El año pasado, el gobierno dio su aval para que dos millones de dólares de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financiaran la llegada al país de la oenegé internacional Cure Violence. La delegación propone un plan de combate al delito que fue creado hace más de veinte años en Chicago por un médido epidemiólogo.
El doctor Gary Slutkin, nacido en Chicago pero con amplia labor científica en África y Asia por la Organización Mundial de la Salud, considera que la violencia es una infección en la sociedad y debe tratarse de la misma forma que encara la cura de los pacientes.
En Uruguay, es notoria la violencia en los crímenes y las autoridades lo analizan desde el punto de vista de la normalización de este flagelo en la sociedad. En este mes de abril, comenzará a trabajar el organismo internacional a través de organizaciones de la sociedad civil ya seleccionadas para atacar la violencia en los barrios donde se encuentra instalada.
El documental Los Interruptores explica el sistema utilizado. Estos “interruptores” de violencia son personas que atravesaron por el mismo entorno de violencia, crueldad y cárcel, entrenados ahora para combatir la misma “enfermedad” que padecieron.
La película cuenta la vida de algunos referentes que forman parte del movimiento y su pasado familiar o personal ligado a la delincuencia. Y expone la venganza como un componente indispensable para la expansión de una mayor crueldad en los crímenes.
En Uruguay, la oenegé presentó un estudio de prefactibilidad donde señala la existencia de “organizaciones con arraigo comunitario” y la “capacidad para ayudar a identificar a individuos que cumplan con el perfil de potenciales interruptores”. El trabajo en el barrio le permitirá establecer una red de contactos para alertar sobre conflictos y recibir pedidos de ayuda de familiares o los propios involucrados.
Algunos fiscales de homicidios ven con buenos ojos la contratación de Cure Violence. Sin embargo, este plan no cuenta con el apoyo de la totalidad de los integrantes de la coalición de gobierno. Cabildo Abierto estuvo en desacuerdo de contratar a la organización internacional y un documento elevado al Ministerio del Interior rechazó que las “realidades y contextos” de otros países sean “totalmente extrapolables” al “presente delictivo” de Uruguay. Cabildo Abierto se negó, además, a “cargar” en su “conciencia la consecuencia fatal o invalidante para uno o más ciudadanos interruptores de violencia”.
El diputado del Partido Colorado y exfiscal Gustavo Zubía criticó el mecanismo porque no apunta a los homicidios y lo comparó al uso de “una aspirina” para “enfermedades gravísimas”.
Los hechos ocurridos en los últimos días demuestran el nivel de violencia social y familiar. Cómo es posible explicar que un adolescente de 15 años apuñalara más de veinte veces a su padre y otras tantas a su hermano en el barrio Plácido Ellauri de Montevideo, por la imposibilidad del manejo de su ira. O el perfil de los asesinatos, llevados a cabo sin mediar palabra, a sangre fría y por varios disparos. Incluso es posible recordar el asesinato del guardia de seguridad de un tiro en la nuca y el incendio de la garita donde se encontraba trabajando.
O la rapiña sufrida por dos mujeres en San José de Mayo, que fueron golpeadas brutalmente con palos y padecen hoy graves fracturas en el rostro y lesiones de tal magnitud que ameritan intervenciones quirúrgicas. O el preso que desde Santiago Vázquez imponía órdenes en el barrio Manga y resolvía asesinatos por deudas de droga, así como torturas o amputaciones. Es la actitud ante la violencia que crece en los hechos delictivos, pero también en el comportamiento cotidiano al momento de resolver situaciones de conflicto.
Es la naturalización de hechos que llegan a un límite y lo superan. Y cuando los expertos afirman que es, además, el resultado de la falta de políticas preventivas, no es posible comprender a cuáles se refieren. Ni tampoco cuando referentes de la escena política en campaña electoral, adjudican responsabilidades a un Estado ausente o en retirada. Porque, en realidad, la gran mayoría de los partidos con representación parlamentaria accedieron a los sucesivos gobiernos y aún se habla de un problema acuciante para la sociedad con crecientes niveles de crueldad. Por lo tanto, tampoco es el fracaso de un gobierno en particular.
Es decir, no hay una respuesta posible a las razones del aumento de violencia. Lo único real en este contexto de interrogantes es que la cuarentena –como si fuese una enfermedad– o encarcelamiento de los delincuentes, tampoco ha quitado el problema de las calles.
Porque Uruguay ocupa el lugar número 12 en el ranking mundial de población carcelaria –sin guerras ni dictadura–, donde cuatro de cada 1.000 personas está en prisión. Es una de las tasas más altas de América Latina y se ha triplicado en las últimas décadas. Crece a un ritmo anual del 10 por ciento y el sistema carcelario muestra niveles de colapso, hacinamiento y violencia interna.
Entonces, tampoco ha logrado la efictividad que reclama la población. Y hoy, la seguridad ciudadana es un botín político-electoral enmarcado en una discusión ideológica.
Todos los gobiernos, sin importar el color, legislaron en favor de un aumento de las penas y de la prisionización, en función de las demandas ciudadanas. El incremento del castigo ha sido la estrategia de seguridad, pero el delito y la percepción de la inseguridad encabezan la lista de preocupaciones, según las encuestas.
Y otro factor fundamental es la salud mental y las adicciones de quienes cometen rapiñas. Particularmente de aquellos que no tienen una alta trayectoria delictiva. ¿Cuál ha sido el plan para este grupo en particular que conforma un porcentaje importante?
Da la impresión que no hay un respuesta rápida. A pesar de la pirotecnica verbal en tiempos de campaña, el aumento de la violencia ha sido gradual. Por lo tanto, alguien en algún momento y desde su lugar, miró para el costado.
