El envejecimiento poblacional, como tendencia demográfica global, obedece a diversos factores socioeconómicos y al aumento en la esperanza de vida. Sin embargo, su impacto varía según la región y sus características particulares. Mientras que en el mundo desarrollado —especialmente en Europa y Japón— se observa un notable crecimiento en la franja etaria de mayores de 60 años, en un contexto de disminución relativa de niños y jóvenes, en otras regiones este proceso avanza con menor intensidad, aunque sigue la misma dirección. Las proyecciones dependen de los parámetros socioeconómicos específicos de cada país.
Uno de los organismos que monitorea de cerca esta evolución es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), cuyo secretario ejecutivo, José Manuel Salazar-Xirinachs, advirtió recientemente que la región experimentará un marcado envejecimiento en los próximos 25 años. Esta transformación supondrá una presión inédita sobre las economías y los sistemas de cuidado. Para 2050, se duplicará la población mayor de 60 años y se triplicará la de mayores de 80.
Previo a la próxima Conferencia Regional sobre la Mujer, que se celebrará del 12 al 15 de agosto en Ciudad de México, Salazar-Xirinachs subrayó que actualmente el 15 % de la población regional —cerca de 98 millones de personas— supera los 60 años. Para 2050, este grupo representará el 25 % del total, es decir, unos 183 millones. “Una de cada cuatro personas será adulta mayor”, alertó. En cuanto a los mayores de 80 años, se estima que alcanzarán los 37 millones, una cifra comparable a la población total de Colombia. “Vamos a tener cerca de 40 millones de mayores de 80 años, esa es la población de Colombia”, remarcó.
Este cambio demográfico estructural, según el secretario ejecutivo de la Cepal, implicará que la demanda de cuidados para personas mayores superará incluso la de menores de edad en América Latina. “Estamos frente a un fenómeno que impactará directamente en el desarrollo económico y social de nuestros países”, sostuvo.
No obstante, también podrían derivarse oportunidades. Si se realizan las inversiones necesarias en infraestructuras de cuidado, este sector podría convertirse en una de las fuentes de empleo más dinámicas del futuro, generando ocupaciones de calidad. Este aspecto resulta especialmente relevante para las mujeres, quienes actualmente asumen el 75 % del trabajo de cuidado no remunerado, situación que el funcionario calificó de “injusticia”.
Salazar-Xirinachs explicó que la brecha de participación laboral entre hombres y mujeres en la región es de 22 puntos porcentuales en promedio y que, por lo general, las mujeres acceden a empleos de menor calidad. “Cerrar esa brecha significaría la incorporación de millones de mujeres al mercado laboral, lo que contribuiría al crecimiento económico, aumentando el Producto Bruto Interno (PBI) regional en varios puntos”, señaló.
Además, indicó que el fortalecimiento de los sistemas de cuidado podría integrar sectores como la salud, la educación y el trabajo social, generando empleos de calidad para enfermeras, terapeutas, educadores y otros perfiles profesionales.
En esta línea, adelantó que la Cepal mantiene conversaciones con entidades como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para crear líneas de crédito específicas destinadas a redes de cuidado, similares a las ya existentes para infraestructura tradicional. Sin embargo, reconoció que “los países de América Latina tienen niveles de deuda elevados y algunos gobiernos se muestran —con razón— reacios a incrementar su endeudamiento”. Añadió que “es posible avanzar en legislación y en políticas de cuidado de bajo costo, pero las redes de cuidado, que son esenciales, sí implican inversiones significativas”.
En definitiva, más allá del enfoque social de la problemática, lo cierto es que los sistemas de seguridad social llevan años enfrentando tensiones debido al aumento en la demanda de recursos y a la disminución relativa de aportantes, producto del menor porcentaje de población activa respecto a los beneficiarios. Este giro demográfico ejercerá una presión considerable sobre las economías y los sistemas de protección social, exigiendo ajustes en las políticas públicas y una planificación adecuada a mediano y largo plazo. Ya hoy se perciben señales de alerta a través de las urgencias del presente.
En paralelo a este escenario demográfico, la Cepal revisó a la baja su proyección de crecimiento económico para América Latina en 2025. Según sus estimaciones más recientes, la región crecerá en promedio un 2% este año, cuatro décimas menos que lo previsto en diciembre de 2024.
La región enfrenta un contexto internacional particularmente complejo y cargado de incertidumbre. Los anuncios arancelarios por parte de Estados Unidos afectan directamente las exportaciones latinoamericanas y, de manera indirecta, aumentan la volatilidad en los mercados financieros internacionales, con fluctuaciones importantes en los valores bursátiles y de bonos, lo que impacta el rendimiento de activos y las tasas de interés tanto en EE.UU. como en otros mercados globales.
La confrontación geoeconómica ha elevado el riesgo de disrupciones en las cadenas de producción globales y en los flujos del comercio internacional. Para América Latina, esto ha implicado una modificación significativa de las condiciones macroeconómicas contempladas en el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2024, publicado en diciembre pasado. Entre otras consecuencias, se anticipa una desaceleración de la demanda externa agregada, un mayor desequilibrio en las cuentas externas, aumento de la volatilidad cambiaria y acumulación precautoria de reservas internacionales.
También se prevé una desaceleración de la demanda interna. Aunque el consumo privado seguirá siendo el principal motor del crecimiento regional, su ritmo de expansión será cada vez menor.
Más allá de los desafíos coyunturales —que, por las condiciones estructurales de la economía, tienden a ser más severos en la región que en los países desarrollados—, el desajuste entre la disponibilidad de recursos y la creciente necesidad de infraestructura para atender el envejecimiento poblacional constituye un reto permanente de gran magnitud para América Latina.
En este contexto, es fundamental implementar políticas de Estado que adapten los sistemas de salud y protección social a las necesidades específicas de las personas mayores, garantizando el acceso a servicios de calidad y atención adecuada, por encima de los vaivenes de cada economía.
