El precandidato a la presidencia por el Partido Nacional y exsecretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, recordó que el gobierno de Luis Lacalle Pou enfrentó “cinco crisis en cuatro años” y enumeró a la pandemia de COVID-19, la guerra entre Rusia y Ucrania, la sequía, el déficit hídrico y la diferencia cambiaria con Argentina.
Sin embargo, hubo muchas más de cinco y fueron hacia la interna del gobierno –por un lado– y dentro de su propio partido u otros que integran la coalición del gobierno.
Por ejemplo, Ernesto Talvi duró solo cuatro meses en el Ministerio de Relaciones Exteriores mientras Uruguay tenía la presidencia temporaria del Mercosur y una aprobación del 65% como integrante del Poder Ejecutivo. “La política no es lo mío”, dijo. Y se fue, renunciando además a su banca en el Senado y al subsidio correspondiente.
Asumió el entonces embajador uruguayo en España, el nacionalista Francisco Bustillo y el Partido Colorado perdió influencia en el gobierno de coalición.
Unos meses después cesó a Pablo Bartol al frente del Ministerio de Desarrollo Social y con esa decisión, Lacalle Pou sacrificó uno de los primeros nombres divulgados para ocupar su gabinete, luego de ganar las presidenciales. Conocía la obra de la Fundación Los Pinos que dirigía Bartol en Casavalle desde que era diputado. Pero luego de un año en el gobierno, resolvió darle una impronta “más política” y designó al entonces legislador Martín Lema. Allí, por cuestiones familiares, tuvo que renunciar el subsecretario del Mides Armando Castaingdebat, suegro del actual ministro.
Con la creación del Ministerio de Ambiente en la Ley de Urgente Consideración, se designó a Adrián Peña, integrante del Partido Colorado, quien renunció más de dos años después por la polémica de su título de licenciado en Administración y Dirección de Empresas.
El coloradismo sufriría sucesivas nuevas bajas, con la renuncia del ministro de Turismo Germán Cardoso por supuestas irregularidades en compras directas de publicidad, a raíz de denuncias presentadas por el –también colorado– exdirector nacional de Turismo, Martín Pérez Banchero. A su vez, cesado en el cargo por Cardoso.
Una vez finalizada la contingencia sanitaria por la COVID-19, renunció el ministro de Salud Daniel Salinas –perteneciente a Cabildo Abierto– y, de esta forma, también abandonó el gabinete un secretario de Estado con fuerte aprobación ciudadana. El médico neurólogo argumentó un “desgaste”, pero su salida coincidió con la menguada votación en la Organización Panamericana de la Salud, en momentos en que el gobierno resolvía modificar la normativa que regulaba las cajillas de cigarrillos.
Uno de los escándalos mayores sobrevino con el pedido directo de renuncia a la ministra de Vivienda, Irene Moreira, en medio de asignaciones directas de viviendas que continúa bajo investigación. Tal decisión modificó el relacionamiento del líder de Cabildo Abierto y esposo de la exministra y actual senadora, Guido Manini Ríos.
La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, dimitió en medio de una polémica política que trajo sucesivas renuncias en integrantes del gabinete por la entrega de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset. Porque a raíz de esta decisión renunciaron el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y el subsecretario de la cartera, Guillermo Maciel. Este último, exasesor en temas de seguridad del Partido Colorado, se había unido a a Lacalle Pou, pero se vio envuelto en un escándalo que trascendió fronteras. A todo esto, Ache renunció al sector Ciudadanos y hoy se plantea la posibilidad de postularse como precandidata colorada.
Heber, quien ocupaba el cargo de ministro de Transporte y Obras Públicas, debió ocuparse de la cartera de Interior ante el fallecimietno de Jorge Larrañaga. Y José Luis Falero, quien era subdirector de la Oficina de Plnaeamiento y Presupuesto, pasó a Transporte.
Hoy, la cúpula de Interior está conformada por dos nacionalistas como Nicolás Martinelli, exasesor directo del presidente y Pablo Abdala, expresidente del INAU que días antes había renunciado al cargo para dedicarse a la campaña.
Es muy difícil de elucubrar lo que hubiera ocurrido con el tema de la seguridad ciudadana si el exlíder de Alianza Nacional hubiera finalizado su mandato. Lo cierto es que el ala wilsonista del Interior del país también perdió a un fuerte referente que –sin dudas– hoy disputaría la precandidatura en la interna nacionalista con fuertes chances de ganarla.
En medio de estos cambios ministeriales ocurrió el denominado Caso Alejandro Astesiano, vinculado al jefe de la custodia presidencial con una red de falsificación de pasaportes para ciudadanos rusos que finalizó con el relevo de la cúpula de la Policía Nacional y la prisión para quien fuera personal de confianza de la familia del presidente.
Seguidamente, a raíz de denuncias y con una gran exposición mediática, marchó a prisión el senador del Partido Nacional, Gustavo Penadés, luego de resultar imputado por múltiples delitos sexuales contra menores. El escándalo involucró a quien fue un importante “armador” en la interna blanca y hacia la oposición. Si bien el tema tuvo amplia repercusión a nivel nacional, una encuesta de Factum divulgada en mayo del año pasado y en medio de este caso judicial, confirmó que más del 50% de los uruguayos no conocía a Penadés. Al tiempo que el 70% desconocía el origen de la denuncia de al menos siete personas.
O las designaciones de cargos de confianza en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, que obligó a la dimisión de su presidente, Carlos Albisu, un dirigente de Aire Fresco que apoya a Delgado y ahora va por la Intendencia de Salto.
Resumiendo: mucho más que cinco crisis. Porque las crisis globales no dependen de un país no influyente en el contexto internacional. Y las crisis climáticas ocurrirán cada vez con mayor frecuencia, por lo que deberán insturmentarse políticas de Estado que transversalicen a los gobiernos.
Mientras tanto, el tiempo pasa y queda un año de gobierno. En el Poder Legislativo, la vicepresidenta Beatriz Argimón tiene la orden de “zurcir” y durante este mes se reunirá con los coordinadores de las bancadas para alcanzar acuerdos pendientes en temas sobre los que no hay demasiado tiempo para discutir.
Por ejemplo, el financiamietno de los partidos políticos, que desde hace algunas administraciones se deja para lo último. Es una normativa que incluye la bancarización obligatoria de los aportes mayores a 7.000 Unidades Indexadas y topes para los aportes de los candidatos a su campaña.
La carrera electoral recién comienza y el desafío para el gobierno es recuperar terreno en las encuestas con algunos temas que se instalaron en la opinión pública, como la recolección de firmas para habilitar un plebiscito sobre la vigente reforma de la seguridad social.
