Con la asunción hace pocas horas de la Presidencia de Estados Unidos por Donald Trump, en su segundo período, se abre un período de incertidumbre respecto al tenor de las decisiones del flamante mandatario en una diversidad de áreas, según se desprende de lo que propusiera en la plataforma electoral que fuera respaldada por la mayoría de los estadounidenses en el acto electoral que lo llevara nuevamente a la Casa Blanca.
Las expectativas no solo refieren a las propuestas, sino al talante de Trump respecto a su aplicación y la forma de llevarlas adelante, lo que no solo despierta recelos en muchos ámbitos de la nación norteamericana, sino también en los socios europeos y naciones de otras latitudes, como es el caso de América Latina, para en principio tratar de anticipar cómo podrían repercutir estas decisiones en el denominado patio trasero de Estados Unidos.
Ya desde el primer día se esperaba que firmara una serie de decretos apenas asumir la presidencia, que servirán como indicativo de las nuevas prioridades del gobierno federal, en áreas como inmigración y energía, pero que a la vez dará una idea de hacia dónde podría llevar sus políticas proteccionistas y aquel compromiso de “Make America great again” (hagamos a Estados Unidos grandes de nuevo), con la creación de empleos internos en base a protecciones arancelarias y a la vez ciertos delirios de expansión que aparecen visibles a partir de su planteo de comprar Groenlandia y recuperar el Canal de Panamá, entre otras perspectivas.
El equipo de Donald Trump había preparado más de 100 órdenes ejecutivas a partir del primer día en la nueva Casa Blanca, en lo que apunta a ser una campaña de choque y efecto sobre sus prioridades políticas, y por cierto que en su discurso inaugural el mandatario reafirmó lo que ya había adelantado.
Las órdenes ejecutivas o decretos presidenciales son documentos oficiales mediante los cuales el presidente gestiona las operaciones del gobierno federal, se publican en el Registro Federal y el presidente puede revocarlas en cualquier momento, sobre todo si fueron implementadas por un predecesor con el que no comparte ideología. Históricamente, las órdenes ejecutivas se han relacionado con asuntos administrativos rutinarios y las operaciones internas de las agencias federales, pero los últimos presidentes las han usado para implementar políticas y programas, y, de esa manera, hacer una promoción de sus prioridades de gobierno.
Además, el equipo Trump ha estado preparando órdenes ejecutivas sobre una amplia gama de temas, desde energía, manejo de la burocracia federal, hasta políticas de género y mandatos de vacunación.
Igualmente, las órdenes ejecutivas no pueden tener efecto más allá de lo que permita la ley que define el área, otras quedan redactadas de una manera inocua y es difícil llevarlas a la práctica sin violar las leyes, por lo que terminan siendo en la práctica una declaración de principios. Se espera que las órdenes ejecutivas que firme Trump sean similares a algunas que adoptó en su primer mandato y que cubran áreas como terminar el muro fronterizo entre Estados Unidos y México, establecer centros de detención de inmigrantes donde alojar a quienes sean detenidos en las prometidas redadas masivas o reabrir el programa “Quédate en México” para los solicitantes de asilo.
Una orden que se espera es el restablecimiento del Título 42, una medida sanitaria de emergencia que se implementó en marzo de 2020 para rechazar a los migrantes que llegaban a la frontera con el argumento de prevenir la propagación del COVID-19, y que Trump haría permanente.
Ya en la campaña y en las semanas desde que ganó las elecciones ha ido presentando algunas de las líneas clave de lo que será su nuevo mandato, en el que va a poner el foco en controlar la frontera sur con México, deportar migrantes indocumentados e imponer aranceles a las importaciones para, dice, defender a los trabajadores estadounidenses.
A su vez, en política exterior plantea alinearse claramente con Israel en Medio Oriente, desafiar el ascenso de China y acabar con la guerra de Rusia en Ucrania gracias a su “entendimiento” con Vladimir Putin.
En grandes líneas, algunas de estas definiciones ya de por sí aparecen como distorsivas y controvertidas, pero no puede decirse que hayan sorprendido a nadie, aunque tienen un gran potencial para generar turbulencias, porque ya de entrada prometió en campaña llevar a cabo la “mayor deportación de la historia”.
Incluso llegó a decir en su discurso antiinmigrantes que estos “envenenan la sangre del país” y los hizo responsables tanto de un supuesto aumento de la delincuencia como del incremento en el precio de la vivienda.
Además, afirmó que hay países como Venezuela que supuestamente están vaciando sus cárceles e instituciones para enfermos mentales y enviando a estas personas a EE. UU.
Varios expertos han alertado de que una deportación masiva de migrantes sería costosa y difícil de acometer, además de que podría tener efectos negativos sobre ciertas áreas de la economía en las que la mano de obra indocumentada juega un papel clave, es decir en los empleos de baja calidad que los propios estadounidenses no quieren desempeñar y quedan para los inmigrantes, que son la fuerza laboral barata de cosechas y otros emprendimientos en estados fronterizos con México, y que contribuyen a la competitividad de producciones primarias.
La población sin papeles representa por lo menos un 17% de los trabajadores agrícolas y 13% del sector de la construcción, según un estudio del centro Pew de 2016.
El mandatario republicano también plantea tomar otras medidas como restablecer la política que obligaba a los solicitantes de asilo a permanecer en México hasta que sus peticiones sean aprobadas y eliminar el derecho a la ciudadanía a los hijos de indocumentados nacidos en Estados Unidos.
En la energía, propuso incrementar la producción en EE. UU. –aumentando la explotación de combustibles fósiles– pues considera que su alto costo contribuyó a la inflación.
Afirmó además que logrará reducir el costo de la vivienda iniciando un programa de construcción de casas en tierras federales, así como reduciendo la demanda al deportar a los inmigrantes indocumentados, a quienes responsabiliza del aumento de los precios.
Paralelamente anunció que impondrá un sistema de aranceles de 10% a 20% a la importación de la mayor parte de los productos extranjeros. Muchos economistas han advertido, no obstante, que este tipo de medidas terminarán siendo pagadas por los consumidores estadounidenses en forma de precios más altos.
En esta política de aumento de aranceles, China ocupará un lugar central, pues luego de haber iniciado una guerra comercial durante su primer gobierno, Trump ahora contempla establecer aranceles de 60% a todos los bienes importados desde ese país.
Si Trump adopta estas medidas, la guerra comercial con China se intensificaría, lo que podría tener consecuencias no solamente para la relación bilateral, sino también para la economía global y un efecto distorsivo de imprevisibles consecuencias en el comercio mundial, entre otras áreas.
Pero queda siempre de por medio el factor de que Trump es Trump, y que es riesgoso evaluar a priori hasta donde realmente quiere o puede llevar adelante lo que ha anunciado, lo que indica que ha comenzado un período particularmente imprevisible en el ordenamiento global, por acción directa o por repercusión, y que formular pronósticos a esta altura es más bien un acto de adivinación que de especulaciones con un aceptable grado de asidero. → Leer más