Sr. Director del Diario El Telégrafo:
En la edición del pasado domingo 10 de marzo, el Diario que Ud. dirige publicó un artículo editorial titulado “Movimiento Uruguay Soberano: hasta la irresponsabilidad tiene que tener un límite”, en el que se incluyen comentarios inexactos sobre el proyecto de reforma constitucional Uruguay Soberano, que los suscriptos promovemos, así como sobre nuestras personas en tanto promotores del mismo.
El artículo en cuestión parece dar por sentado que la aprobación de dicha reforma constitucional implicaría algo así como la expulsión del País de las inversiones extranjeras que han celebrado contratos de inversión con el Estado uruguayo. Tal afirmación es completamente errónea.
Como uruguayos, somos muy respetuosos del orden constitucional y legal de la República, que permite y debe estimular la inversión, tanto nacional como extranjera. Pero, naturalmente, eso no significa que automáticamente cualquier proyecto de inversión, celebrado en cualquier condición, sea conveniente para el País y para sus habitantes.
Precisamente, lo que señalamos es que, para ser válidas, las inversiones extranjeras deben adecuarse a las normas que regulan la vida de la sociedad uruguaya, normas creadas para garantizar el debido cuidado de nuestra economía, de nuestros recursos naturales y del bienestar de nuestros habitantes.
En concreto, lo que objetamos es que ciertas mega inversiones extranjeras se han beneficiado y se benefician mediante “contratos de inversión”, celebrados con sucesivos gobiernos, que se apartan de todas las normas constitucionales y legales que regulan la inversión y el trabajo nacionales.
Para ser más precisos, no conocemos ninguna norma jurídica que habilite al Poder Ejecutivo a conceder a una empresa durante cincuenta años el uso prioritario y gratuito del agua de un río como el Río Negro, habida cuenta además del valor tanto vital como económico que el agua adquiere día a día mundialmente. Lo mismo puede decirse de las reservas de agua subterránea de los acuíferos, que se están concediendo gratuitamente para producir hidrógeno y metanol. Tampoco existe una norma que habilite al Poder Ejecutivo a asegurar a una empresa el uso preferencial de una vía férrea muy costosa, construida con recursos de todos los uruguayos. Lo mismo cabe decir respecto a la concesión de la explotación del Puerto de Montevideo, que significa entregar a una empresa privada extranjera la llave de la entrada y salida de productos de nuestro país.
Como es fácil advertir, prácticamente ninguna empresa nacional tiene esa clase de privilegios, lo que constituye una llamativa inequidad que privilegia a inversores extranjeros.
De hecho, la misma idea de que un inversor celebre un contrato con el Estado para hacer su inversión es un hecho llamativo. Porque se supone que un inversor es alguien que viene a adecuarse a las leyes, normas y políticas del País, no alguien que exige que el gobierno le dicte y aplique normas particulares y favorables, que no se aplican al resto de las empresas del País, por medio de un contrato exclusivo. Más aun si en ese contrato el Estado no va asociado a la inversión, sino que se limita a conceder y pagar los beneficios, las exoneraciones tributarias y las infraestructuras que el inversor requiere, sin obtener ninguna utilidad por eso.
Pero lo que realmente nos preocupa es que esta clase de contratos, con una duración prevista de veinte, cincuenta o sesenta años, son negociados y firmados por el Poder Ejecutivo, sea cual sea el partido que gobierna, en secreto y sin ninguna clase de control, ni del Parlamento, ni del Tribunal de Cuentas, ni del Poder Judicial, ni de la propia población, que no puede promover un referéndum si no hay una ley que haya aprobado el contrato.
En suma, esa es la razón por la que promovemos la reforma Uruguay Soberano. Para que los grandes contratos con el Estado tengan que ser presentados al Parlamento antes de firmarlos, deban ser aprobados por mayoría especial, y puedan ser sometidos a referéndum si el 10% de los habitantes del País consideran que lesionan sus derechos o intereses.
La reforma no impone esas condiciones a cualquier clase de contratos, sino sólo a los que nos someten a jurisdicción extranjera, o le conceden a la empresa garantía de que no se legislará en ciertos temas, o le imponen al País obligaciones que superen en el tiempo el período de ejercicio del gobierno que lo firmó.
La razón para eso es clara. Si se va a someter el ejercicio soberano del gobierno de nuestro territorio por medio de un contrato, lo mínimo que puede exigirse es que ese contrato sea conocido y tenga el respaldo de una clara mayoría de la sociedad. Es un criterio básico y esencial de cualquier democracia.
¿Eso significa que queremos expulsar a la inversión extranjera?
No, en absoluto. Significa que queremos que los contratos futuros se aprueben en forma democrática y garantista, que las reglas sean iguales para todos, y que los mega – contratos hoy vigentes sean revisados por el Parlamento, que no tuvo oportunidad de discutirlos antes.
El sentido común indica que cualquier inversor sensato, si tiene intereses en el Uruguay, podrá optar por continuar trabajando sin un contrato particular, como lo hace la inmensa mayoría de las empresas del País, o renegociar su contrato para adecuarlo a las normas vigentes y obtener la aprobación parlamentaria.
Suponer que todos saldrán corriendo a demandarnos equivale a dar por sentado que los futuros parlamentarios impondrán condiciones irracionales o que todos los inversores son abusivos, decididos a sacar provecho de la falta de controles que los sucesivos gobiernos han usado con exceso.
Nuestra convicción es que, en un mundo complejo y conflictivo como el que vivimos, las inversiones que necesitamos son las que vengan en condiciones claras, protectoras de nuestra economía, de nuestros recursos naturales y de nuestra población. De lo contrario no son inversiones, sino abuso y depredación.
Por esa razón entendemos que el calificativo de “irresponsables” que se nos asigna es usado con ligereza y descuido, por no conocer la verdad y seriedad de lo que estamos proponiendo. José Zapicán Mattiauda Silveira, por Uruguay Soberano.