Preocupaciones comunes para cualquier votante
Ambos temas encabezan la lista desde el año 2008, con algunas variaciones durante la pandemia. En la última medición, Equipos Consultores señaló “una curiosidad” en este sentido. “En un país en el que las identidades partidarias marcan diferencias en la forma de ver las cosas en la mayoría de los temas, se encuentra aquí una excepción”.
Votantes del Frente Amplio y de la coalición muestran más similitudes que diferencias en su percepción de los principales problemas nacionales, cuando ya ha transcurrido poco más de un mes del nuevo gobierno. Esto se ha mantenido así durante más de tres lustros, con una señal de estabilidad que persiste tanto durante las campañas electorales como en los meses de transición entre gobiernos.
En el Congreso de Intendentes, los jefes comunales expusieron esta misma problemática de la inseguridad y el crecimiento de las personas en situación de calle al ministro del Interior, Carlos Negro, quien asistió acompañado por las autoridades policiales. El panorama es bastante similar en todo el país y converge en el reclamo de trabajar junto a la Fiscalía para evitar mayores problemas de convivencia ciudadana por la ocupación de los espacios públicos.
Tanto en departamentos alejados del área metropolitana como en la capital, las opiniones coinciden en el incremento de esta población y en el aumento del consumo problemático de sustancias. Las comunidades reclaman y los intendentes consultan sobre las acciones que se llevarán adelante durante la gestión del gobierno. El actual ministro Negro, exfiscal de homicidios, sabe bien, por su vasta experiencia, que el problema fue creciendo hasta transformarse en un cuello de botella.
Hasta el presidente Orsi dijo que el tema “explota en la cara”, pero no le gusta “ser el anunciador de los anuncios”. Por ahora, el mandatario ha reconocido la necesidad de aplicar el acelerador, agilizar la respuesta del Estado y revisar las estrategias para enfrentar el problema. Sin embargo, aún no hay anuncios, como ya lo indicó.
En Canelones, la intendenta Gabriela Garrido no esperó a que el gobierno nacional hiciera anuncios, sino que comenzó a tomar cartas en el asunto. En ese departamento, hubo episodios que encendieron las alarmas, y fue clara al expresar que “no va a tolerar” una mayor ocupación de los espacios públicos. Así fue que comenzó con una experiencia piloto en Las Piedras para desocupar los campamentos instalados al costado de la vía.
De hecho, una foto de la realidad es la excomisaría de la mujer, a pocas cuadras de la plaza de esa localidad. Un verdadero basurero, donde también se ocuparon sus antiguas oficinas e instalaron una suerte de toldería, con todo tipo de desechos. Un lugar que, por la noche, es tierra de nadie, con cobro de peaje incluido e incremento de delitos, incluso con porte de armas. Por un lado, hay un organismo que debe garantizar la seguridad, y otro que, al mismo tiempo, debe facilitar las condiciones para el uso del espacio público de los vecinos.
Mientras se espera por los anuncios, la cantidad de personas en la calle crece de manera alarmante en Montevideo y la zona metropolitana, con la instrumentación de medidas aprobadas en la gestión anterior que no han tenido un impacto significativo.
Los refugios, en líneas generales, brindan una respuesta acotada, ya que en su mayoría se limitan a ofrecer alojamiento nocturno a quienes opten por acudir a esos espacios. Hoy, la situación de calle se ha transformado en una crisis social que se multiplica y se vuelve impostergable para cualquier gobierno, ya sea nacional o municipal.
Por otro lado, el delito crece y se diversifica. En las últimas semanas, los “robos pirañas” causaron preocupación en distintos barrios capitalinos, lo que ameritó una rápida actuación policial ante una modalidad de delito “exportada”. Esta se caracteriza por la coordinación de los delincuentes, que se movilizan en motos y sin armas de fuego, e irrumpen en los comercios para sustraer mercadería de manera rápida.
Por la modalidad del delito, estos casos son investigados como robos y no rapiñas. Sin embargo, el gobierno trabaja sobre un proyecto destinado a incrementar los controles sobre la compra-venta y matriculación de vehículos, con el fin de identificar las motocicletas utilizadas en actividades delictivas. La normativa en estudio podría incluir restricciones en la comercialización de estos vehículos usados e instrumentar regulaciones más estrictas para su identificación.
Es también un problema para las intendencias, que no perciben ingresos por la regularización de los birrodados en infracción, cuyos propietarios optan por comprar vehículos nuevos. Los intendentes señalan un círculo vicioso en este sentido, e incluso deben afrontar otros gastos relacionados con el alquiler de depósitos para las motos incautadas por circular en infracción.
La intendencia de Rivera, por ejemplo, llegó a la conclusión de que el remate de unas 2.000 motos se reutilizaría en ilícitos o en la comercialización ilegal de repuestos. Por lo tanto, resolvió su destrucción y la generación de 260 toneladas de chatarra.
El crecimiento del parque automotor es sistemático en todos los departamentos, al igual que el aumento de los hechos de violencia hacia los inspectores de tránsito durante las fiscalizaciones. Es decir, se trata de un problema a dos puntas, relacionado tanto con el tránsito como con la seguridad ciudadana. Su abordaje deberá implementarse de manera conjunta entre las autoridades ministeriales y municipales.
La preocupación ciudadana es la misma, aunque cambien los gobiernos, y los abordajes deben ser comunes, por competencia e incumbencia.
Desde finales del año pasado los cursos de Ingeniería, Electrotécnica y de la Tecnicatura en Instalaciones Eléctricas del Instituto de Alta Especialización (IAE) Paysandú desarrollan un proyecto para la construcción de una estación multifunción que tendrá el propósito de concientizar acerca de las energías renovables, el cuidado del medio ambiente y la prevención de los peligros de la exposición solar. El proyecto fue destacado por el portal institucional de la Dirección general de Educación Técnico Profesional (Dgtep): www.utu.edu.uy.
