En media hora previa de la última sesión de la Junta Departamental de Paysandú la edila nacionalista Patricia Vásquez Varela fustigó el manejo que efectuó el gobierno del Frente Amplio del tema Pluna, que derivó en un juicio de resultado adverso para Uruguay.
Sostuvo la edila que “es un fallo multimillonario en dólares, de 860 millones de dólares, debido a la demanda en 2019 de la empresa panameña Larah, por el cierre de la empresa Pluna, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi)”.
Consideró que “la Latin American Regional Aviation Holdings, socia mayoritaria de Pluna en el momento de cierre de la misma en 2012, durante el gobierno del Frente Amplio, basa su denuncia en el incumplimiento del tratado de protección de inversiones entre Uruguay y Panamá, firmado en 1998”.
“El tribunal cuestiona el remate de los aviones de Pluna al competidor de la empresa, Juan Carlos López Mena, facilitando el aval bancario para que la empresa fantasma Cosmo participe de la subasta como el único postor (¿se acuerdan del caballero de la derecha?) y por lo cual el exministro de Economía, Fernando Lorenzo y el expresidente del Banco República, Fernando Calloia, fueron declarados culpables por la Justicia por un delito de abuso de funciones”, recordó.
Precisó que “mi precandidato nacional, Álvaro Delgado, ha manifestado que en la sentencia del Ciadi ‘se habla de violación de normas y convenios internacionales, de subastas mentirosas, de negligencia y de mala fe’, que tras la labor de la defensa, contratada por el gobierno uruguayo actual a partir de marzo 2021 (estudio de abogados Foley Hoag de EE.UU.), se consiguió bajar ‘al máximo la reclamación de Larah, logrando que el tribunal del Ciadi disminuya la condena a sólo un 6% de lo reclamado, que es mucho dinero igualmente (80 millones de dólares representados por 30 millones más intereses acumulados desde el cierre), y que deberá pagar este gobierno de coalición y que repercutirá en Juan Pueblo”.
Consideró la representante oficialista que “los precandidatos de la izquierda han reconocido que es una muy mala noticia con matices que han tratado de maquillar, como nos tienen acostumbrados con la mentira repetida, que el desastre de Pluna ‘empezó mucho antes de los gobiernos del FA’, manifestando directamente que Pluna ya estaba muerta y que los gobiernos anteriores al FA agravaron su situación para tratar de salvar a la empresa con la asociación con Varig’, o criticando la procedencia de las sentencias internacionales, aunque nunca se quejaron de la de las tabacaleras que dieron el Ok al Uruguay, en tiempos del FA”.
“Recordemos, para entender este tema, que el FA quiere entreverar para quitarse responsabilidad de las consecuencias de la quiebra del 5 de julio de 2012, en la que las denuncias de corrupción llevaron a la renuncia del ministro de Economía Fernando Lorenzo. Pluna, fundada en 1936, estaba privatizada desde 1995 por la empresa brasileña Varig, compañía de navegación aérea pujante, líder en América y que estaba viviendo su etapa de consolidación como una gran aerolínea cuando compró el 49% de las acciones de Pluna”, señaló.
“Manifiesto entonces mi total rechazo a las similitudes que desde la fuerza de izquierda se quieren instalar en el relato, entre la liquidez del momento de la negociación con Varig y la insolvencia de la compañía Leadgate, negociada con el FA. En 2011 la semiestatal Pluna reasume su condición empresarial luego que Varig deja de gestionarla. El Estado uruguayo entrega el control al grupo Leadgate gerenciado por Matías Campiani y sus socios, Hirsch y Álvarez, que compran el 75% de las acciones, pero en 2012 anuncian sorpresivamente que se retiran de la empresa, dejando una deuda de 301,5 millones de dólares. Resumiendo: muy buena elección de los socios por parte del gobierno del FA, que en un año se van dejando un pasivo millonario en dólares…”, subrayó.
Precisó que “la justicia inicia las investigaciones de las causas de la quiebra de Pluna en 2012, e imputa a Campiani, Hirsch y Álvarez como responsables de Leadgate, y al ministro de Economía Fernando Lorenzo y al presidente del Banco República Fernando Calloia por delito de abuso de funciones en su calidad de representantes del Estado”.
“Eligieron mal al socio, contrataron al abogado del socio privado, salieron de garantía de los aviones, le dieron el aval al posible comprador y no asumen su error… y lo peor es todo lo que vino después. Y ahora se quieren sacar responsabilidades mintiendo a la población con comparaciones inexistentes”, destacó finalmente Patricia Vásquez Varela.
