Mes: octubre 2023

A casi dos meses de la fecha límite, la Unión Europea debe alcanzar un acuerdo acerca de la reforma de las reglas fiscales. Si hacia mediados de año, julio, parecía una labor muy difícil de alcanzar, se van sumando tantos pendientes de complejas y contradictorias metas, que parece aún más irrealizable. Sin embargo, la perentoriedad de los plazos hace milagros pues muchas veces, o casi siempre, es mejor un mal acuerdo que un vacío de decisiones.
Próximo a cumplirse los plazos, se suman nuevas situaciones, en realidad, se arrastran viejas cuestiones irresueltas que de nuevo se precipitan. A las reglas fiscales, se agrega la revisión del Presupuesto de la Unión. Y el menú se hace más amplio, y los pendientes más vastos.

Una parte, solo una parte, importante pero parcial, es una consecuencia de las medidas adoptadas para enfrentar los mayores costos de la pandemia de la COVID-19. Y esos sobrecostos hoy son una mochila muy pesada que deben empezar a pagar, pero antes falta quitarla del presupuesto como beneficio y de positivo pasarla a negativo, es decir, de ingreso a egreso, y comenzar a pagar esos fondos o por lo menos sumarlos al stock de deuda.

Por ello, sí, es cierto, hay una condición de inmediatez pues sin la reforma de la gobernanza económica, así de profundo, van asociados otros condicionamientos, de validación de instancias de representación. Por ejemplo, superar el complejo escollo de una negociación a nivel de la Eurocámara. También de las reglas del Pacto de Estabilidad que regresarán con firmeza en 2024, una vez que queden atrás las denominadas “cláusulas de escape”. Éste fue el instrumento que desde la explosión de la pandemia de la COVID-19 permitió que los países de la Unión enfrentaran los costos reales de sostener los planes sanitarios y sociales. A partir de allí, gastaron, se endeudaron y engordaron sus déficits sin ningún tipo de restricción presupuestal. Pero ahora es el día después. Llegó el día en el que deben hacerse cargo.

Sin embargo, mientras haya cuerda para elastizar, hay plazos para correr, y hay resoluciones para dejar en la carpeta de pendientes.
Pero lo que es real, es que los mercados de capitales, las instituciones financieras e incluso el propio Banco Central Europeo, con Christine Lagarde a la cabeza, han advertido sobre la necesidad de adoptar decisiones. Incluso este viernes 27, en Bruselas, en la propia sesión de la Cumbre del Euro con la presencia de jefes de Estado y de Gobierno, se insistió en reforzar la idea de que adoptar decisiones en esa línea es una prioridad absoluta, impostergable.

Mal humor, mucho mal humor…

Si bien parece un asunto claro, argumentado con palabras directas, no se han constatado avances. Uno de los puntos en los que no se logra avanzar, tiene que ver con la formulación simple y clara de las metas, de modo de dejar el compromiso de resultado expresado de manera inequívoca y contundente.
Por allí viene la molestia o fastidio de Alemania con cómo la española Nadia Calviño ha gestionado el asunto. En efecto, la vicepresidenta primera del gobierno español y ministra de Asuntos Económicos en funciones, Nadia Calviño, prefiere que en la definición de los resultados comprometidos haya “claras y contundentes” referencias o definiciones numéricas de cumplimiento obligatorios para todos y cada uno de los países. Calviño entiende que expresado de esa forma se gana en claridad, profundidad y contundencia. Así, “que todos tengan que reducir su déficit y deuda en una cantidad concreta por definir si superan el límite del 3%, pero también que tengan que hacer esfuerzos estructurales anuales si están por debajo, para evitar vivir al límite”.
Pero no hay acuerdo acerca de cómo encaminar y cerrar estas negociaciones. La Comisión Europea ha reclamado dos ampliaciones de aportes: uno por 66.000 millones adicionales para enfrentar los costos financieros de la Unión, derivados de las subas de tipos del BCE y los efectos de la inflación; dos, otros 33.000 millones en préstamos garantizados por el Presupuesto para sostener la ayuda financiera a Ucrania. En esta revisión de mitad de período (2021-2027), concluyen que una pandemia, después una guerra y finalmente una crisis energética, lo han trastocado todo, y que faltan recursos.

Un documento oficial de la presidencia española asume que los presupuestos nacionales están al límite y que los estados miembros “solicitan una revisión más específica” para “financiar con redistribuciones de partidas del presupuesto ya existente de la UE, reasignando fondos y recortando programas específicos”. Aún así, la Comisión advierte recorrer ese camino “implicaría un recorte general de los programas de más de un 30%”.
Mientras dura este impasse, hay voces que tratan de conducir el debate hacia algo positivo. Alemania, nada menos, a través de su canciller Olaf Scholz, ha hecho saber su “convicción de que las posibilidades que ofrece la repriorización de los programas de gasto del presupuesto europeo aún no se han agotado”. En esta línea, Dinamarca ha sugerido un reordenamiento de recursos por 16 mil millones de euros.
También Suecia ha señalado opciones: recortando los programas de gasto existentes de la UE en apenas un 4% de media se podrían conseguir hasta 25.000 millones de euros, suficiente para cubrir la totalidad o casi del coste del aumento de los intereses de la deuda, que cifra entre 17.000 y 27.000 millones. La mayor parte impactaría en el financiamiento de la cooperación exterior.
Otros países, como Bélgica, Finlandia y también Austria, tienen la convicción de que su aporte ya es significativo y por tanto también validan la idea de la reasignación de partidas.

Conclusión

Así las cosas, los números fríos, vaciándolos de perspectivas, es decir, recortando gastos de programas considerados no vitales, con lo que los números de las planillas Excel, dan.
Habría una cierta disposición a que, si fuera necesario aumentar impuestos para gastos de defensa, ello se lograría toda vez que serían los únicos nuevos fondos pues las reasignaciones habrían sido suficientes para cerrar esas demandas.
“La única cuestión que apremia es la de Ucrania”, confiesan en Bruselas. Pero esta afirmación es el resumen de las debilidades y falta de proyección de la UE, y también de su participación en la alianza estratégico militar de la OTAN.
Hoy por hoy, a partir del estallido de este nuevo capítulo de la tragedia de Medio Oriente, desnuda y deja en evidencia la profundidad de las inconsistencias pendientes de resolución en una UE jaqueada por las contradicciones internas y la falta de objetivos estratégicos que le devuelvan a Europa su sentido histórico y trascendente.

La semana pasada, en una instancia organizada por diferentes entidades alemanas (Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana, la Fundación Konrad Adenauer, el Ministerio Federal para Asuntos Económicos y Acción Climática de Alemania y la Embajada de Alemania en Uruguay), denominada Foro Económico AHK 2023, el ministro de Industria, energía y minería, Omar Paganini, habló sobre el rol de nuestro país en el camino hacia la descarbonización de la economía.
En concreto, afirmó que el país “puede ser un piloto de cómo descarbonizar una economía”, pero sobre todo aseguró que “Uruguay quiere estar en primera fila” para aprovechar las oportunidades en este campo, y transformarlas en desarrollo. Por supuesto que no casualidad que haya elegido estas palabras y en este ámbito. Europa, y Alemania en especial, están levantando en estos momentos la bandera de la transformación energética como un elemento clave para combatir el cambio climático y se han mostrado interesados en lo que nuestro país está haciendo en la materia, buscando posicionarse en esa primera fila en el desarrollo de alternativas a una economía apoyada en los combustibles fósiles.
Paganini valoró como “estratégico” el acuerdo firmado este año entre Uruguay y Alemania, con la cooperación en materia energética y la economía verde, la descarbonización, como objetivo compartido. En este acuerdo está prevista, por ejemplo, la creación de un comité para “generar capacidades, contenido e intercambio de experiencias”, en el que se discutirá sobre temas como el hidrógeno verde y los nuevos combustibles. Ya hay experiencias en marcha en este proceso, como instancias de capacitación y las visitas realizadas a plantas chilenas.
Paganini no dudó, al ser consultado respecto a cómo podría apoyar Alemania este proceso en Uruguay. “La respuesta es inversiones”, dijo. Y esto no debe ser sorpresa para nadie, porque tampoco es la primera vez que el país consigue dar un salto de calidad gracias a posicionarse como un espacio de ensayo para avances que luego se demostrarían efectivos para desplegarlos en otros estados. Es que Uruguay en ese sentido presenta ventajas, por ejemplo, en la confiabilidad en el manejo de los datos, que hace que cualquier evaluación a la que sea sometida una experiencia será efectiva y no se verá distorsionada en función de intereses domésticos.
Esto en gran medida es fruto de la estabilidad institucional que ha logrado el país. Claro, no podemos obviar que la nuestra es una economía pequeña, pero esto también puede ser visto como una ventaja a la hora de evaluar impactos. Es decir, hay argumentos con los que pelear por captar inversiones que nos permitan ponernos en esa primera fila y hacerlo ahora, cuando los números todavía (y hay que insistir en el todavía) no justifican por sí solos esta transformación energética, que avanza a fuerza de la convicción moral de que es necesaria por el bien de todos.
En la página del Banco Interamericano de Desarrollo se ha publicado un trabajo que se titula “Transporte 2050: el camino hacia la descarbonización y la resiliencia climática en América Latina y el Caribe”, que es una monografía realizada por Agustina Calatayud, María Eugenia Rivas, Jessica Camacho, Carlos Beltrán, Mariano Ansaldo y Eduardo Café. Esta publicación —sumamente completa en el abordaje de la temática y cuya lectura es muy recomendable, por cierto— incluye una serie de conclusiones diagnósticas sobre la realidad de la región, entre las cuales la primera refiere a la relevancia del transporte en la reducción de las emisiones que impulsan el cambio climático.
Por ejemplo señala que, mientras a nivel mundial el transporte es el segundo mayor contribuyente de CO2, por detrás de la generación de electricidad y calefacción, con el 25% de las emisiones, en la región es el primero, con una incidencia del 40% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI). En el caso de Uruguay la incidencia es aún mayor, trepa hasta el 64%. El segundo sector en incidencia es el de las Industrias manufactureras y la construcción, que sumadas llegan al 13%; luego se ubican el sector residencial, con 6% y la producción de electricidad y calor con apenas un 3%.
También hace notar el informe en este diagnóstico sobre la región que “la expansión de las ciudades sin una adecuada dotación de transporte público, la baja calidad de este transporte, las asimetrías en la asignación del espacio vial, los altos niveles de congestión vial, la obsolescencia del parque vehicular y la baja penetración de la electromovilidad repercuten en la menor eficiencia energética del transporte, emitiendo mayores volúmenes de CO2 por pasajero y derivando en que el transporte sea el principal emisor a nivel urbano”.
Está claro, de sobra sabemos, que en un país con las dimensiones del nuestro y especialmente por la reducida cantidad de habitantes, por mejor que haga las cosas, aun logrando —como está planteada— la neutralidad de emisiones en el 2050, no tendrá un impacto significativo en la situación global. Sin embargo puede tener, como ha tenido en tantos otros asuntos anteriormente, el valor de demostrar que es posible hacerlo.