Año: 2024

La bancada de parlamentarios frenteamplistas se reunirá el 20 de enero para definir sus prioridades legislativas y abordar también la relación que mantendrá el partido político con el nuevo gobierno a partir del 1º de marzo. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, habló sobre la elaboración de un plan hacia 2030 y más allá, con el objetivo de consolidar lo que denominó un “ciclo progresista”.
Sin embargo, en febrero asumirá el nuevo Parlamento, y el gobierno electo no contará con mayoría en la Cámara de Diputados. Mientras que el principal dirigente de la fuerza política pone énfasis en la necesidad de dialogar con más de 2.000 organizaciones “con las que se habló para construir el programa”, el nuevo gobierno tendrá que enfrentar un país con escaso crecimiento económico y graves problemas de seguridad.
El actual período parlamentario finalizó el 15 de setiembre debido al año electoral, y desde entonces funciona una comisión permanente, que no tiene potestad para aprobar proyectos que quedaron pendientes. Ante alguna urgencia, es posible levantar el receso, pero hasta el momento resulta improbable debido a la etapa de transición en el gobierno.
En este contexto, han quedado en suspenso largos y polémicos debates sobre algunas iniciativas que no se volverán a discutir, dada la falta de interés en la mayoría consolidada por el nuevo gobierno. Tal es el caso del proyecto de prisión domiciliaria para mayores de 65 años, presentado por Cabildo Abierto.
Ante el riesgo de que esta propuesta beneficiara a los militares detenidos por delitos de lesa humanidad, el Partido Nacional propuso excluir de su alcance a este grupo, así como a los responsables de crímenes sexuales y homicidios con agravantes. El proyecto fue aprobado en el Senado hace un año, pero se estancó en la Cámara de Representantes.
El Frente Amplio expresó reparos hacia esta iniciativa, aunque el expresidente José Mujica coincidió con Julio María Sanguinetti en este punto. “Cuando estoy castigando a un anciano, estoy castigando también a una familia probablemente anciana”, afirmó en un encuentro de cierre de cursos de Búsqueda en 2021, sentado al lado del veterano líder colorado. Allí también expresó que su visión filosófica sobre los presos mayores de 65 años era que “se vayan a morir con su familia”.
Más tarde, en mayo de 2024, con la firma del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, ingresó al Parlamento un proyecto para modificar cuatro artículos de la Ley 19.580 sobre violencia hacia las mujeres basada en género. La propuesta, que fue finalmente archivada, pretendía imponer penas mayores a quienes presentaran denuncias falsas, modificar el mecanismo de reparaciones económicas para las víctimas y habilitar la presentación de pruebas por parte de los denunciados.
Esta iniciativa generó descontento en algunos socios de la coalición de gobierno, pero especialmente hubo una discusión intensa en la interna nacionalista. Algunos legisladores pedían un trámite exprés, mientras que otros abogaban por escuchar todas las opiniones, incluidas las que se expresaron en la Comisión de Equidad, Género y Derechos Humanos del Senado. Este fue el pedido de la vicepresidenta Beatriz Argimón, que provocó malestar en la bancada nacionalista, sobre todo entre los miembros de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado.
Quedaron con media sanción proyectos como los que establecen normas de protección para los trabajadores sexuales y la regulación del trabajo realizado por plataformas digitales. En el primer caso, las organizaciones manifestaron su disconformidad con el objetivo de “tutelar” el trabajo sexual, eliminar el Registro Nacional de Trabajo Sexual (y, por ende, el carné correspondiente) e instrumentar una libreta de control sanitario. En cuanto a la regulación de la actividad de las plataformas digitales, el Frente Amplio presentó un informe en minoría, señalando que el proyecto aumentaría la vulnerabilidad de los trabajadores.
También con media sanción quedó el proyecto que pretendía regular la tenencia de armas de fuego y el planteo de mayores penas para los hombres que no pagaran la pensión alimenticia a sus hijos, así como la deportación de extranjeros que cometieran delitos.
Además, quedó en el limbo una iniciativa presentada por legisladores del oficialismo y la oposición un mes antes del receso parlamentario. En agosto, se propuso la regulación de los ingresos a la función pública en los gobiernos departamentales, pero fracasó debido a la falta de apoyo del Partido Nacional. El Frente Amplio evalúa reflotar esta iniciativa, así como el proyecto de eutanasia, que también tuvo media sanción en la Cámara de Diputados. Este proyecto permaneció casi dos años en la Comisión de Salud del Senado antes de ser archivado. Incluso el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado instó a sus legisladores a tratar el tema, pero nunca se discutió, a pesar de contar con los votos suficientes.
La conformación del nuevo Parlamento abre expectativas para los defensores de la iniciativa que obtuvo el acuerdo de colorados y frenteamplistas. Ambos partidos tendrán más legisladores que en el actual período, y el Frente Amplio cuenta con los votos necesarios en la cámara alta. En la Cámara de Diputados, suman sus votos al sector colorado Crece, alcanzando así las 50 voluntades.
Este escenario crea un Parlamento prácticamente dividido en dos, lo que genera interrogantes sobre cómo el nuevo gobierno llevará adelante sus planes y alcanzará acuerdos. Cabildo Abierto se ha mostrado dispuesto a dar gobernabilidad, especialmente después de la visita de su líder, Guido Manini Ríos, a Mujica, para plantear la liberación de los militares de edad avanzada detenidos por delitos cometidos durante la dictadura.
En medio de este panorama, el presidente electo, Yamandú Orsi, ya ha asegurado que buscará el apoyo del Partido Colorado para acordar temas de educación y dialogará con el diputado electo por Canelones, Álvaro Perrone, de Cabildo Abierto, para avanzar en cuestiones de seguridad.
En cuanto a los aspectos económicos, las calificadoras de riesgo no prevén grandes cambios y anticipan una continuidad en la política de desinflación, dado que Gabriel Oddone continuará al frente del Ministerio de Economía. Sin embargo, será difícil reducir el déficit fiscal, ya que el presupuesto uruguayo “está dominado por programas sociales que Orsi planea reforzar”, según una de las calificadoras. Además, durante su campaña electoral, Orsi descartó un aumento de impuestos, por lo que el clima político será incierto si decide presentar medidas para aumentar los ingresos.