Recientemente dábamos cuenta a través de las páginas de EL TELEGRAFO sobre la detección de nuevos intentos de estafa vinculados a redes sociales o llamados telefónicos, en el sentido de que en una de las modalidades los estafadores envían un mensaje a muchos usuarios, con la pretensión de que algunos de ellos les proporcionen datos personales, para acceder a sus cuentas bancarias o poder operar a distintos niveles, sobre todo tomando créditos en diversas instituciones, y cargar así el pago a sus víctimas.
En otros tiempos este tipo de engañifas se hacía por otras vías, apoyándose siempre en la credulidad o desconocimiento de los afectados, pero en este y otros casos el común denominador es un desconocimiento de gran parte de la población, sobre todo de personas mayores, de la forma de operar a través de herramientas informáticas y así son sorprendidos a diario en su buena fe por delincuentes a los que ni siquiera les conocen la cara, ni hace falta, porque operan a distancia y se valen de sus conocimientos para apropiarse de lo ajeno.
Es que a esta altura del milenio, el avance de las tecnologías de la información (TIC) es parte de una globalización a la que no escapa ninguna de las áreas de actividad, y en este contexto la informática, la digitalización, la incorporación de estas tecnologías en el funcionamiento cotidiano de la sociedad, aún en aspectos elementales, hacen que la educación digital resulte pieza fundamental para un uso adecuado de los instrumentos que se nos brindan y que en muchas áreas son excluyentes.
A medida que se avanza en la difusión masiva de los instrumentos, nos encontramos con que el impacto en la sociedad, sobre todo en lo que tiene que ver con el manejo de los recursos, se presenta en general con una repercusión generacional que es marcadamente diferencial, con notorio desfasaje en el caso de personas de la tercera edad, sobre todo, para insertarse en el nuevo esquema no solo en lo que refiere para el mejor uso cotidiano, sino también para estar al tanto de las “trampas” que se plantean por los ciberdelincuentes para aprovecharse de la confianza y la falta de conocimientos de numerosos usuarios.
Por lo tanto, es fundamental que se reduzca la denominada brecha digital para que las personas que no estén al tanto del funcionamiento de las herramientas informáticas, no resulten víctimas fáciles de estas estafas, que han dejado el tendal de afectados, como se da justamente con personas usuarias de instituciones bancarias –fundamentalmente del Banco de la República– que han sido despojadas de sus depósitos o tienen que pagar créditos que no han solicitado, pero que sin embargo deben hacerse cargo porque tienen documentación digital que indica que son los responsables de la solicitud y que han recibido el dinero del préstamo correspondiente.
En nuestra edición del miércoles 10, dábamos cuenta precisamente que el grupo de damnificados por estafa cuando al hacer uso de la página web del BROU le fue sustraído dinero de sus cuentas tanto en dólares como en pesos, o fue usada su identidad para obtener préstamos no deseados que deben pagar sin haber recibido el dinero del préstamo, tendrán este mes la primera audiencia ante la Justicia Letrada, en la que participarán miembros del directorio de la entidad bancaria estatal.
El grupo de afectados corresponde a clientes de esta institución, pero debe tenerse presente que este aspecto no es un elemento excluyente e indiscutible en sí respecto a responsabilidades absolutas, por cuanto se trata también de una institución que trabaja con más clientes que todo el resto de las instituciones bancarias juntas, por lo que no pueden compararse linealmente cifras con otras entidades.
Citamos el caso de una de las víctimas, entre cientos de damnificados, tratándose de una sanducera que fue víctima de una estafa informática, mientras operaba online en su cuenta e-BROU, en mayo de 2022, cuando se le sustrajeron mediante transferencia bancaria 420.000 pesos, los que no ha podido recuperar hasta ahora.
Cuando denunció el hecho ante la institución bancaria oficial, la entidad deslindó responsabilidades, indicando que se trata claramente de una maniobra de pishing, es decir una técnica de engaño que utilizan los piratas informáticos para sustraer datos personales y bancarios a través de una página web falsa. Si bien eso es cierto, la responsabilidad que se le atribuye a la institución bancaria es no contar con una doble verificación por parte del usuario por métodos más seguros, como código de seguridad a través de SMS al celular o sistema de token electrónico, que sí han implementado otros bancos.
Una situación similar vive alrededor de un centenar de personas de este grupo, entre otros que también han sido damnificados y a la vez con el correr del tiempo se han venido agregando otras personas a las demandas patrocinadas por un profesional reclamando reparación desde el BROU, hasta ahora sin resultados.
La realidad indica que esto es solo el principio, si tenemos en cuenta que la creciente digitalización de nuestra sociedad ha venido acompañada del aumento de la ciberdelincuencia, en forma muy significativa, y los delitos digitales cada vez suponen una proporción mayor en relación con los ataques a personas y organizaciones.
Las tendencias al alza no son tan solo de carácter cuantitativo, sino que también se pueden observar cambios cualitativos en relación con la sofisticación de los ataques, especialmente en el ámbito de la ciberdelincuencia económica. Como consecuencia, la ciberseguridad se ha convertido en un sector imprescindible y necesario.
Por definición, se trata de delitos que se cometen mediante las TIC, ya sea contra individuos, empresas como contra gobiernos. Así pues, los ciberdelitos son una acción antijurídica que está contemplada por el derecho penal en cada país, y a la vez es común imaginar que estos delitos son ejecutados por individuos aislados. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, cada vez existen más grupos organizados que se dedican a la ciberdelincuencia, en tanto la globalización digital hace que los entornos digitales dificulten el rastreo de las identidades de los delincuentes.
A su vez, Internet permite que los delitos puedan efectuarse desde cualquier lugar. Como consecuencia, resulta difícil localizar e identificar el origen del delito, así como sus perpetradores, en primer lugar porque las víctimas no se dan cuenta de que han sido atacadas hasta que ya es demasiado tarde, lo que dificulta una respuesta reactiva rápida y eficaz.
En nuestro país, la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU), lanzó este año una campaña para abordar el desafío apremiante del mundo digital que significa la ciberdelincuencia, por lo que ante la creciente amenaza de estafas en línea y robos de identidad, las instituciones financieras uruguayas se unieron para promover la ciberseguridad como una responsabilidad compartida entre usuarios y bancos.
La tarea, concebida como una colaboración estratégica entre los bancos líderes del país, tiene como objetivo concientizar a la población sobre la importancia de adoptar prácticas seguras en línea y estar alerta ante posibles amenazas cibernéticas. El plan se basa en mensajes claros y directos, destinados a educar a los usuarios sobre las mejores prácticas en línea.
El punto es que más allá de la educación y la concientización, así como la prudencia personal en el manejo de datos, se requiere una legislación sólida y actualizada que aborde específicamente el ciberdelito en Uruguay, sobre lo que incluso existe una iniciativa en tratamiento en el Parlamento, pero cuya dilucidación sigue en espera.
Es un tema que no debe demorarse, a la vez que en el interín –y en forma paralela– tanto entidades financieras como usuarios deben actuar con responsabilidad en la protección de las herramientas digitales que se ofrecen en el mercado, además de masificar, extender y perseverar en la educación sobre el manejo de las herramientas digitales, sobre todo de celulares, tabletas y PC, por organismos del Estado, y de entidades privadas, como las asociaciones de pasivos, entre otros aportes en esta problemática.
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