El día 30 de enero hemos recibido la respuesta al pedido de acceso a la información pública de la Intendencia Departamental de Paysandú (IDP), sobre los ingresos del Dr. Fermín Farinha, y lamentablemente hemos confirmado que desde el mes de marzo del año 2022, percibe un segundo sueldo del Congreso de Intendentes, que, como se recordará, alcanza a los 79.000 pesos mensuales. Así, en la pregunta correspondiente a si Farinha percibe otros ingresos de organismos públicos además de la IDP se nos contesta que:
“No se tiene constancia que el Dr. Farinha perciba ingresos complementarios de otro organismo público salvo la Universidad de la República – Facultad de Derecho. En relación a su actividad en la Intendencia Departamental, el Dr. Farinha fue designado por Resolución Nro. 2313/2022 del 06 de octubre de 2022 para representar a la misma ante el Congreso de Intendentes (Resolución 71/2022 de la Mesa) a fin de integrar el gabinete de asesores, disponiéndose la liquidación de la compensación correspondiente, extremo que fue intervenido sin observaciones el Tribunal de Cuentas”.
De la lectura de dicha respuesta, resulta evidente que Farinha, como se dijo, percibe dicho ingreso, y que la IDP intentando sacar el lazo a un responsable político, desvía el asunto a que fue designado por la propia IDP para integrar el gabinete de asesores del Congreso de Intendentes “disponiéndose la liquidación correspondiente”.
Esto último, marca que percibe por su actuación en el Congreso y como Asesor del mismo, una remuneración económica mensual (79.000 pesos), partida que mes a mes transfiere el Congreso de Intendentes a las arcas de la IDP para que luego ella se la abone a Farinha. Se ha querido decir que es la IDP la que paga este segundo sueldo mensual a Farinha, cuando esto es falso, ya que la compensación es por una tarea que el profesional no lleva a cabo en la Intendencia ni en beneficio de la misma, sino que es una labor en favor del Congreso, que abona el Congreso, por un cargo creado por el Congreso, utilizando como pagador a la IDP, pues esos dineros provienen además del propio Congreso (no de la IDP). Se suma a ello que dentro de lo que se pedía en el acceso a la información pública era copia de los recibos de sueldo del último año de Farinha, extremo que fue negado por la IDP en base a un dictamen que estamos analizando jurídicamente en este momento, pero advertimos que si la intención de la IDP y de Farinha era dejar clara su situación, debió aportar esos recibos de sueldo tal como se pedía, y dicha negativa solo responde a la intención de ocultar la verdad.
En tal sentido, tenemos la información justamente de que en esos recibos se le abona la compensación en cuestión, razón por la cual se nos niega dicho acceso. Ahora bien, leyendo la respuesta entregada podemos confirmar sin lugar a dudas, que desde el 3 de marzo de 2022 el Dr. Fermín Farinha percibe un segundo sueldo público, extremo totalmente prohibido por la legislación nacional y que el mencionado funcionario le mintió a la población de Paysandú cuando dijo que lo que afirmábamos era falso, queda claro que acá existe un solo mentiroso y ese es Fermín Farinha. También se confirma que, percibiendo un segundo sueldo público, el mismo no fue declarado en su declaración jurada de ingresos, siendo dicha conducta reclamada por las normas penales respectivas, como lo verá la Fiscalía penal competente. Integrantes del Partido Nacional han demostrado con este tipo de actitudes, sumadas a las presupuestaciones vergonzosas de ASSE, entre otros múltiples episodios, que del Estado solo persiguen obtener un beneficio personal, y que aquello de achicar su tamaño, su peso, y de que el funcionario debe estar para la función, son simples eslóganes que se caen a pedazos cuando vemos en los hechos cuáles son las actitudes más allá de los discursos. Por último, creemos que el Partido Nacional debería reclamar responsabilidades a sus dirigentes políticos que cometen este tipo de inconductas y no esperar que sean los Magistrados de la República los que lo hagan, eso, siempre que sigan sosteniendo que “La patria es dignidad arriba y regocijo abajo”.

Dr. Federico Álvarez Petraglia

En los últimos días, la empresa japonesa de autopartes Yazaki anunció el cierre de sus dos plantas en Uruguay (localizadas en las ciudades de Las Piedras Y Colonia), así como el traslado de su producción a Paraguay y Argentina. De acuerdo con el comunicado público emitido por la empresa multinacional, “La decisión se debe a que los altos costos de producción de la operación en Uruguay, que afectan significativamente las posibilidades de la empresa de competir en mercados globales, y las constantes paradas de producción dispuestas por el sindicato, que ponen en riesgo el cumplimiento de la entrega de productos a los clientes de Yazaki”. El cierre de la empresa significa la pérdida de aproximadamente 1.200 puestos de trabajo.

El presidente electo, Yamandú Orsi, expresó que la empresa pertenece a un sector de la economía que tiene “dificultades de carácter estructural y que tenemos que ser creativos”, agregó y que “la industria tradicional la viene remando”. Orsi aseguró que el cambio de gobierno no influyó en la decisión de la empresa. “Ellos se encargaron de decirnos que no tenía nada que ver con eso”, enfatizó. Sí plantearon la conflictividad laboral, “esas cosas también influyen”, pero que la competitividad fue el punto principal. La competitividad sigue siendo un problema en Uruguay”. De esta forma Orsi reconoce que temas como los costos de producción, la baja productividad y la conflictividad laboral influyen en las decisiones de las empresas para retirarse de Uruguay.

Lamentablemente el cierre de esta empresa no será el último. Muchas han tenido que retirarse del país en los últimos años casi por los mismos motivos: altos costos, baja productividad y… conflictividad sindical. El movimiento sindical, que en varias ocasiones ha reivindicado su firme apoyo a la lucha de clases, ha logrado en este caso su silencioso e inconfesable objetivo: que las empresas cierren. Después salen a proponer algún mecanismo de autogestión que como ya sabemos los uruguayos de sobra, siempre fracasan y para muestra bastan tan sólo algunos botones: la aerolínea Alas-U, la textil Tessamerica, la empresa Envidrio, Funsa o la curtiembre UruVen entre muchas otras. Pero lo cierto es que todas esas “velas al socialismo” que fueron impulsadas por el expresidente Mujica solo sirvieron para malgastar dineros públicos sin ton ni son, priorizando proyectos que no tenía posibilidad alguna de ser viables y que además eran manejados para favorecer a los “compañeros” del Frente Amplio y de su brazo ejecutor, el Pit Cnt. Tal como lo reconoció el Directivo de Envidrio, Ronald Rojas, “teníamos 120 trabajadores en una fábrica que era para 60”, al tiempo que admitió errores de autogestión. Por todo ello no debe sorprender que, en esa mezcla de intereses, favores políticos y económicos y falta de transparencia, se produjo el procesamiento sin prisión del exdiputado del Frente Amplio Daniel Placeres, imputado por el delito de conjunción de interés público y privado, por haber beneficiado a la cooperativa Envidrio mientras era legislador. En este caso, la “vela al socialismo” dejó bastante “chamuscado” al exdiputado Placeres.
Lamentablemente los sanduceros sabemos de como las fábricas que formaban parte de nuestra identidad han ido desapareciendo o subsisten a duras penas. A fábricas cerradas como Pili o Paylana se le deben agregar AmBev (hoy transformada exclusivamente en una maltería, lo que implica una pérdida de puestos de trabajo y de incorporación de valor agregado) o Paycueros (que llegó a emplear miles de trabajadores y hoy sólo cuenta con unos pocos centenares, algunos de ellos en seguro de paro). Ninguna de esas señales le preocupa a “la casta sindical”, que sólo busca su propio provecho a través de las denominadas “horas sindicales”, las cuales les permiten cobrar su salario sin trabajar, lo que los transforma en “sindicalistas profesionales” que pueden utilizar su tiempo en ponerle tantos palos en la rueda a la empresa como sea posible.

Desde siempre el movimiento sindical (y en especial el Pit Cnt) ha combatido la idea de la productividad, ya que la perciben como una pérdida de poder dentro de la empresa y un “sometimiento” al empleador; por ese motivo el tema casi no se discute en los Consejos de Salarios a pesar de que siempre está en los puntos a tratar, pero tales intenciones nacen y mueren como un hipócrita “saludo a la bandera”. Es por ello que el responsable del cierre de Yasaki en Uruguay es el Pit Cnt y nadie puede fingir sorpresa ante esta decisión porque el presidente de esa organización sindical, Marcelo Abdala, ha sido durante años el presidente del sindicato metalúrgico, al cual pertenecen los trabajadores de Yazaki. En efecto, Abdala no puede decir que no conocía la situación de la empresa y tampoco puede hacerlo la futura Ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, compañera de Abdala en el Partido Comunista del Uruguay (PCU). Teniendo en cuenta tal ideología, es imposible que quienes predican la lucha de clases sean capaces de mantener un diálogo con las empresas. Como expresó en cierta ocasión el exprimer ministro del Reino Unido, Winston Churchill, “muchos miran al empresario como el lobo que hay que abatir, otros lo miran como la vaca que hay que ordeñar, y muy pocos lo miran como el caballo que tira del carro”.

Cada vez que en nuestro país una empresa anuncia que tiene problemas como los que señaló Yazaki, “la oligarquía sindical” la ataca diciendo que tales dificultades son mentira, que se trata tan solo de inventos para posicionarse en la negociación y que los dueños de la misma “se llevan las ganancias en pala”. En ese diálogo de sordos el tiempo pasa, la situación de la empresa se deteriora y poco a poco lo impensable sucede: inevitablemente se inicia el concurso de la empresa o bien la misma se retira del país. En todos los casos, los mayores perjudicados con los trabajadores, que perderán su puesto de trabajo pasarán a ser desempleados. Mientras tanto los dirigentes de los sindicatos no solo conservarán su empleo, sino que seguirán cobrando sin trabajar gracias a las horas sindicales, y dejarán a los empleados sin trabajo, en la calle, gritando por “derechos” que no tienen ni existen, porque la empresa se va con todas las de la ley, pagando todo lo que corresponde para que nadie pueda señalarla. Porque en este país todavía existe la propiedad privada, y aunque le rechine a más de uno en el Pit Cnt y el Frente Amplio, ellos no son dueños ni socios en las empresas; son empleados. Y gracias a que las cosas son así –al menos hasta ahora–, es que Uruguay no está en la situación de Cuba o Venezuela. Por eso cuando la futura ministra de Industria, Fernanda Cardona, manifiesta que “Me preocupa muchísimo el tema de que se pueda decir que 1.200 familias se quedan sin trabajo en pleno cierre de enero, principio de febrero y a un mes de que este gobierno entrante esté por asumir responsabilidad. El primer mensaje es este”, debería saber que las casualidades no existen, y mirar más hacia adentro de su partido buscando responsabilidades, porque este puede que no sea el primer “éxito” de la lucha sindical, que ya tiene muchos similares en su haber el la historia de este país.

En el año 1981, el escritor colombiano Gabriel García Márquez publicó su libro “Crónica de una muerte anunciada”, cuyo nombre da título a este editorial. La novela gira sobre la inevitabilidad del destino ya que todos en el pueblo sabían que su protagonista, Santiago Nasar, iba a ser asesinado. Lo mismo pasó con Yazaki y seguirá pasando en Uruguay y en nuestro departamento: las empresas seguirán cerrando o achicándose debido a los ataques de “la casta sindical”, la misma que sigue disfrutando tranquilamente de sus beneficios mientras otros quedan sin trabajo.