transmisibles, es importante conocer otros datos. Los trastornos mentales corresponden a uno de cada tres casos de enfermedades no transmisibles y, a su vez, están vinculados a casi todos los años perdidos por discapacidad en el país.
La depresión es el 7,6% y la ansiedad el 5,2% de los casos. Le sigue la carga por suicidio y autoagresión con 2,6% de años de vida ajustados por discapacidad, en tanto la esquizofrenia y los trastornos bipolares no alcanzan al 2%. Los cambios culturales de aquí en más serán la diferencia entre vivir o morir. Ni las construcciones machistas ni las estructuras feministas le hacen un favor a la estadística, sino que la empeoran. La cultura autoimpuesta de que los hombres no pueden hablar de sus problemas ni mostrar debilidad se observa claramente en los números que crecen.
Pero nadie puede solo y la valentía se pone de manifiesto al momento de pedir ayuda. Las estrategias de salud y los mensajes para llegar a las personas deben modernizarse.
Hay que comprender que si los jóvenes se suicidan, es porque algo le está pasando ahora mismo al mundo adulto que no escucha porque “no tiene tiempo”. O porque prejuzga.
Desde 2018 en Uruguay está disponible la “Línea Vida”, por el 0800 0767 o *0767, con atención telefónica de carácter nacional. Ofrece contención e información disponible a las personas que necesitan ayuda o a sus entornos.