Cuando semanas atrás la Suprema Corte de Justicia (SCJ) falló de forma unánime a favor de Ancap en el reclamo que la empresa estatal hizo por la inconstitucionalidad de la Tasa de Inflamables por la circulación de combustibles que le cobra la Intendencia de Montevideo (IM), la visión que hemos tenido los ciudadanos del Interior –por lo menos los que pretenden evaluar las cosas desde el punto de vista del sentido común y la legalidad, y no de las afinidades políticas-ideológicas– es que se estaba ante un real acto de justicia, habida cuenta de que la Intendencia capitalina había parasitado durante muchos años a los ciudadanos del norte del Santa Lucía al imponer una “tasa” (impuesto en realidad) que pagamos todos los uruguayos.
Sin embargo, en un nuevo acto de soberbia y en este caso de desconocimiento del ordenamiento institucional, hace pocos días se supo que la intendencia que encabeza Carolina Cosse tiene la intención de aplicar igualmente un impuesto equivalente mediante decreto departamental y seguir haciéndose de unos doce millones de dólares al año cargados a cuenta de Ancap, y por ende a la de todos los uruguayos a través del precio de los combustibles.
El fallo de la SCJ expresaba que “acógese la demanda de inconstitucionalidad promovida por la vía de acción y, en su mérito, declárase inconstitucional y, por ende, inaplicable a la actora la norma cuestionada, con los efectos temporales desde la configuración de la lesión jurídica”.
El directorio de Ancap había encomendado a Ducsa (distribuidora de combustibles y lubricantes de Ancap) que iniciara acciones de inconstitucionalidad porque desde la empresa estatal se considera que la IM cobra un impuesto, cuando desde la comuna departamental sostenían que se trata de una tasa.
Los representantes legales de Ancap señalaron en su alegato que “el tributo creado por la norma cuestionada es un impuesto y no una tasa”, ya que “no se verifican, en el caso, respecto del tributo creado, las notas características o esenciales de las tasas”.
“El requisito de la prestación efectiva del servicio surge textualmente del art. 297 núm. 5º, el cual permite a los gobiernos departamentales cobrar tasas, tarifas y precios por utilización, aprovechamiento o beneficios obtenidos por servicios prestados por el gobierno departamental. Es imprescindible que el servicio se preste efectivamente, no alcanza con que aquel pueda ser prestado en algún momento o que no se preste realmente en los términos en los que fue creado”, argumentaron los representantes de Ancap.
Lo que ha anunciado la Intendencia capitalina desde el punto de vista práctico es un cambio de etiqueta de la “tasa” (impuesto) para supuestamente hacerlo digerible desde el punto de vista legal o por lo menos dejarlo en la nebulosa para poder hacerse de este dinero, lo que es a todas luces una retorsión inadmisible. Una reafirmación del “yo hago lo que quiero”, en claro desprecio de los derechos de los ciudadanos –sobre todo de los del Interior– y del ordenamiento jurídico.
Al referirse a este proyecto de decreto, el secretario de la Presidencia de la República, Alvaro Delgado, reflexionó “qué pensarán los ciudadanos, más aún los del Interior, del impuesto a los combustibles que impulsa Carolina Cosse para financiar a la Intendencia de Montevideo. Subir los combustibles y el supergas para beneficiar su gestión habla de un estilo de gobierno de otro tiempo en el Uruguay”. Sin embargo, la titular de la comuna capitalina reflexionó por su lado que “estoy presenciando una escalada de disparates que a esta altura no puedo contestar porque rebajo la capacidad intelectual de las personas”, sin plantear ninguna argumentación válida, por supuesto, sino evitando justificar legalmente el propósito. El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, salió al cruce de la decisión tomada por la Intendencia de Montevideo (IM) vinculada a la creación de un nuevo impuesto en sustitución de la Tasa de Inflamables, sosteniendo: “Nuevo impuesto municipal al precio de los combustibles y el supergas. La decisión de la Intendencia de Montevideo de impulsar un nuevo impuesto para sustituir la tasa de inflamables declarada inconstitucional, cargará a la ciudadanía con un costo injustificable. Ahora la IM busca replantearla mediante un nuevo impuesto. Lo que desde enero y antes de ser derogado era un 0,4%, ahora subirá a 0,5%. ¿Revancha?”.
En realidad es más uno de sus característicos actos de soberbia, del “yo hago lo que me canta” por la titular de la comuna capitalina, responsable además de la “inversión” de más de 100 millones de dólares en la construcción del Antel Arena, desde la presidencia de Antel, para beneficio de Montevideo pero a costo también de los usuarios del ente del Interior, la enorme mayoría de los cuales nunca pisó ni va a pisar el ultramoderno estadio multieventos montevideano. Es más, los propios montevideanos deberían reclamarle, dejando de lado vendas político – ideológicas, el por qué presionó hasta el cansancio para obtener la aprobación de esa obra, en momentos en que estaba sobre el tapete en el gobierno de la coalición de izquierdas –como bien señaló el exministro de Economía y Finanzas Danilo Astori– priorizar la construcción de la represa de Casupá para OSE, que hubiera evitado los efectos de la sequía en el abastecimiento de agua potable que todavía se vive en la zona metropolitana. O por ejemplo, podría haber mejorado las conexiones del Plan Ceibal –al menos en las capitales departamentales– para que ahora ediles del Frente Amplio no tengan que salir a reclamar por la falta de conectividad en el barrio San Félix, como lo están haciendo en la Junta Departamental de Paysandú. Paganini acota sobre el proyecto de decreto señalando el “afán recaudador sin sensibilidad social. Increíblemente la IM da a entender que con la tasa se financia el programa Montevideo más verde, lo cual es imposible de verificar.
Los ingresos entraban a Rentas Generales, el programa ‘Más verde’ es mucho más reciente que la tasa derogada. No existe relación. Asimismo, como las plantas de La Teja y La Tablada están en Montevideo, y el nuevo impuesto se carga a todo el combustible que se mueve desde y hacia ellas, recauda para Montevideo sobre movimientos que –en una importante proporción– se destinan al Interior”. En suma, una voltereta injustificable para que el Interior y el país todo continúe financiando la ineficiencia de la comuna capitalina y la campaña permanente de su intendenta con aspiraciones presidenciales.
En el absurdo de permitirse la continuidad de este impuesto con nombre y apellido sería un pésimo antecedente a nivel nacional, puesto que las demás intendencias estarían habilitadas para inventar cada una su propia excusa para generar impuestos “nacionales”; por ejemplo en Paysandú un impuesto específico al Portland, o al alcohol que se mezcla con las naftas. Menos justificable aún en el caso de la comuna capitalina es que se plantea este impuesto que le significaría al fin de cuentas recaudar menos que lo que gasta en la financiación de TV Ciudad, cuya única razón de existir es ser vehículo de propaganda del Frente Amplio. El colmo del delirio, pero que da una clara pauta de como viene la mano cuando la ideología se lleva por delante a todo lo demás.
