El senador Mario Bergara, precandidato presidencial del Frente Amplio, destacó a EL TELEGRAFO que no apoya ninguno de los plebiscitos que se están promoviendo para reformar la Constitución, y consideró que ninguna de la propuestas que se formulan es de resorte constitucional, porque contienen elementos que no deberían incorporarse a la Carta Magna, y sí dilucidarse por la vía legal, como corresponde.
Precisó Bergara que no comparte ninguna de estas iniciativas, como es el caso de la reforma de la seguridad social que promueve el Pit Cnt, la Ley contra la Usura que impulsa Cabildo Abierto, como así también el que procura que se aprueben los allanamientos nocturnos y “el de la participación legislativa en las asociaciones”. “Nosotros en general no compartimos ninguno de los plebiscitos, por razones diversas, pero en particular tanto si nos referimos al de la seguridad social como el de deuda, creemos que hay cosas que no van en la Constitución, en los dos casos. La Constitución hay que verla con el respeto institucional que significa el acuerdo máximo que tenemos los compatriotas para ordenar nuestra convivencia, porque ahí están los valores, los principios, los objetivos y las orientaciones generales”, precisó.
“No pueden estar en la Constitución los parámetros concretos de cada política, y por eso sentimos que la edad mínima jubilatoria, el salario mínimo, o la tasa de interés como en el caso del Cabildo Abierto, no son cosas que tienen que estar en la Constitución, y en todo caso es de resorte legal”, indicó.
“En torno a la reforma de la seguridad social, claramente todos estamos en contra de lo que fue la reforma que aprobó el gobierno, y si uno tuviera que sintetizar una razón es porque es injusta, porque toda la carga de la reforma recae sobre los hombros de los trabajadores en forma exclusiva”.
“El Frente Amplio ha definido como línea de acción para corregir la reforma de la seguridad social –primero ganar la elección, por supuesto–, un diálogo nacional, un diálogo social pero con un mapa político diferente, con el Frente Amplio en el gobierno. El 2 de marzo de 2025 llamar a un diálogo político y social, para hacer una nueva reforma por la vía legal, que es donde tenemos que hacerlo, porque no somos partidarios de la vía del plebiscito para instalar parámetros concretos en la Constitución”, explicó. “Tampoco somos partidarios de algunos contenidos de ese plebiscito, por ejemplo la eliminación de las cuentas individuales, que son las que administran las AFAP, que tienen el nombre y apellido de cada trabajador, y somos partidarios de la línea que el Frente definió respecto al diálogo social y un cambio en el marco de la ley”, observó.
“Pero el Frente, entendiendo también que hay sectores dentro de la fuerza política que entienden que el camino del plebiscito es válido, creo que hizo bien en definir la libertad de acción, porque el Frente no toma partido por el plebiscito, pero sí da libertad de acción para que los militantes que entienden que el plebiscito es una vía válida, puedan trabajar por el plebiscito”, observó.
Intereses y endeudamiento
Consideró que en lo que refiere al plebiscito promovido por Cabildo Abierto, “compartimos la preocupación por el tema del endeudamiento de familias y personas, por supuesto, y para abordar eso no se debe encarar la vía constitucional. Al respecto el Frente Amplio ya ha presentado un proyecto de ley que implica las rebajas de las tasas máximas de usura y el generar ámbitos de negociación entre deudores y acreedores, La Ley de Usura se aprobó en el gobierno del Frente Amplio; antes no había ningún límite a la tasa de interés, o sea que la Ley de Usura del Frente es en 2007 o 2008, y es el primer paso para empezar a poner restricciones a pesar de que en la Constitución dice que está prohibida la usura, eso hay que reglamentarlo por vía legal”.
“En el siguiente gobierno del Frente Amplio se volvió a modificar, bajando las tasas máximas y ahora hemos presentado un proyecto de ley que también bajó las tasas máximas de usura, como así también generar mecanismos de concurso de negociación de la misma forma en que hay una ley de bancarrota o de quiebra que generan normas concursales para que concursen los acreedores en caso de empresas sobreendeudadas y hacer un mecanismo similar para las deudas personales o familiares”.
Consideró que efectivamente hay una fuerte distorsión en la problemática si se tiene en cuenta que la inflación anual ronda el 5 por ciento y se cobran tasas que oscilan en el 100 por ciento, pero evaluó que “el mercado de crédito no es uno solo, y son franjas de mercado que tienen niveles de riesgo diferentes, porque hay trabajadores o jubilados que por diversas razones pueden acceder al crédito bancario. Que es alto igual, pero más bajo que estos valores, porque se tienen que cubrir de la morosidad, pero es una morosidad baja porque hay mecanismos de cobranza directamente”.
“Ahora, la gente que no tiene acceso al crédito bancario es la franja más riesgosa del mercado, y es la que va a las administradoras de crédito. Estas administradoras tienen tasas muy altas, entre otras cosas porque están atendiendo un mercado en el cual un peso de cada cinco que prestan, no lo cobran nunca. Tienen niveles de morosidad del 20 ciento, con lo cual las empresas en el interés tienen que absorber esa pérdida, que ya saben que van a tener, y tienen además mayor costo individual para procesar información, etcétera”, evaluó.
“Nosotros de todas maneras apuntamos a que esas tasas bajen, pero no poner una tasa en la Constitución, donde se corre el riesgo de que además sea una tasa tan baja que las administradoras digan ‘yo a esa tasa no presto’. Ese mercado desaparece, pero la gente necesita el financiamiento y va a terminar entonces en los usureros del barrio, que es dinero seguramente que procede de actividades ilegales, y el objetivo de esa gente no tanto es cobrarte, sino quedarse con tu casa u otros bienes, por lo que hay que ser muy cuidadoso en ese tema”, advirtió.
“Puede ser entonces que lo que se propone suene muy atractivo, pero el remedio puede resultar peor que la enfermedad”, subrayó.
