Comenzó el último período parlamentario antes de las elecciones y los representantes nacionales tendrán que trabajar a contrarreloj si quieren aprobar los proyectos de ley que han sido largamente debatidos en los últimos años.
Hasta el 15 de setiembre hay tiempo. Después, vendrá el período que atraerá la atención de diputados y senadores. Y si los proyectos de ley no se aprueban en los siguientes seis meses, entonces pasarán a morir en un cajón. Tal como ha ocurrido con tantas iniciativas.
A principios de octubre del año pasado, la cámara de Diputados dio media sanción a la ley de eutanasia, presentada por el diputado colorado Ope Pasquet. Salió de allí para continuar su discusión en Senadores, donde no hay consensos con la redacción actual.
El Partido Nacional marcará su posición y planteará que se afine la evaluación de la aptitud física de la persona y que la comisión revisora no actúe post mortem.
Habría acuerdo en pasarla al plenario en abril para evitar que se dilate su discusión, pero aún deben aclarar detalles dentro de la coalición porque el Frente Amplio la apoya.
Si se aprueba, Uruguay pasará a ser el segundo país de América Latina, luego de Colombia, en aprobar una ley de estas características. El Sindicato Médico del Uruguay publicó una encuesta en el año 2020, donde el 82% de los profesionales consultados se mostraba a favor del proyecto.
En el país se aplica la ley de voluntad anticipada, una iniciativa votada en el año 2013, donde el paciente resuelve no continuar con sus tratamientos ante lo irreversible del caso y evitar, así, la denominada “obstinación terapéutica”.
La prohibición de “designar personal presupuestado o contratado en el período de un año previo a la finalización” del gobierno fue presentada por el senador colorado Adrián Peña. A la comisión del Senado, donde permanece a estudio, acudieron intendentes que responden a todos los partidos políticos y hay un acuerdo unánime en la presentación de una acción de inconstitucionalidad si se aprueba finalmente el proyecto.
Los senadores se comprometieron a consultar a nuevos constitucionalistas, pero no hay una decisión adoptada.
Hay interés en darle curso a la propuesta sobre el financiamiento de los partidos políticos, luego de su aprobación en la cámara baja. El Senado creó una comisión para el seguimiento del tema que aún no tuvo su primera reunión y que deberá recibir a todas las delegaciones pertinentes afín de escuchar sus aportes.
La Ley de Medios aún se encuentra en pausa. El gobierno intentó derogarla en la Rendición de Cuentas de 2022 pero no pudo. Antes del cierre del año parlamentario, en diciembre se votó el proyecto que deroga la normativa actual para la instalación de otra. La comisión de Industria tiene el tema, pero la idea es aprobarlo sin modificaciones para que no tenga que retomar el camino a la cámara baja. De lo contrario, la siguiente cámara deberá aprobar las eventuales correcciones y demorar más una propuesta que –también– fue largamente discutida.
El Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República, se manifestó en contra del proyecto a estudio parlamentario porque “no cumple con los estándares de calidad democrática en materia de comunicación”. De acuerdo al ámbito académico, “habilita una mayor concentración y extranjerización de los medios de comunicación del país, inhabilita la participación ciudadana y no garantiza la transparencia en las decisiones sobre uso de espectro y regulación de los medios”. La UdelaR, incluso, considera que la nueva ley tiene nombre propio.
Y justo en medio del debate social sobre la reinserción de las personas con consumo problemático de sustancias, la Cámara de Diputados tiene en sus manos un hierro caliente. Hay interés en la aprobación de la internación compulsiva de adictos con previo consentimiento de la persona. Sin embargo, este proyecto de ley abre el interés ciudadano por conocer cómo se implementará y aterrizará en los territorios una vez aprobada.
Están pendientes los cambios en las comisiones binacionales, luego de las polémicas designaciones en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y ya asistieron autoridades del gobierno a la comisión de Asuntos Internacionales.
Falta consenso e interés en la aprobación de una ley de paridad en el Parlamento, luego de la propuesta de la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. Hace años que se discute el tema, se retoma en tiempos electorales pero no se resuelve. El proyecto intenta captar la atención de un electorado, pero falta la amplitud de los acuerdos políticos. Incluso dentro del Partido Nacional.
Las negociaciones fueron complejas para la media sanción en la cámara de representantes de la ley sobre el financiamiento de los partidos políticos.
La regulación de la publicidad gratuita para los partidos políticos durante la campaña electoral fue discutida y pasó al Senado. La iniciativa aumentó de 15 minutos a 20 minutos por hora en horario central de los canales y 10 de esos minutos no tendrán costo para los distintos lemas.
La discusión se profundizó en la redacción del texto que “faculta” al Estado a “compensar” a los canales por los minutos que no venderán en tanto no especifica la cifra. El criterio para el cálculo está definido por el precio promedio pagado por concepto de publicidad de los organismos públicos, con un año de anterioridad a la campaña electoral.
Pero el Poder Ejecutivo es el que define dicha compensación, porque si eso no ocurriese, el texto aclara que la cesión gratuita será inaplicable.
Andebu planteó severos perjuicios económicos y la posibilidad de enviar trabajadores al seguro de desempleo, si no ocurría tal compensación. De hecho, la cotización de la publicidad electoral estará en el centro de un áspero debate, porque la oposición reclama que ha sido históricamente perjudicada en comparación a los partidos tradicionales y que denunciará si comprueba diferencias de precios en las empresas.
Estas son algunas de las prioridades establecidas por la coalición para los restantes seis meses. Un tiempo donde se verán muchas caras suplentes porque el primer tiempo –el 30 de junio– está orientado a reforzar estructuras y armar aparatos. El siguiente, en octubre, es para reforzar la presencia parlamentaria. Todo lo que ocurra antes será, por lo menos, una interrogante.
