A medida que se acerca la fecha de la convocatoria a las urnas con miras a definir las elecciones internas, en que los partidos políticos eligen a sus convencionales para participar en las elecciones nacionales y departamentales que se avecinan este año y el siguiente, ya estamos ante una campaña electoral incipiente que se irá intensificando con el paso de los días y semanas.
La comparecencia en las urnas tendrá lugar el 30 de junio venidero, en el marco de las alternativas contempladas en la reforma constitucional de 1996, que introdujo modificaciones sustanciales al esquema electoral uruguayo, uno de los cuales refiere a que cada partido puede presentar solo un candidato presidencial –lo que se dilucida en las elecciones internas– y la incorporación de la segunda vuelta o balotaje, en el caso de que ninguno de los partidos políticos alcance el cincuenta por ciento más uno de los votos en la elecciones nacionales.
Sin embargo, la representación parlamentaria se define en esa primera vuelta, lo que indica que para el balotaje se presenta un menú muy acotado y con un Parlamento definido, por lo que la ciudadanía debe optar entre las dos candidaturas mayoritarias, aunque con el componente fundamental de que previamente al balotaje los partidos que participan tienen la posibilidad de formular acuerdos electorales para conformar mayorías parlamentarias en aras de la gobernabilidad de quien resulte electo.
Hasta mediados de 1990, los dos partidos históricos, Partido Colorado y Partido Nacional, dominaron la escena electoral en el Uruguay, pero más adelante la elección nacional se decidió entre tres tercios casi iguales, –el último tercio era la coalición de izquierdas Frente Amplio, integrado, entre otros, por partidos tan diferentes entre sí como el Partido Comunista y el Partido Demócrata Cristiano– y este factor fue fundamental para que se venciera la última resistencia que quedaba en pie para posibilitar la incorporación de una segunda vuelta por reforma constitucional, tal como rige en la mayoría de las democracias en el mundo.
De eso se trata precisamente el balotaje, de que el ciudadano tenga una segunda oportunidad para decidir a quién quiere o a quien no quiere en la presidencia, lo que no solo es absolutamente legítimo, sino también deseable y justo, porque se sale del corsé establecido por la norma para poder votar libremente en la segunda vuelta.
En suma, pese a que algunos grupos interesados han pretendido desmentirlo, de lo que se trata es de canalizar en libertad las opciones de las respectivas familias ideológicas, con colorados y blancos más cerca entre sí que de la coalición de izquierdas, a la vez que naturalmente hay un determinado porcentaje de ciudadanos que no se sienten identificados con ninguna de estas “familias” y que son al fin de cuentas quienes definen las elecciones al volcarse por una u otra opción.
Igualmente, ante la perspectiva del balotaje, no son pocos los ciudadanos que ya en la primera convocatoria de la elección nacional hacen un “prebalotaje”, es decir apuntan a votar a quienes entienden será el partido mayoritario sin esperar a hacerlo en el balotaje, y consecuentemente todo indica que hay un trasiego previo de votos de un partido hacia otro en el marco de estas familias ideológicas, porque precisamente hay similitud de ideas, visiones y programas que abonan esta tesitura.
Pero la reforma constitucional de 1996, también incluyó las elecciones departamentales, con un aspecto clave, que fue el diferirlas en el tiempo respecto a las nacionales, y por lo tanto limitar el escenario al ámbito departamental, sacándole del factor de arrastre de la elección nacional que regía hasta entonces, en que el voto simultáneo obligaba a votar el mismo partido en lo nacional y en lo departamental o eventualmente, hacerlo solo por uno u otro.
Pero además hay un aspecto que no se ha modificado, y es que el partido ganador se lleva automáticamente la mayoría de ediles de la Junta Departamental, lo que permite gobernar en solitario, aunque ciertamente hay determinados temas en que se necesitan mayorías especiales en las que hay que negociar con la oposición.
Sin embargo, hay una realidad que no puede soslayarse, y es que también en el ámbito departamental hay familias ideológicas, visiones afines entre partidos o diametralmente opuestas, que inciden en la preferencia de los ciudadanos a la hora de votar.
Ocurre que a los constitucionalistas de 1996 no se les ocurrió incorporar el balotaje en la elección departamental, tal vez porque no hay que negociar mayorías que son automáticas, pero dejaron de lado el hecho de que al no haber balotaje, puede resultar ganador un intendente que a su vez genere rechazo o no esté en sintonía con la mayor parte del electorado departamental. Una visión capitalina que no tuvo en cuenta este hecho, y ello ha arrojado que por ejemplo, en Salto, en más de una oportunidad ganara la elección el Frente Amplio, constituido en el tercio mayor y por lo tanto legítimo ganador, aunque no contara con el apoyo de los electores que votaron a nacionalistas y colorados, es decir la mayor parte del electorado.
Los partidos tradicionales salteños parece que han aprendido la lección, o por lo menos así lo señalan de cara a la próxima instancia electoral, según “Montevideo Portal”. En el vecino departamento, las elecciones pasadas las ganó Andrés Lima, al ser el candidato mayoritario del Frente Amplio, fuerza política que obtuvo el 40,5% de los votos en el departamento. El Partido Nacional, con Carlos Albisu a la cabeza de la interna, quedó segundo con 35,1%. El tercer puesto, con 19,5% fue para el Partido Colorado y la candidatura del exintendente Germán Coutinho.
“Por lo tanto, en el caso de Salto, el acuerdo a nivel de la coalición parece ser clave para asegurar el gobierno departamental, o al menos así lo ven en las filas de la coalición, donde tanto Albisu como el exintendente Coutinho han cultivado un alto perfil político en el departamento. Para blancos y colorados, el acuerdo es casi un hecho en Salto. Así lo definieron en diálogo con Montevideo Portal tanto Marcelo Malaquina, cabeza de la Lista 1 del Partido Colorado y aspirante a la candidatura a la Intendencia, como el senador colorado Germán Coutinho, líder de Vamos Salto. A su postura se suma la de Pablo Iturralde, presidente del Directorio del Partido Nacional, quien señaló que ‘lo de Salto, es un hecho’ y que lo más seguro es que el lema Coalición Republicana compita en ese departamento con un candidato de cada partido, uno blanco, uno colorado y uno cabildante”.
Sin embargo, no está todo claro en otros departamentos donde también la elección es competitiva, y donde sería fundamental que se concretara una coalición “republicana” para aumentar chances electorales, para lo que se necesita sin embargo acuerdos previos de cara a las elecciones internas, para “mechar” listas con representantes de más de un partido, para hacerlo dentro de un mismo lema.
Este es sin dudas el mayor escollo, porque implica hacer “desaparecer” en los papeles a un partido en el ámbito departamental, en aras de un acuerdo programático, tal como se hizo entre el Partido Nacional y Cabildo Abierto en Paysandú.
Este es el dilema que presentan las elecciones departamentales en Uruguay, con una normativa electoral imperfecta, y que en los departamentos “complicados” necesitaría un complejo ajedrez electoral, producto de acuerdos interpartidarios, para hacer que el gobierno departamental realmente represente el sentir mayoritario de la ciudadanía, tal como lo amerita a nivel nacional el balotaje.
