En 2019, es decir durante el último año del gobierno anterior, el Ministerio de Desarrollo Social presentó un relevamiento de personas en situación de calle en Montevideo. A fines de mayo de aquel año, la secretaría de Estado aseguraba que en 2016 había 1.600 personas en dicha situación y tres años después, registraba 2.038. Eran unas 400 más durante ese lapso solo en la capital del país, de acuerdo a las cifras oficiales presentadas por la entonces subsecretaria del Mides, Ana Olivera, y el director de Evaluación, Juan Pablo Labat.
De ese total, 1.043 estaban a la intemperie y 995 acudían a refugios. Esa estadística señalaba que nueve de cada diez eran hombres de menos de 40 años de edad. Aquella gran mayoría –el 83%– consumía sustancias y el 59% lo hacía todos los días. Siete de cada diez personas que pernoctaban en la calle hace cuatro años, estuvieron presos y estimaban que en una década habían pasado por situación de calle más de 20.000 personas.
El último censo presentado por las actuales autoridades revela que en Montevideo hay 2.755 personas en esta condición y son 541 más que el año pasado. Más de 1.300 van a los refugios y otro tanto similar, queda a la intemperie. En relación al 2021, se observa un aumento del 48% de quienes prefieren quedarse en la calle.
Este complejo escenario enfrentó a las autoridades de este gobierno con las anteriores y la discusión perdió su faceta analítica para pasar al desencuentro ideológico.
Es probable que la problemática de la situación de calle adquiera una gran visibilidad durante las frías noches de invierno. Es durante ese tiempo donde aparecen las mayores publicaciones en las redes sociales de quienes reclaman al Estado por aquellos que duermen en los espacios públicos. Sin embargo, hay quienes atraviesan por esta circunstancia en toda época y, en ocasiones, el calor del verano no alcanza a desvelar la cronicidad existente.
Y la respuesta de cada uno, en estos casos, será variada. Al menos en Paysandú, los picos máximos de personas en situación de calle que asistieron al refugio del Mides fueron 63. Sin embargo, hay muchos más que no aceptan tal invitación. Según el Mides, el 25% de las personas en situación de calle rechaza esta propuesta y ahora se intentará bajar el índice de respuestas negativas.
En julio de 2011 se promulgó, durante la gestión de José Mujica, la ley 18.787: “Las personas de cualquier edad, que se encuentren en situación de intemperie completa, con riesgo de graves enfermedades o incluso con riesgo de muerte, podrán ser llevadas a refugios u otros lugares donde puedan ser adecuadamente asistidas, aun sin que presten su consentimiento, siempre que un médico acredite por escrito la existencia de alguno de los riesgos indicados en la presente disposición y sin que ello implique la privación correccional de su libertad”.
Si una persona no presenta riesgos, entonces puede quedarse en la calle y firmar una constancia, donde reconoce que fue visitado por el Mides pero no accedió a concurrir a un refugio.
No obstante, es claro que el consumo problemático de sustancias es un riesgo latente, sumado a las bajas temperaturas. Tal como ocurrió en Cerro Largo, donde una persona murió en situación de calle, luego de varias negativas. Incluso el Mides contaba con registros de seguimiento de este caso en particular, porque se movilizaba por casi todo el territorio nacional.
Es que, en líneas generales, el perfil de la persona en situación de calle hoy no es oriundo del departamento donde se encuentre. Así como se trata de situaciones que llevan años desvinculados de su familia debido a ese consumo problemático. Y hay que repetir muchas veces que el problema de fondo es el consumo problemático y su vinculación con hechos delictivos –como robos o rapiñas– para poder consumir. Por eso, han estado institucionalizados. Tanto en el INR como en el INAU.
Es decir, la cronicidad de la que se habla es tal que la problemática seguirá en aumento. Porque quienes ahora son críticos con las estadísticas, en los períodos anteriores no fueron tan implacables con las causas que provocan ahora –al igual que antes– la situación de calle.
En el año 2018 la exdirectora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, Fabiana Goyeneche, aseguraba que “la gente hace la falsa ecuación de: ‘si hay más gente en la calle, aumentó la pobreza’”. Porque las cifras del gobierno anterior mostraban lo contrario, a pesar del aumento de la personas en situación de calle.
La jerarca de la intendencia capitalina aclaraba entonces que no se puede “criminalizar” a esta población porque “tienen derecho” a la “habitabilidad en las calles”. Mostraba, de esta forma, una de las “contradicciones” en la interna del Frente Amplio sobre la existencia de una Ley de Faltas. Un asunto que expuso el actual director del Programa de Personas en Calle, Gabriel Cunha.
No obstante, su aplicación ha sido bastante moderada. Lo cierto es que no se crearon mecanismos auxiliares de políticas sociales que planteen por dónde ir al momento de tratar una de las principales problemáticas. Porque aquellas autoridades, tanto como estas, saben que hoy es muy difícil entrar al núcleo duro del problema. La drogadicción, a pesar de los tecnicismos utilizados por los distintos expertos que no han querido herir susceptibilidades, es un asunto de difícil enfoque y disuasión. Porque ya pasó mucho tiempo. Y el consumo está arraigado en las distintas poblaciones, en tanto transversaliza a cualquier clase social sin distinción alguna.
El Estado debe ejercer garantías para todos sus ciudadanos. Incluso a aquellos que quieren disfrutar de los espacios públicos y no desean ser abordados por quienes se encuentran bajo estas circunstancias u ocupan sus zaguanes.
La “habitabilidad en las calles” ha crecido en forma exponencial en la última década y a pesar de ser “multicausal” como cualquier otro fenómeno social, el abordaje de la salud mental ha sido prácticamente nulo.
Tampoco lo frenaron aquellos que durante años presentaron registros de descenso de la pobreza, tuvieron mejores presupuestos en el Legislativo y contaban con mayorías parlamentarias para su ejecución.
Ergo, esta situación actual es la suma de todas aquellas realidades que supieron justificar. → Leer más
La comisión de Descentralización, Integración y Desarrollo de la Junta Departamental de Paysandú, recorre los municipios y Juntas Locales. La semana anterior, los ediles se reunieron con los integrantes de los concejos de Porvenir, Piedras Coloradas y Guichón, con el fin de efectuar un seguimiento de las respuestas a los planteos de los pobladores de las diversas localidades.
Dos hermanos de 19 y 20 años resultaron lesionados al sufrir un siniestro de tránsito ocurrido próximo a las 5.30 de la víspera en las inmediaciones de Avenida de las Américas y bulevar Artigas.
Un hombre de unos 49 años permanece detenido en la Comisaría Tercera a disposición de Fiscalía tras haber sido detenido como responsable de la muerte de un reciclador de 58 años, vecino, luego de una pelea entre ambos por una deuda de 50 pesos. En base a los datos extraoficiales recabados por EL TELEGRAFO, el hecho –del cual Jefatura aún no informó– ocurrió el pasado viernes en inmediaciones de avenida Naciones Unidas y Grito de Asencio.
A pesar de que en el encuentro del domingo Bella Vista se impuso por 1 a 0 ante Litoral, se confirmó que el fallo del tribunal de penas sobre el partido Estudiantil-Bella Vista no sería favorable a los papales, por lo que ya nadie puede alcanzar a Litoral en la cima del primer torneo del año. El decano, que perdió ayer su invicto, tiene la posibilidad de estirar su ventaja en la tabla acumulada el próximo miércoles cuando enfrente a Wanderers, en el que será el último partido del Apertura. 
